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Más de 280 exfuncionarios de EPM y Une publicaron un comunicado en el que manifiestan su preocupación ante la crisis que enfrenta la compañía y le piden a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, que tome decisiones adecuadas y nombre una junta directiva “independiente y sin conflictos de interés”.
Desde el viernes pasado, Quintero ha estado anunciando los reemplazos para la junta directiva de la empresa, luego de la renuncia de ocho de los nueve miembros, quienes argumentaron que no habían sido tenidos en cuenta en la decisión de comenzar acciones legales por $9,9 billones contra los constructores, interventores y aseguradores de proyecto hidroeléctrico Hidroituango por la emergencia que ocurrió en 2018.
Los ocho miembros manifestaron su “preocupación”, en carta dirigida al alcalde Quintero, por este “manejo” y el futuro del gobierno corporativo en la compañía.
Vale la pena recordar que la semana pasada, la calificadora Fitch Ratings anunció que rebajó la calificación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de ‘BBB’ a ‘BBB-’ y mantuvo el Rating Watch Negativo. De acuerdo con Fitch, la rebaja se debe a la intervención del dueño de EPM, es decir, la ciudad de Medellín, en la gestión de la empresa, “lo que representa un deterioro de los controles de gobierno corporativo en la empresa”. La calificación BBB- está a un escalón de perder el grado de inversión.
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“Tenemos la certeza de que la entidad va a superar este difícil momento, con el apoyo de la comunidad, de la mano de su recurso humano y de su institucionalidad interna y externa. En su seno están el conocimiento, el compromiso, la capacidad de análisis y las competencias profesionales para lograrlo”, se lee en el documento.
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Los exfuncionarios aseguran que, de acuerdo con los estatutos, EPM es una institución estructurada para el largo plazo, con un plan de vuelo propio que no puede estar sujeto a coyunturas políticas o empresariales. “Como empresa pública ejemplar, la entidad se debe a sus dueños que son los ciudadanos. Ni agendas políticas, ni grupos económicos deben tener cabida en su orientación y gestión”, afirman.
La institucionalidad de EPM, dice el comunicado, descansa en su integralidad organizacional, constituida por su junta directiva, su representante legal, sus cuadros directivos y la totalidad de sus servidores.
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Los 285 exfuncionarios que firmaron el documento sugieren que la solución a la crisis actual se debe enfocar desde la reflexión de su recurso humano. “La meritocracia en los procesos de reclutamiento y promoción de personal, así como la selección objetiva en los procesos contractuales, constituyen un pilar fundamental de su gestión empresarial”.
En cuanto a las acciones legales sobre Hidroituango, afirman que “cualquier aspecto que impacte la organización y la sociedad a la que sirve, debe provenir de los mecanismos institucionales internos y no de imposiciones de ninguna naturaleza”.
En el comunicado también citan el Acuerdo Marco del 23 de abril de 2007, suscrito entre el alcalde de Medellín y el gerente de EPM, en el que el alcalde se compromete a respetar y hacer respetar la autonomía de EPM, “en particular a actuar frente a la entidad solamente a través de la junta directiva en su calidad de presidente de la misma, respetándola como máximo órgano de administración”, explican.
Por lo que señalan que el nombramiento de una junta directiva “idónea, independiente, sin conflictos de interés es necesario para recomponer el camino y recuperar la confianza pública por EPM”.
Además, dicen que, para superar la crisis institucional tan grave, con repercusiones que amenazan la autonomía y supervivencia empresarial, demanda un perfil gerencial que reúna conocimiento, liderazgo, capacidad de construir consensos y respete la institución y su recurso humano. “Por el bien de todos los habitantes de Medellín, Antioquia y Colombia esperamos del señor alcalde las mejores decisiones en torno a esta gran empresa que entre todos hemos ayudado a construir”, puntualizan.