El perfil de los que la pandemia llevó a la bancarrota

Protestas NQS con 1 de Mayo

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El coletazo económico del COVID-19 ha sido evidente. Particularmente en Bogotá, este impulsó a que su Producto Interno Bruto cayera a un histórico de -15,2 % durante el segundo trimestre de 2020, a que más del 30 % de sus comercios cerraran de forma definitiva, a que el 5 % de sus empresas dejaran de renovar su matrícula mercantil y a que su tasa de desempleo alcanzara el 25,1 % en el trimestre comprendido entre mayo y julio.

Le puede interesar: Termómetro de Bogotá Región: la nueva herramienta para medir el pulso económico

Este panorama llevó a la quiebra a centenares de empresas y personas naturales en el país, a las que por la disminución de sus ingresos no tuvieron cómo pagar sus deudas y al final decidieron acogerse a las leyes de insolvencia (la 1116 de 2006 para el caso de las empresas, y la 1564 de 2012 para personas naturales), con las cuales algunos pudieron reorganizar sus finanzas y, en algunos casos, empezar de cero. Pero, ¿qué dicen los datos?

Cifras del Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición (Sicaac) revelan que en 2020 se registraron 2.243 solicitudes de insolvencia, de las cuales 743 fueron de personas o empresas radicadas en Bogotá. Datos similares reporta la Superintendencia de Sociedades, ente que vigila a unas 30.000 empresas. En sus registros aparece que el año pasado 1.292 compañías adelantaron el trámite (un incremento del 1,5 % con relación a 2019), de las cuales 630 tenían su sede principal en la capital.

Si bien el panorama en comparación con el de 2019 no fue tan crítico como se pensaba (muchos aprovecharon las amnistías de los bancarios y los beneficios aprobados en la pandemia), el pronóstico para este año, sin esas ayudas, al parecer será otro. Y en especial porque ahora que se reactivan los plazos para pagar deudas, pero se mantienen las restricciones por cuenta de la pandemia, muchas personas y empresas seguirán con un descuadre de caja, por lo que podrían empezar a ver en esta herramienta una tabla de salvación.

En entrevista con El Espectador, el director de la firma Insolvencia Colombia, Luis Alberto Benítez, así lo sugiere. El profesional explicó que la Ley de Insolvencia ofrece alternativas, como la posibilidad de poder sentarse con sus acreedores para negociar las deudas, obtener mejores plazos y tasas de interés, algo que en condiciones normales es casi imposible. Por su parte, a las personas naturales les permite suspender los procesos que tengan en su contra, como embargos, mientras se negocia un acuerdo. De no tenerlos, y mientras esté en insolvencia, no las podrán demandar.

Lea también: Proyecto de ley perjudicaría a más de 600 mil deudores

“También les permite liquidar patrimonialmente a las personas que no llegan a un acuerdo de pago con base en sus capacidades, que básicamente es un nuevo inicio financiero”, asegura Benítez. Hay que aclarar que no todos los que se cobijan bajo la Ley de Insolvencia son declarados en bancarrota, ya que unos pueden entrar en un proceso de reorganización, que consiste en llegar a un nuevo acuerdo con los acreedores para seguir operando. Otros sí terminan en liquidación, situación en la que un tercero se encarga de vender todos los activos de la persona insolvente para pagar hasta donde alcance.

¿Quiénes se están quebrando?

Detrás de las personas y empresas que el año pasado se declararon en quiebra hay un perfil definido en Bogotá. Según datos recolectados por Insolvencia Colombia, el 15 % de los que adelantaron el trámite en 2020 se ubican en la localidad de Suba, el 12,5 % en Usaquén, el 10,1 % en Bosa, otro 10,1 % en Chapinero y un 10 % en Engativá. Gran parte son personas naturales, quienes, por lo general, acudieron a la Ley de Insolvencia tras quedarse sin trabajo o experimentar una significativa reducción en sus ingresos, al punto de no poder mantener al día sus obligaciones financieras.

Otra de las causales asociadas a esta situación, dice la entidad, fueron los divorcios, que van acompañados de divisiones patrimoniales y un aumento en los gastos, como comprar muebles, electrodomésticos y pagar nuevos arriendos. Según la Superintendencia de Notariado, en 2020 se registraron 16.554 divorcios en el país, 32 % menos que en 2019.

Le puede interesar: ¿Para qué le sirve a una persona declararse en insolvencia económica?

Otro dato interesante del perfil de quienes se han declarado en bancarrota en el último año es que cerca del 48 % de las personas naturales que buscan beneficiarse de la Ley de Insolvencia tienen un título universitario, a quienes los siguen profesionales con especialización o maestría. “Es un dato relevante que sugiere que las personas con menor educación no buscan esta clase de procedimientos”, detalla Benítez. Lo que no se tiene claro es si por falta de interés o por desconocimiento.

Las cifras también muestran que la mayoría de las personas que se acogieron a esta alternativa tienen ingresos cercanos a los $4 millones, mientras que su promedio de edad es de 45 años para los hombres y de 52 para las mujeres. “En gran parte son personas que viven en arriendo y casi el 70 % están casadas o en unión libre. No obstante, en la actualidad está pasando un fenómeno, y es que a pesar de que los promedios de edad son altos, se está presentando más gente joven a los procedimientos de insolvencia”, añade.

Repunte

Si bien las cifras revelan que en 2020 no se disparó el número de solicitudes de insolvencia, sino que en algunos casos disminuyó, eso tiene una explicación. Según Benítez, esto se dio porque a la mayoría de las personas con dificultades financieras no les interesó buscar una solución en plena pandemia, sino que se dedicaron a conseguir recursos para satisfacer sus necesidades primarias. En 2021, con la vacunación y la recuperación de la economía en marcha, el panorama podría cambiar drásticamente, llegando a registrar un repunte cercano al 20 % en este tipo de peticiones.

Los datos del Sicaac respaldan esta previsión, pues durante el primer trimestre del año se registraron 679 solicitudes de insolvencia que, si continúan a un ritmo similar en lo que resta de 2021, llegarían a las 2.716, consolidando un incremento del 21 % con relación a 2020. En Bogotá, hasta finales de marzo, apenas se habían radicado 91 solicitudes. No obstante, los datos de la Supersociedades muestran una tendencia particular en Bogotá: si bien vienen disminuyendo el número de solicitudes de insolvencia, creció la cantidad de casos aprobados, es decir, en los que se verificó que declararse en quiebra era la única opción.

Las cifras de 2020 indican que de 743 solicitudes, se admitieron 438 reorganizaciones (67,1 % más que en 2019) y 107 liquidaciones (37,1 % más), para un total de 545. También llama la atención que del total de solicitudes ante el Sicaac en Bogotá, 349 llegaron a un acuerdo con sus acreedores en 2020 (el 47 % de las radicadas), de las cuales el 60 % eran deudas entre privados y el resto con el Estado.

Aunque la Ley de Insolvencia brinda ciertos beneficios a personas o empresas que atraviesan por situaciones económicas complicadas, profesionales como Benítez recomiendan que esta sea una herramienta de última instancia, pues en muchos casos estos conflictos financieros se pueden solucionar acercándose y llegando a un acuerdo directamente con los bancos o acreedores.

Tal y como lo ha comunicado la Secretaría Distrital de Hacienda, se espera que la economía de la ciudad se recupere en los próximos años a un ritmo del 4 % anual, esto en parte por la inmunidad que generará la vacuna y las inversiones que se logren con el cupo de endeudamiento. Mientras tanto, hay personas y empresas que pese a sus esfuerzos no logran mantenerse más a flote y ven en la Ley de Insolvencia una alternativa para organizar sus finanzas, o empezar de nuevo.