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La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela retomó este martes el debate sobre el proyecto de ley de minas, que abre el sector a la inversión extranjera, en medio de un acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos, que ha expresado su interés en la minería venezolana.
Los diputados, en su amplia mayoría chavistas, retomaron el debate en el artículo 56, luego de la suspensión del pasado 26 de marzo, cuando la plenaria avanzó con la aprobación hasta el artículo 55 de los 130 que integran el proyecto.
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Es la tercera sesión que dedica el Parlamento a la segunda discusión de la norma, que según el reglamento legislativo se debe debatir artículo por artículo para su sanción definitiva como ley.
Entre los artículos aprobados hasta ahora, destaca el 36, que indica que el Estado “se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos”.
Asimismo, el artículo 37 señala que el Banco Central de Venezuela tiene el “derecho preferente” para la compra de oro obtenido por minería en el país durante los cinco primeros días después de la extracción.
Por otra parte, el artículo 13 establece que se crea la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera como ente para la “supervisión, control, inspección y fiscalización” de la minería en general, así como “ejercer la administración de los tributos y regalías, establecidos en esta Ley”, que aún no han sido discutidas.
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Este proyecto de ley fue impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la visita a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien aseguró que empresas de su país tienen deseos de operar en Venezuela.
Tras la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones.
Si el proyecto es sancionado por el Parlamento, sustituiría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, quien tenía poderes especiales otorgados por el Legislativo.
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