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Vladimir Putin y un posible caso de lavado de US$234.000 millones

Capítulo del libro “Orden de embargo”, en librerías colombianas con el sello Roca editorial, escrito por el estadounidense director del fondo de inversiones Hermitage Capital Management, considerado “enemigo público número uno” del presidente de Rusia.

Bill Browder * / Especial para El Espectador

23 de noviembre de 2022 - 10:47 a. m.
El presidente ruso, Vladimir Putin, el 22 de noviembre de 2022 en Moscú. Bill Browder lo acusa: "Estimo que averiguaríamos que la cantidad de dinero negro que se había movido desde Rusia, desde que Vladimir Putin tomó el poder, sería de un millón de millones, y posiblemente mucho más".
Foto: EFE - SERGEY GUNEEV / KREMLIN POOL/SPU
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Cuando mataron a golpes al joven abogado ruso de Bill Browder, Sergei Magnitsky, en una prisión de Moscú, Browder volvió su misión en la vida ir tras sus asesinos y asegurarse de llevarlos ante la justicia. El primer paso de su misión fue destapar quién estaba detrás de la conspiración de los $230 millones de impuestos devueltos por la que mataron a Magnitsky. Mientras Browder y su equipo rastreaban el dinero saliendo de Rusia a través del Báltico y Chipre hacia Europa Occidental y el continente americano, quedaron atónitos al descubrir que el mismo Vladimir Putin se beneficiaba del crimen. Conforme los organismos de seguridad empezaron a congelar el dinero, Putin comenzó a tomar represalias. Sus secuaces y él crearon trampas, contrataron notificadores para perseguir a Browder por varias ciudades, asesinaron a otros de sus aliados rusos y enlistaron a algunos de los principales abogados y políticos de Estados Unidos para acabar con él. Putin no se detendrá ante nada para proteger su dinero.

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Doce años antes, la tarde del 13 de septiembre de 2006 a última hora, un hombre de cuarenta y un años llamado Andréi Kozlov, presidente del Central Bank de Rusia y uno de los pocos funcionarios honrados rusos, acababa de terminar un partido de fútbol amistoso con otros reguladores en el estadio Spartak de Moscú. Cuando iba hacia su coche, que estaba en el aparcamiento, dos hombres armados se acercaron a él y a su chófer y abrieron fuego. Tanto Kozlov como su chófer fueron alcanzados múltiples veces. El conductor murió al instante, pero Kozlov, que tenía heridas en la cabeza, pecho y estómago, al principio sobrevivió. Lo llevaron a la sala de urgencias del hospital n.º 33 de Moscú, donde murió en la mesa de operaciones. Dejaba esposa y tres hijos pequeños. (Recomendamos: Newsletter de El Espectador sobre la guerra en Ucrania)

Tres meses antes, Kozlov había viajado a Tallin, capital de Estonia, para reunirse con el regulador financiero en jefe de ese país. Kozlov había identificado un importante plan de blanqueo de dinero que tenía su origen en Rusia y fluía a través del Sampo Bank, en Tallin, y quería ayuda para ponerle fin. Los estonios le escucharon pero no hicieron nada. El blanqueo de dinero continuó incólume.

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Cinco meses después del asesinato de Kozlov, el Sampo Bank fue adquirido por un banco más importante de otro país: el Danske Bank. Era la misma rama del mismo banco que acabaría blanqueando los 200 millones de dólares conectados con el caso Magnitski, así como los 8.300 millones que Eva y Michael acabarían desenmascarando en su reportaje.

No mucho después de la cumbre de Helsinki, en septiembre de 2018, el Danske Bank publicó por fin el resultado de su auditoría. Cuantificaba el volumen real de dinero negro que había fluido fuera de Rusia y la antigua Unión Soviética, a través de la filial estonia, durante un periodo de más de diez años.

¡La cantidad era de 234.000 millones de dólares! Así es. 234.000 millones. Veintiocho veces más que la cifra del Berlingske, y más de mil veces más que los doscientos millones que nosotros habíamos identificado.

Todo esto sacudió al Danske Bank hasta sus cimientos. Entre 2017, cuando Eva y Michael empezaron a informar sobre todo esto, y 2019, un año después de la auditoría, el Danske Bank perdió el 65 por ciento de su valor de mercado, su CEO, Thomas Borgen, junto con gran parte del equipo directivo de mayor rango, fue obligado a dimitir, y finalmente se abrió una investigación criminal importante en Dinamarca.

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Trágicamente, el antiguo jefe de la filial estonia del Danske Bank, Aivar Rehe, se suicidió en su hogar de Tallin mientras estaba siendo investigado. En los meses que siguieron, los periodistas de investigación sacaron a la luz a dos bancos escandinavos más implicados en el blanqueo de dinero ruso.

Ambos eran suecos. Uno era el SEB, que supuestamente había blanqueado 28.000 millones, y el otro era el Swedbank, que supuestamente estaba implicado en transacciones sospechosas por valor de 42.000 millones de dólares. Cuando todas estas noticias salieron a la luz, Vadim confirmó que 18 millones estaban conectados con los 230 millones que el caso Magnitski había movido a través del Swed-bank. Su CEO también se vio obligado a dimitir.

Aunque esa suma de 234.000 millones era enorme, era solo la cantidad de dinero que había pasado por una filial, en un solo país y en un banco europeo de tamaño mediano. Si podíamos descubrir el pastel en todos los bancos occidentales, estimo que averiguaríamos que la cantidad de dinero negro que se había movido desde Rusia, desde que Vladimir Putin tomó el poder, sería de un millón de millones, y posiblemente mucho más.

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Llevo muchos años hablando del blanqueo de dinero en Rusia. Pero que una firma legal independiente, contratada por el Danske Bank, empezara a analizar cuánto dinero estaba implicado, tuvo unos efectos muy profundos en los corpus legislativos de todo el mundo.

Lo más significativo es que se deshacía el estancamiento de Europa. Al cabo de dos meses de la publicación de la auditoría del Danske Bank, el Gobierno holandés reunió a todos los Estados miembros de la Unión Europea en La Haya para discutir una Ley Magnitski europea. Yo me había sentido muy frustrado con el primer ministro holandés Mark Rutte, el político que había bloqueado una Ley Magnitski holandesa en 2011, pero ahora finalmente él se estaba moviendo.

Una Ley Magnitski europea era un escenario de pesadilla para Putin. De todas las cosas en las que yo había estado trabajando, esta era la que más intentaba evitar él. Estoy seguro de que el Gobierno ruso presionó intensamente contra ella, pero para «reforzar» su caso, hicieron algo que yo no había visto venir.

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El 19 de noviembre, justo un día antes de la reunión europea en La Haya, la oficina del fiscal general de Rusia celebró una conferencia de prensa en Moscú. Un subalterno de Yuri Chaika ocupó el estrado frente a un gran grupo de periodistas occidentales y rusos. Detrás de él se hallaba una pantalla que relucía con proyecciones de documentos imposibles de leer.

Anunció entonces que los rusos estaban presentando nuevas querellas contra mí. Según él, yo había formado un «grupo criminal transnacional» que había asesinado a Serguéi Magnitski usando «una sustancia química que contenía compuestos de aluminio, que condujeron a un infarto agudo y a la apariencia de una muerte natural». Dijo que «mi grupo criminal» había matado a tres individuos más, entre ellos Alexander Perepilichni, usando la misma técnica.

Según su relato, ellos habían recogido «las pruebas suficientes» para condenarme por esos «crímenes gravísimos». Si me hallaban culpable, me enfrentaba a una sentencia de veinte años. Además, claro está, de los dieciocho años a los que ya estaba sentenciado in absentia. El subordinado de Chaika prometió emitir más órdenes de arresto para mí y apoderarse de cualquier activo que yo pudiera tener en Rusia.

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Habíamos dado la vuelta completa al círculo. Durante nueve años, el Gobierno ruso y Vladímir Putin personalmente habían insistido en que Serguéi murió por causas naturales, y en que no había señal alguna de otra cosa. Putin y su gobierno repitieron eso una y otra y otra vez, frente a todos los tribunales, todos los periodistas y todos los gobiernos occidentales. Ahora, a punto de tener una Ley Magnitski europea, y después de desenmascarar una de las principales tuberías de su vasta red de blanqueo de dinero, el Gobierno ruso aseguraba que Serguéi de hecho había sido asesinado, ¡y que su asesino era yo!

Cuando empezamos a investigar el fraude de los 230 millones de devolución de impuestos, no teníamos ni idea de que todo aquello conduciría a estos acontecimientos mundiales, ni a esas impensables reacciones rusas. ¿Por qué Putin no había arrojado a unos pocos de sus funcionarios de bajo estatus a los leones por matar a Serguéi? ¿Por qué sometió a juicio a un hombre muerto, por primera vez en la historia de Rusia? ¿Por qué arruinar su relación con Occidente por la Ley Magnitski? ¿Por qué hackeaba elecciones en Occidente? ¿Por qué está tan decidido a fomentar el caos?

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Ya lo sabíamos. No es que estuvieran en juego millones de dólares, ni siquiera miles de millones. Era, literalmente, más de un millón de millones lo que estaba en juego. Y Putin pensaba hacer lo que fuera necesario para proteger ese dinero. Esa cantidad de dinero también explicaba por qué habían asesinado a tanta gente. Personas como Serguéi Magnitski, Boris Nemtsov, Alexander Perepilichni y Andréi Kozlov. También explicaba por qué el Kremlin había intentado matar a Vladímir Kara-Murza y Nikolái Gorojov.

Pero, por muy despreciable que sea la conducta de Putin y su régimen, nada de todo esto había podido pasar sin la cooperación de sus aliados occidentales. Abogados como John Moscow y Mark Cymrot, asesores como Glenn Simpson, políticos como Dana Rohrabacher y ejecutivos como los del Danske Bank. Todas esas personas, y muchas más, lubrican la máquina que permite a Putin y a sus compinches salirse con la suya con sus delitos.

Tampoco habrían sido posibles todos esos delitos sin la aquiescencia de Gobiernos tímidos e poco efectivos que se nie- gan a seguir sus propias leyes y sus valores establecidos. Tomemos Gran Bretaña, por ejemplo. La cantidad más elevada de dinero asociado con el delito de los 230 millones no acabó en Nueva York, ni en España, Francia o Suiza, sino precisamente en mi ciudad adoptiva: Londres. Ese dinero se ha usado para comprar propiedades y artículos de lujo, y, a pesar de todas las pruebas que he presentado ante el sistema legal británico, el Parlamento y la prensa británica, hasta el día de hoy no se ha iniciado ningún caso de investigación de blanqueo de dinero conectado con el caso Magnitski en todo el Reino Unido.

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Mientras me han seguido ustedes a lo largo de esta historia, quizá se hayan preguntado: «Las posibilidades son muy remotas, y existen muchísimos riesgos… ¿Por qué ha hecho este hombre todas esas cosas?». Al principio las hice porque creía que se lo debía a Serguéi. Había sido asesinado porque trabajaba para mí, y yo no podía dejar que sus asesinos se salieran con la suya. Igual que con el robo de mi flauta, cuando era niño, pero a una escala infinita- mente mayor y más significativa, me sentía obligado a hacer justicia. Como demostró el robo de mi flauta, esa inclinación a la justicia forma parte de quien soy. Está en mi naturaleza. Rechazarlo me habría envenenado por dentro.

Luego, cuando las cosas se fueron desmadrando, también se convirtió en una lucha por la supervivencia. No solo para mí mismo y mi familia, sino también para mis amigos y colegas, y todas las personas que ayudaban a la causa de Serguéi en el interior de Rusia. Pero al final he hecho todas estas cosas porque es lo correcto. Para bien o para mal, llevo obsesionado con esta causa desde el momento de la muerte de Serguéi. Esa obsesión ha afectado todas las facetas de mi vida y todas mis relaciones, incluso las que tengo con mis propios hijos. Esos efectos no siempre han sido buenos.

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* Se publica con autorización de Penguin Random House Grupo Editorial, sello Roca.

Por Bill Browder * / Especial para El Espectador

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