Nadie busca a las víctimas de desaparición forzada en los cementerios de Bogotá

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Más de 5.600 cuerpos no identificados yacen en los cementerios de Bogotá. Organizaciones civiles, antropólogos, médicos forenses y académicos coinciden en que muchos de estos restos podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada.

Hay interrogantes cuyas respuestas permanecen, quizá, enterradas en bóvedas de los cementerios municipales de Bogotá. El enigma por resolver es determinar en dónde están las personas víctimas de desaparición forzada de la capital colombiana. Son muchas las voces que creen que la mayoría podrían estar entre los miles de cadáveres no identificados en los cementerios de la ciudad. Para Gloria Gómez, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), no hay duda de que “la mayoría de los desaparecidos forzadamente están en los cementerios del país. Lo hemos dicho una y otra vez. Todos los cementerios municipales albergan cuerpos de desaparecidos”.

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En 2010, la dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación realizó un censo para determinar la cifra de cuerpos no identificados en los cementerios del país. La mitad de los municipios respondió al censo. Aunque se le solicitaron, la Fiscalía no entregó datos más actualizados. La suma supera los 30.000 cuerpos no identificados (CNI) o identificados, pero no reclamados. Es una cifra confirmada por el proyecto “Búsqueda de Personas No Identificadas en Cementerios” del Ministerio del interior. Desde 2013, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio afirma haber visitado 573 cementerios y estima que llegan a “31. 341 los registros de personas inhumadas en condición de No Identificadas y/o Identificadas No Reclamadas”.

En el caso de Bogotá, la Alcaldía indicó en 2010 a la Fiscalía que había 1.513 cuerpos inhumados no identificados en los cementerios municipales, pero las cifras actuales son mucho más elevadas. A través de un derecho de petición obtuvimos las cifras de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que gestiona los cementerios de la capital. La UAESP indica que “desde el año 1996 y hasta el año 2019 se han inhumado en los cementerios distritales 5.505 cadáveres sin identificar y, desde enero del año 2020 hasta el 11 de septiembre 2020, se inhumaron 122 cadáveres”, lo que significa que, en total, hay 5.627 cuerpos sin identificar en los cementerios de Bogotá. Todos están enterrados en dos de los cuatro cementerios públicos de la capital. En el Cementerio del Sur hay 3.975 cuerpos no identificados, entre los cuales están los cadáveres trasladados desde el Cementerio Central en los años 2000. Otros 1.652 cuerpos sin identificar reposan en el Cementerio Parque Serafín.

Los datos de cuerpos no identificados corresponden a la primera parte de la ecuación. La segunda parte está compuesta por las cifras de desaparición forzada. La Fiscalía indica que “conforme a la última depuración y consolidación de cifras de desaparición forzada efectuada por la FGN en el mes de julio de 2020, al interior de la entidad, existen 84 330 personas que aún continúan desaparecidas forzadamente en el país, de las cuales 441 desaparecieron en Bogotá”. La institución judicial precisa que, para 4676 de estos casos, no se tiene registro del lugar de desaparición. Estas cifras de la Fiscalía podrían estar subestimadas. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) calcula que la cifra de víctimas de desaparición supera los 120.000, de las cuales más de 80. 000 habrían desaparecido forzadamente. Se trata de una cifra estimada, que todavía se está tratando de consolidar. Por su parte, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) censa un número de casos para Bogotá mucho más elevado.

“Hay 3.240 desapariciones forzadas denunciadas en Bogotá. Es decir, un familiar ha dado a conocer la desaparición de su ser querido”, comenta Luz Marina Hache, vocera del Movice. Según Hache, la cifra total de desaparición en Bogotá podría superar los 8.000 casos, asegurando que algunos familiares temen denunciar la desaparición de sus seres queridos por temor a posibles represalias. La representante de la organización de víctimas insiste en que “los desaparecidos no pueden convertirse en una cifra, no deben ser una cifra. Son personas, seres humanos y un solo desaparecido le hace falta a Colombia”.

“En Bogotá, el delito de la desaparición forzada es algo ajeno a la gente. La sociedad bogotana cree que no existe. Cuando se habla de desaparición forzada la gente aquí en Bogotá no cree que haya sucedido eso y la verdad es que sí. Yo tengo el caso de mi compañero, Eduardo Loffsner Torres, desaparecido hace 33 años, diez meses y cinco días. Desapareció en la ciudad de Bogotá”, relata Hache. Eduardo era dirigente sindical de la Universidad Pedagógica cuando desapareció en Bogotá el 20 de noviembre de 1986. “Supe que el día 20 fue al sindicato de la Universidad Pedagógica hasta las dos de la tarde. Dijo que se dirigía al centro a cumplir una cita y nunca más se volvió a saber de él. Como el caso de él hay miles en Bogotá. A pesar de los esfuerzos por parte de nosotros, las víctimas somos invisibles todavía”.

El reto es determinar el paradero de las personas que han sido desaparecidas forzadamente, y establecer o descartar si fueron inhumadas como cuerpos no identificados en los cementerios de Bogotá. En su declaración, el Ministerio del Interior aportó la siguiente precisión: “Es de anotar que en los cementerios también se encuentran inhumadas como Personas No Identificadas (NN), los habitantes de calle, adultos mayores abandonados por sus familias en hospitales y ancianatos, niños recién nacidos fallecidos de personas de bajos recursos, personas fallecidas en desastres naturales y cualquier persona que haya fallecido por cualquier circunstancia, muerte natural o accidental, cuya identidad no haya podido ser restablecida”.

Una declaración que no convence a familiares de víctimas de desaparición forzada, como Luz Marina Hache. “Es muy duro escuchar eso”, dice la representante del Movice. “Es muy duro porque, si son cuerpos de indigentes, de todas formas, en algún momento, tuvieron que tener identificación, antes de ser habitante de la calle. Cuando nació los tuvieron que bautizar, los tuvieron que registrar. Si es una persona que murió en el hospital o en el ancianato, el hospital o el ancianato da la información de quien se murió. Las personas no identificadas no obedecen a esta justificación que se quiere dar. No es lógico. Las personas no identificadas tienen que ver con el conflicto armado”, insiste.

El Cementerio del Sur

Las organizaciones de víctimas como el Movice y Asfaddes están convencidas de que algunos de los seres que buscan están inhumados en los cementerios de Bogotá y sus miradas están puestas en un cementerio en particular: el del Sur de la capital, que presenta la mayor cantidad de cuerpos no identificados. En una tesis publicada en 2017, Laura Vera y Óscar Prieto, antropólogos de la Universidad Nacional, estudiaron el caso de los cuerpos no identificados en este camposanto. Revisaron los registros y establecieron que hay 1.304 cuerpos no identificados o parcialmente identificados inhumados en este cementerio, junto a 678 cuerpos identificados no reclamados. Más de la mitad murieron de forma violenta, lo que acreditaría la hipótesis de que podrían ser víctimas de desaparición forzada.

Los dos antropólogos realizaron una comparación entre el registro del Cementerio del Sur y la base de datos de desaparecidos Hagamos Obligatorio Poder Encontrarlos (HOPE), publicada por Medicina Legal; en la que establecieron 40 posibles coincidencias entre casos de personas desaparecidas y los cuerpos no identificados en el Cementerio Sur de Bogotá. “Estos 40 casos son bien particulares, ya que eran coincidentes en variables como el sexo, la edad, la fecha de muerte y la fecha de desaparición. Nosotros fuimos a lo puntual con fecha de desaparición exacta, pero cuando se crucen fechas cercanas a la desaparición con la fecha de la muerte, va a haber muchas más coincidencias, se lo aseguro”, comenta Laura Vera.

“Nosotros hicimos esta correlación entre nuestra base de datos y el sistema HOPE que es de consulta pública, pero todas las personas desaparecidas no están registradas en HOPE. Se podría hacer la comparación con la información de las necropsias y el Registro Nacional de Desaparecidos del SIRDEC, que aportaría más información de contexto, permitiendo estructurar mucho más los casos, encontrando más coincidencias”, añade Óscar Prieto. Además, los dos antropólogos insisten en que “en la tesis demostramos que en Bogotá no solo son enterrados muertos de Bogotá, ya que también se inhuman cuerpos del resto del departamento y del país. En muchas de las operaciones militares que resultaron con bajas de supuestos guerrilleros en otra parte, esos cuerpos eran trasladados a Bogotá, donde se realizaban las necropsias y después eran enterrados en el Cementerio del Sur”.

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Vera y Prieto encontraron, por ejemplo, que cuatro guerrilleros de las Farc fueron inhumados como cuerpos no identificados en Bogotá, cuando habían muerto en otra región. Tres de ellos, una mujer y dos hombres, murieron en septiembre de 2010 en la operación Sodoma del Ejército contra Jorge Briceño, alias Mono Jojoy. “La investigación adelantada en el Cementerio del Sur permitió perfilar tres cuerpos que habían sido trasladados desde la Macarena (Meta). Se pudo verificar mediante la revisión de la documentación interna del cementerio que pertenecían al grupo de guerrilleros de las Farc-EP abatidos durante la operación Sodoma, que fueron trasladados a Bogotá por cuestiones de seguridad para ser inhumados. Hasta el momento permanecen sin ser identificados”, explica Óscar. Esperando que su trabajo tenga efectos concretos, Óscar Prieto y Laura Vera entregaron ejemplares de su tesis a la Unidad de Búsqueda y al Movice.

Un trabajo no hecho

Hasta ahora, los familiares de desaparecidos consideran que el Estado no ha realizado realmente investigaciones en los cementerios de la capital. “No se ha hecho el trabajo de identificación en los cementerios de Bogotá porque eso hace parte de la impunidad que hay en la capital”, considera Gloria Gómez de Asfaddes, cuyos dos hermanos desaparecieron forzadamente en los años 80. “El discurso es que esto sucede es en los territorios, en las regiones. Este discurso ha hecho que la situación de Bogotá se vuelva invisible totalmente. Inclusive, la gente cree que aquí no pasa nada. Aunque sí pasan cosas muy graves. Ser la capital, tener más gente y concentrar todos los poderes, hace que en Bogotá no se atienda a las víctimas, no se les busca. La mayoría de los casos de desaparición forzada quedan en la impunidad. No se hace nada porque no hay voluntad política”, afirma Gloria Gómez.

Uno de los puntos críticos que menciona el Movice, a propósito del Cementerio del Sur de Bogotá, es la existencia de la fosa común que existió entre los años 70 y 90. Ahí fueron enterrados y exhumados algunos de los cuerpos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. La fosa común ya no existe. El terreno fue transformado en el Parque Recreativo Villa Mayor, inaugurado en 2011. Los interrogantes de los familiares de las víctimas son numerosos alrededor de este lugar: ¿Sí o no fueron exhumados todos los cuerpos de este lote antes de construir el parque? ¿Cuántos cuerpos fueron exhumados? ¿A dónde fueron trasladados los restos? La falta de comunicación y de respuestas claras por parte de las instituciones hace que las dudas persistan en las mentes de los familiares. Lo que sienten muchos familiares es que las entidades del Estado no los toman en consideración.

Este punto de vista lo comparte Carlos Eduardo Valdés, quien dirigió durante siete años el Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses (2011-2018). “A nosotros los colombianos nos falta sentido de humanidad. A nadie le importa este tema. Hay un gran desprecio por parte de todas las entidades hacia las familias de desaparecidos. A mí me duele mucho la indolencia. ¿Cómo sería el dolor de los familiares? ¿Cuánto hay que esperar para que tengan respuesta?”. Valdés dice que hay una falta de coordinación entre las entidades del Estado encargadas del tema de la búsqueda de los desaparecidos y de la identificación de los cuerpos no identificados en los cementerios. “Las instituciones no se hablan. Es una especie de torre de Babel”.

¿Cuáles son esas instituciones? La más reciente, nacida del acuerdo de paz con las Farc, es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). La más antigua es probablemente el Instituto de Medicina Legal. También están la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una multiplicidad de instituciones está encargada de buscar a los desaparecidos, pero pocas implementan acciones en Bogotá.

La UBPD, por ejemplo, tiene un plan de búsqueda que incluye los cementerios de Bogotá. El proyecto de impulso al proceso de identificación de cadáveres en condición de no identificados en Colombia empezó en 2019 con un plan piloto en Nariño y Norte de Santander, y se está ampliando a seis zonas más, incluida la capital. Un grupo especial de seis personas empezó a trabajar estas últimas semanas en un proyecto para los cementerios de la capital con el apoyo de Medicina Legal. La UBPD no quiso comunicar mayores detalles sobre este plan. A pesar de su reserva, la UBPD parece ser la única institución en que confían víctimas como Luz Marina Hache.

“La verdad es que el Estado colombiano ha mostrado desinterés en buscar a las personas (desaparecidas), por eso tenemos mucha esperanza en la Unidad de Búsqueda de las Personas Desaparecidas, porque es la primera vez que existe en Colombia un organismo que tiene como tarea de buscar, identificar y entregar. Y yo estoy convencida de que hay que darle tiempo a la UBPD. La Unidad no le va a entregar cuerpos a toda la gente, pero a una mayoría sí”, dice Luz Marina Hache. Según Hache, la UBPD está investigando el caso de nueve personas desaparecidas forzadamente entre 1985 y 1995 en Bogotá, que también están siendo buscadas por miembros del Movice.

Aparte de la Unidad de Búsqueda, de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz (esta última es la que regularmente otorga medidas cautelares sobre cementerios para que se protejan los cuerpos no identificados inhumados), las otras instituciones del Estado decepcionaron a los familiares, cansados de décadas sin respuestas. La Fiscalía General de la Nación implementó, desde 2010, un “Plan cementerio” para identificar a personas inhumadas como cuerpos no identificados. A finales de agosto de 2020, el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, ha intervenido 16 cementerios del país donde fueron exhumados 2.465 cuerpos no identificados. De ellos, 401 fueron identificados y entregados a las familias.

Dentro de este “Plan cementerio”, el Grupo de Búsqueda no intervino específicamente en cementerios de Bogotá, pero la Fiscalía precisa que “se han realizado, por el Grube 21, diligencias de exhumación en cementerios de la ciudad. Dos de los cuerpos recuperados ya fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares. Los dos cuerpos correspondían a dos mujeres exhumadas en el año 2016 en el Cementerio Central y entregadas a sus familiares en el año 2017”. Por cuestiones de confidencialidad, la Fiscalía no quiso precisar la identidad de estas dos personas, ni cómo se logró establecer su identificación, por ejemplo, si este hallazgo fue realizado con ayuda genética.

Desde 2015 existe en Colombia el Banco de Perfiles Genéticos dedicados a los Desaparecidos (BPGD). La Fiscalía dirige y coordina el Banco y Medicina Legal se encarga de administrarlo. La genética da esperanza a los familiares de desaparecidos, pero los resultados son escasos en comparación con el tamaño del fenómeno de la desaparición forzada en Colombia. Con más de 80 000 desaparecidos forzados, según la Fiscalía, el país representa para este delito niveles más altos que los de las dictaduras de Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983), donde hubo respectivamente 3500 y 10 000 casos documentados, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. En Argentina habría unos 20 000 casos más sin confirmar.

La Fiscalía, con información suministrada por el Grupo de Genética del Departamento de Criminalística del CTI, entregó datos actualizados del Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos. Actualmente el Banco cuenta con “1086 perfiles de desaparecidos, 23 299 perfiles de grupos familiares y 10 187 perfiles de otros familiares, lo que ha permitido identificar a 103 cuerpos de desaparecidos”. Un resultado que no satisface a las familias de víctimas de desaparición forzada. “Es una cifra que, frente a la magnitud de la desaparición forzada en Colombia, es nada”, reacciona Luz Marina Hache. En el caso de la desaparición de su compañero, por ejemplo, ninguna entidad ha tomado todavía muestras genéticas. “La Unidad de Búsqueda tenía pendiente tomar la muestra ADN a mi hijo y a mí, pero con la pandemia no se pudo tomar”, menciona Hache.

Carlos Eduardo Valdés, exdirector de Medicina legal, estima que el progreso técnico y tecnológico de las ciencias forenses permitió obtener avances en el establecimiento de la identidad de cadáveres no identificados, pero la técnica también tiene sus límites. “La identificación genética sirve cuando se tiene una referencia. En el banco de perfiles genéticos no hay suficientes perfiles de referencia. Da los mejores resultados cuando la comparación genética se hace con los familiares más cercanos, como los padres y hermanos. Uno de los problemas es que en muchos casos estos familiares cercanos también han muerto, porque pasaron muchos años. Nadie les da la cara a los familiares de los desaparecidos para contarles esto. Están decepcionados y les estamos violando el derecho a la verdad. Hoy tiene mucha dificultad la comparación y la identificación. Se debería decir a los familiares: ‘Tenemos a los cuerpos, pero ese es el problema’”.

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Los pocos resultados obtenidos en el tema de las desapariciones forzadas hacen que, en múltiples ocasiones, organizaciones internacionales le hayan recordado al Estado colombiano sus obligaciones en la materia de desaparición forzada. Colombia firmó varios tratados internacionales sobre el tema. En 2012 ratificó la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, y que en su artículo 24.3 indica que “cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”.

Un ejemplo de las numerosas advertencias recibidas por el Estado colombiano, son los fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En 2014, en una sentencia sobre el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, la CIDH reiteró que: “En múltiples oportunidades, esta Corte se ha pronunciado sobre la obligación de los Estados de realizar una búsqueda seria, por la vía judicial o administrativa adecuada, en la cual se realicen todos los esfuerzos, de manera sistemática y rigurosa, con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos para dar con el paradero de las personas desaparecidas. Recibir el cuerpo de una persona desaparecida es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlo de acuerdo a sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de estos años”.

¿Cumple el Estado colombiano realmente con su obligación de buscar a las personas víctimas de desaparición forzada para determinar su paradero? Después de décadas de desapariciones forzadas sin punto final, hacerse la pregunta es contestarla. Los familiares de víctimas no quieren perder la esperanza, pero luchan contra el tiempo. Después de casi 34 años de búsqueda, Marina Luz Hache formula públicamente su duda de ver pasar el tiempo sin tener respuesta sobre la desaparición de su compañero, Eduardo Loffsner Torres: “Espero que la vida me alcance para encontrarlo”.

*Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de CdR ni de CICR.

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