Lupa a demandas, riesgos de corrupción y adjudicación del metro de Bogotá

La comisión del Concejo Distrital encargada de vigilar el proyecto ejerció control político a temas jurídicos, contractuales y de gestión de riesgo de la obra que, si todo sale como está previsto, por fin podría adjudicarse en octubre próximo.

Pese a que el alcalde Enrique Peñalosa había asegurado que la licitación se adjudicaría en septiembre y la primera línea se comenzaría a construir en marzo del año próximo, la Empresa Metro aplazó una vez más el proceso y realizó un ajuste de fechas, que atrasan 21 días el trámite de adjudicación. Empresa Metro

A cuatro meses de que el Distrito adjudique la construcción y operación de la primera línea del metro –eso sí, si esta vez se cumplen sus tiempos– la comisión de seguimiento al proyecto en el Concejo de Bogotá puso lupa a las demandas alrededor de la obra, los riesgos de corrupción y, por su puesto, su fecha de adjudicación.

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De acuerdo con el coordinador de dicha comisión, el concejal Diego Molano (Centro Democrático), se trata de temas claves que inciden en el éxito de la obra y que son decisivos para que se surtan una a una las etapas para su adjudicación. Precisamente, según los tiempos de la Empresa Metro, actualmente se realiza retroalimentación de propuestas y observaciones con los consorcios precalificados.

“Pudimos establecer que, de siete demandas, cinco han salido a favor y dos han quedado pendientes. Una de ellas no ha sido notificada. Esperamos que haya una buena defensa respecto a este proyecto”, manifestó el cabildante.

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Frente a los riesgos de corrupción, la comisión concluyó que los oferentes cumplieron con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional, la Empresa Metro y la Banca Multilateral. Sin embargo, advirtió que una de las empresas no fue aceptada como precalificada por incumplimiento de requisitos técnicos.

Se prevé que, para la próxima reunión, la comisión –integrada también por la Personería, la Controlaría y la Veeduría– analice los temas de predios y de gestión con la ciudadanía.

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La semana pasada se conoció que la Procuraduría General de la Nación, que adelanta vigilancia preventiva a las acciones alrededor del proyecto, solicitó dar respuesta a una serie de derechos de petición relacionados con solicitud de información sobre la obra.

Dicha solicitud fue elevada por el concejal Hollman Morris (Movimiento Progresistas), quien en reiteradas ocasiones ha asegurado que el proyecto carece de financiación y estudios de factibilidad. Por ello, el ministerio público solicitó "dar respuesta al peticionario en los términos de la ley y allegar copia de las respuestas dadas y sus conclusiones respectivas".

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Según el concejal, esos documentos permitirían establecer si el metro elevado tiene o no financiación, es decir, si se inició la ejecución de las vigencias futuras en el año en que fueron aprobadas como lo exige la ley.

En respuesta, la Empresa Metro señaló que ha respondido uno a uno los cuestionamientos del cabildante e incluso, a través de su cuenta en Twitter, dio cuenta de las respuestas. 

De acuerdo con un informe del Concejo, el proyecto del metro elevado tiene 22 riesgos identificados. Aunque ninguna de las advertencias es de alto impacto ni tiene una alta probabilidad de ocurrencia, son asuntos que deben ser analizados por el Ministerio de Hacienda y la banca multilateral, cuya respuesta final se conocerá dentro de los pliegos definitivos de la obra.

Es importante aclarar que, si hay objeciones por parte de la banca, esto inevitablemente generará cambios en los cronogramas de actividades e incluso se podrían modificar los costos totales del proyecto.

 

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-Redacción Bogotá - [email protected]

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