Comité de derechos humanos denuncia abuso policial contra menor de edad en marchas

Karen Álvarez se encuentra bajo medida de protección en un hogar de paso del ICBF, en donde se inicia un proceso de restitución de derechos.

Foto: Imagen subida a Twiter por Claudia López

El lunes, manifestantes salieron a las calles de Bogotá para alzar su voz a favor de la “vida digna” y en “contra del genocidio del pueblo negro”, entre otras consignas. Esta movilización, que incluyó actos pacíficos como un desfile musical y artístico de la comunidad afro sobre la carrera Séptima, se vio empañada por actos vandálicos contra infraestructuras públicas y privadas. 

En varios puntos hubo presencia del Esmad, y en redes sociales los manifestantes aseguran que hubo provocaciones por parte de estos uniformados. En uno de esos disturbios, según declaraciones de la alcaldesa Claudia López, participó Karen Álvarez, una menor de edad que, en palabras de la mandataria, fue llevada a la manifestación de manera irresponsable e involucrada en los hechos violentos. 

“Los que llevaron a Karen irresponsablemente, siendo menor de edad a una marcha y la involucraron en disturbios violentos, no la cuidaron antes, durante ni después. La Policía la trasladó a un centro de protección y comisaría de familia. Sus padres aún no han venido a recogerla”, trinó la alcaldesa.

Según el Comité Local de Derechos Humanos de Suba, contra Karen Álvarez hubo abuso policial, pues ella, agrega, “estaba ejerciendo su legítimo derecho a la protesta sobre la avenida calle 26 (...) fue retenida de manera arbitraria por miembros de la fuerza pública, trasladada a la estación tercera de policía y, posteriormente, a la Comisaría de Familia de Engativá”. 

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Este comité también denunció que con este procedimiento se violentó el protocolo de traslado de menores y, según declaraciones de sus familiares, la Policía se negó a entregar información veraz sobre el estado y la ubicación de la menor. 

“Gracias al apoyo de organizaciones sociales logramos recibir información sobre Karen, quien se encuentra bajo medida de protección en un hogar de paso del ICBF, en donde se inicia un proceso de restitución de derechos”, explicó el comité. 

Sumado a todo esto, el comité rechazó las actuaciones violentas que, asegura, hubo contra los manifestantes, además de las declaraciones de la alcaldesa en las que, dicen, calificó como “vándalos” a quienes salieron a marchar. 

Sobre los hechos ocurridos el pasado lunes, López dijo que constitucionalmente no puede negar el derecho a la protesta, pero sí judicializar los actos vandálicos que se cometan en estas. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, por las afectaciones a infraestructuras públicas y privadas han sido judicializadas al menos siete personas.