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En los años 30 el país entró –con timidez, es cierto– en el convulsionado mundo moderno que se movía entre las dos grandes guerras europeas. España y Alemania inspiraron a los dos partidos. Laureano, Alzate Avendaño y los Leopardos se asumieron como legítimos representantes del fascismo español y del nazismo alemán; los liberales tomaron de la Constitución española de 1931 la figura de la función social de la propiedad. (Siga en vivo los sucesos del paro nacional).
Colombia no sólo miraba la estrella polar sino giraba ya alrededor de Washington. Pese a la caída del precio del café durante los años de la depresión, la economía se estabilizó, lo que sostuvo el conflicto por tierras baldías y al mismo tiempo impulsó la lenta ampliación del mercado interno. La Federación Nacional de Cafeteros manejó la exportación del grano y favoreció la mediana empresa cafetera, lo que explica en parte el triunfo de Mariano Ospina, gran negociante de café. La sustitución de importaciones floreció y con ella la agitación laboral y la sindicalización se fortalecieron. La radio transmitía las imágenes de un mundo nuevo pero desigual. Así se inició la década de los años 40. (Recomendamos: Se abren paso los diálogos del gobierno en busca de consensos políticos).
Con la caída de López, oscuras fuerzas partidistas comenzaron a fraguar la violencia que estalló durante la restauración conservadora (1946-1953). López fue sitiado por fuerzas conservadoras políticas y económicas. Los terratenientes se envalentonaron con la ampliación del período de gracia autorizada por la Ley 100 de 1944. Los empresarios golpearon los retozos intervencionistas y López debilitó su alianza con el sindicalismo. El liberalismo se volvió a dividir con las acusaciones que encabezaba Laureano de corrupción del Gobierno. Fueron los días de las denuncias sobre la corrupción del «hijo del Ejecutivo», de las que Gaitán no fue ajeno. El golpe de Pasto le mostró a López que las FF. MM. no escapaban a los enfrentamientos políticos, y finalmente renunció a la Presidencia para dar paso a Alberto Lleras, su fiel escudero, quien rompió definitivamente con la Central de Trabajadores de Colombia (CTC) y oxigenó la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), manejada por los jesuitas. A las elecciones de 1946 se postularon Turbay, liberal moderado no obstante haber sido uno de los fundadores del Partido Comunista, y Gaitán, que había sido alcalde de Bogotá con López, ministro de Educación de Santos y ministro de Trabajo en la segunda administración de López.
Gaitán reunió en el teatro Colón –enero de 1947– comisiones representativas de diversas regiones que redactaron la Plataforma del Partido Liberal, aclamada nueve meses después en la Plaza de Toros. La división facilitó la victoria del Partido Conservador con Ospina Pérez, quien en realidad era el caballo de Troya de Laureano. La elección causó disturbios en Bucaramanga, Túquerres, Duitama, Ocaña, Chiquinquirá, Capitanejo, Tocaima y Carcasí (Oquist, 231). Desde España, Laureano declaró: «La guerra civil es inevitable y ojalá la ganemos». En mayo de 1947 la CTC llamó a paro nacional contra el alto costo de vida, aunque en realidad buscaba la renuncia de Ospina. Fue particularmente duro en Bogotá, Cali y Barrancabermeja. Un verdadero ensayo de 9 de abril.
El gaitanismo ganó las elecciones legislativas de 1947 y Gaitán el control total sobre su partido. Después de una fugaz colaboración del Partido Liberal con Ospina, Gaitán abandonó la Unidad Nacional. Laureano intensificó su campaña contra el millón ochocientas mil cédulas falsas. «La violencia política –sentenció– es engendrada por el fraude». El gobierno Ospina emprendió la conservatización de las FF. MM. y de Policía para imponer su propio orden social. Los liberales propusieron que la Policía quedara bajo jurisdicción del Congreso, donde eran mayoría, para detener la escalada de sangre. Fue cuando el Cojo Montalvo, ministro de Justicia, dijo que el Gobierno se defendería «a sangre y fuego» contra la propuesta liberal de cambiar la potestad de mando sobre la Policía nacional del Ejecutivo a favor del Legislativo. Una confesión.
Para fines de 1947, cerca de 14.000 colombianos habían muerto. De ahí en adelante el número de muertos por violencia política crecería en forma terrorífica: en 1948, 44.000; 1949, 19.000; 1950, 50.000; 1952, 13.000, y 1953, 9.000 (ibid, 332). La violencia en los campos se generalizó. A fines de 1946, en virtud del estado de sitio, 202 militares –algunos policías– habían sido nombrados alcaldes (Ramsey, 118). Los comandantes de las Brigadas en Cali, Tunja y Bucaramanga recibieron órdenes de no interferir en las acciones de grupos conservadores armados bajo el mando de los gobernadores. Fue muy común que los militares se negaran a tomar decisiones relativas a crímenes cometidos por conservadores contra liberales. Canal Ramírez declaró a principios de 1948 que «la Policía es un cuerpo peligrosamente sectario en el que no se puede confiar» (ibid, 121). Lleras Restrepo también lo denunció. Las armas se usaban no sólo en los campos sino en recintos como la asamblea departamental del Valle y la Cámara de Representantes. En Norte de Santander, informó El Espectador que el orden público estaba peligrosamente alterado en Arboledas, Cucutilla, Mutuscua, Chinácota, Ragombalia, Gramalote y Rosario.
El 7 de febrero de 1948 Gaitán organizó la célebre «Marcha del Silencio» para denunciar la matazón de campesinos liberales y pedir el cese de la violencia oficial. Cien mil ciudadanos llenaron la Plaza de Bolívar en «un silencio sagrado». Gaitán habría podido «ordenarle a la multitud que rodeara todos los edificios públicos. O incluso el Palacio Presidencial, a tan solo tres cuadras de distancia» (Braun, 238). Su cadáver dio esa orden el 9 de abril. En Bogotá hubo, según Oquist, 2.585 muertos; un testigo de la Cruz Roja afirmó que eran sólo mil muertos y 2.500 heridos, Ortiz Márquez elevó la cifra a 4.000 personas (Henderson, 451). El número de muertos subió al mismo ritmo de las cifras del crecimiento económico: 11,5 % anual entre 1945 y 1950. El 5 de diciembre de 1949 la Andi declaró: «La situación de Colombia en este momento es la mejor que se haya visto hasta hoy» (Tirado, 171).
El asesinato de Gaitán fue el hecho cumbre de una estrategia para obstruirle la Presidencia de la República, dentro de otra –paralela– encaminada a inhibir a los liberales en las urnas. Desde los años 20 un sector del conservatismo estaba decidido a mantener el triunfo obtenido en la Guerra de los Mil Días apelando a todas las formas de lucha: ideológica, electoral o armada. La Iglesia y poderosos grupos financieros y empresariales, sobre todo petroleros, fueron sus aliados incondicionales. La policía conservatizada, las guardias civiles armadas y tendencias partidistas dentro del Ejército fueron instrumentos de la violencia con que el Partido Conservador cercó al Liberal.
Detrás estaba el botín burocrático como verdadera presa del pugnaz cálculo político (Anexo 1). EE. UU. apoyó a los conservadores, pero le incomodaban las simpatías de Laureano con el fascismo y el nazismo. Acusaba a Gaitán de ser un comunista enmascarado. A raíz de los hechos de Gachetá, cientos de liberales y de gaitanistas –o campesinos sospechosos de serlo– fueron asesinados por partidarios del Partido Conservador con anuencia de sus dirigentes. Con el asesinato de Gaitán no sólo se detenía su carrera hacia el poder, sino que, usando la reacción de los liberales, disponían los directorios conservadores de un argumento expedito para reprimir toda protesta como un atentado contra el orden. Se quería llevar al liberalismo a las armas para, como sucedió a partir de 1948, derrotarlos con las armas oficiales. Un genocidio que nunca ha sido reconocido.
En ciudades como Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, El Carmen, Magangué, Corozal, Buenaventura y Medellín los acontecimientos fueron casi tan violentos como en la capital, con saqueos; tomas de emisoras y periódicos; quemas de casas de conservadores, iglesias y colegios católicos. En algunas, los conservadores se armaron. En Ibagué hubo actos muy violentos. Las «turbas» fueron dirigidas por «jóvenes liberales» contra las propiedades de conservadores. El periódico El Derecho, gobiernista, fue incendiado. Se formó una junta revolucionaria. Hubo también saqueos. La cárcel y la plaza de mercado fueron incendiadas.
Las emisoras Ondas de Ibagué y Ecos del Combeima se pusieron «al servicio de la revolución». La policía liberal fue reducida por el Ejército. El lunes se restableció el orden bajo ley marcial. Hubo 15 muertos. Especial atención merecen los hechos en Barrancabermeja –ciudad que Gaitán visitaba con frecuencia y donde tenía muchos seguidores–, por ser centro petrolero donde el sindicato tenía un poder particular. La Unión Sindical Obrera (USO) declaró un paro general revolucionario que se conoce como la «Comuna de Barranca» en alusión a la comuna de París de 1870. El movimiento insurreccional tenía una historia de luchas sindicales desde 1927, pero la más trascendental había sido hacía sólo dos meses, cuando el sindicato obligó al Gobierno a cumplir el contrato de concesión con la Tropical a vencerse en 1951.
Así nació Ecopetrol como empresa del Estado. El triunfo fortaleció al sindicato, cuyo prestigio era notable. Gaitán estuvo muy vinculado al movimiento. El 10 de abril el pueblo se concentró frente a la alcaldía y nombró a Rafael Rangel en reemplazo del mandatario conservador, conformó una Junta Revolucionaria y creó brigadas obreras a las que la Policía entregó armas. La Junta ordenó la toma de los centros de comunicación, la protección de religiosos y la detención de 300 conservadores para evitar que los lincharan; los empleados extranjeros fueron confinados a sus casas. Barranca se convirtió en un gobierno popular armado con jurisdicción entre Puerto Wilches y La Dorada. El Gobierno amenazó con bombardear la ciudad y la Junta respondió con la posibilidad de volar la refinería, la zona de producción y las instalaciones de la Shell.
El Gobierno y la Junta revolucionaria llegaron a un acuerdo que incluía: nombramientos de un liberal en la Gobernación de Santander y de un miembro de la Junta como alcalde de Barranca, a cambio de que el Ejército ocupara la ciudad y no tomara represalias. La Comuna duró 14 días. Sólo se cumplió el nombramiento de alcalde. Rafael Rangel, Antonio Pérez Tolosa – jefe de las milicias– y José Recaedo Silva, al saber que serían juzgados por una corte marcial, huyeron a las selvas del Chucurí y el Opón a iniciar la lucha de guerrillas.
El triángulo Puerto Wilches-San Vicente de Chucurí-Barranca ha sido una región rebelde. Allí general Uribe Uribe licenció parte de las tropas que sobrevivieron a la batalla Palonegro y se convirtieron en colonos. El movimiento obrero de Barranca, desde la primera huelga, en 1925, influyó mucho en la organización de colonos y campesinos. En 1929, el sindicato de ferrocarrileros del país, fuerte del PRS, controlaba la línea Bucaramanga-Puerto Wilches. El sindicato declaró un paro de acuerdo con un plan insurreccional organizado por un comando nacional compuesto por socialistas y liberales de izquierda. El levantamiento nacional fracasó y sólo en El Líbano, Tolima, y el campamento La Gómez, cerca de Puerto Wilches, los obreros tomaron las armas. Algunos de sus dirigentes, como Heliodoro Ochoa, se unirían después a las guerrillas de Rangel, y sus hijos a las del ELN en los años 60.
* Alfredo Molano Bravo (3 de mayo de 1944 - 31 de octubre de 2019) fue un sociólogo, escritor y periodista -columnista y cronista de El Espectador- que recorrió Colombia oyendo a las víctimas de la violencia y dando testimonio de ello. Sus investigaciones están en cerca de 30 libros publicados, aparte de sus aportes a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y a la Comisión para la Verdad.