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El viernes, justo cuando un sacerdote oficiaba una eucaristía en frente del Ministerio de Transporte y una buena cantidad de funcionarios cantaban con él, entrelazaban su manos cumpliendo el gesto de la paz, a un lado, más allá del par de carpas que resguardaban a los fieles católicos, detrás de unos árboles cargados de años, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, charlaba en una improvisada reunión privada con un pequeño grupo de personas. Dos escoltas vigilaban y un cruce de argumentos iban y venían. (Lea: En el interior de la mafia de la chatarrización)
Él, en la mitad del grupo, trataba de dar explicaciones. Ellos, en un semicírculo, le pedían que los escuchara. Que tenían un encuentro con el viceministro, pero que era él el único que, al final, podía solucionar su crítica situación. Vestido de traje y corbata, uno de ellos, y los otros, más bien de informal, le hablaban de chatarrización, del uno a uno, de mi carrito y mi mulita, del pliego de peticiones, del paro, del paro, del paro. De lo que todo el país habla hace más de 40 días: el paro camionero. (Lea: Santos anuncia fuertes sanciones a camioneros que participen en bloqueos)
“Soy Alberto Palma”, dijo uno. “Era el director nacional de la Cámara Nacional del Transporte. Ahora, para poder hacer lo que estoy haciendo, sin ningún interés para ninguna de las partes, me tuve que salir de la representación de la Cámara, y lo estoy haciendo a nivel personal. Me autodefino como defensor de oficio de la familia transportadora de carga”. Versado, claro y contundente, después de estirarle la mano al ministro, le soltó a El Espectador la tanda de argumentos que llevaba listos para exponerle al Gobierno.
“Yo fui el que hizo toda la investigación de la corrupción tanto dentro del ministerio como afuera. Y cuando me escucharon, ellos (los señores que lo acompañaban) me contactaron y hoy estamos acá para hablar con el Gobierno”. ¿Cómo así, luego la representación de los camioneros no está entre los que llevan más de un mes negociando con el ministro Rojas? ¿Los de la ACC, los de ATC, los mismos de siempre?
“Esa famosa Dignidad Camionera es delincuencia camionera, está demostrado que todos allí están defendiendo su interés y desinformando a los camioneros. Ellos no han defendido al camionero tradicional. No han trabajado por ellos, pero sí se han enriquecido. Usted puede revisar sus declaraciones de renta de hace cinco años y mire las de ahora. Todos millonarios. Personas que hace siete años les prestaban plata para el diario y para el bus, y hoy no se compran con menos de $3.000 millones”.
Ellos, liderados por Palma, son la disidencia camionera en tiempos de paro camionero. “Somos Alianza Honesta”, advirtió uno de los interlocutores, entre los que estaban Gilberto Vera, Abrahám Bolívar, Juan Murcia Becerra, Hernando Ruiz, Osman Ramírez y José Rodríguez. “Somos representantes de los conductores”, “más de 500”, dijo otro. “Y de los pequeños propietarios”, exclamó uno de voz grave. “Somos la Asociación Nacional de Conductores Independientes (Acoin)”, sentenció el más bajito de ellos.
“Venimos con cinco puntos específicos de trabajo. El primero: inmovilizar los camiones mal matriculados. Denunciamos que hay más de 50.000 vehículos mal matriculados en el país, tenemos los listados y están publicados en Soycamionero. Esos 50.000 camiones que entraron desde 2005 hasta 2013, y fue cuando se generó la sobreoferta vehicular. ¿Quiénes son los dueños de esos carros? Las grandes empresas de transporte y la mafia organizada. Quebraron los precios para poder lavar dinero. Hay camiones facturando sin llevar carga. Vacíos. Lo puede decir la Policía de Carreteras, que encuentra camiones carpados subiendo y bajando con manifiestos de carga y totalmente vacíos. Y facturan en un mes $60 millones, cuando un camionero tradicional factura, por mucho, $10 millones. Hay un dato de una persona que en 2007, con 32 años, no tenía camiones, y hoy aparece con 180. Ahí está la mafia profunda”.
Segundo. Un punto que esta disidencia camionera, que dice no sentirse representada por los gremios que han logrado que el país esté pasando uno de los tragos más amargos de los últimos años, el ministro Rojas no entiende muy bien. “En 2001 se autorizó el Decreto 173, de la modernización del transporte. Lo que los camioneros no se dieron cuenta fue que ahí les quitaron la carga, porque antes de 2001 ellos podían contratar directamente con el generador. Con ese decreto los dejaron como simples obreros y les dejaron el negocio a los intermediadores, a las empresas que dicen llamarse de transporte de carga.
¿Qué pasó de 2001 a 2010? Esas empresas se hicieron ricas, dicen, “a costillas de los camioneros”. Se prohibió que el generador de carga contrate directamente con el camionero. “Entonces el generador de la carga sí paga lo que es, pero el intermediario le paga lo que quiere al camionero. Hemos visto casos en los que le pagan al camionero el 60 % de lo que realmente paga el generador”, reza uno de los nuevos manifestantes.
El tercer punto versa sobre la derogación de la 2308, que dice que cualquier camión de dos ejes puede cargar 17.000 kilos. La razón que aducen es la que esta legislación quebró al camionero tradicional porque permitía que vehículos que no estaban adecuados para llevar ese peso determinado lo hicieran, con un agravante: valían menos en el mercado que los que se acostumbraba, llevaban esos 17.000 kilos. Así las cosas, terminaron por afectar a otro sector del transporte: el de los camiones de tres ejes o mejor conocidos como dobletroques.
La estructura de costos es la otra. “El Gobierno habla de optimizar y entonces hace cuentas sobre análisis de flotas de 100 camiones o tractocamiones cuando los tradicionales tienen máximo uno o dos carros”. El argumento de fondo es que los precios de los fletes en Colombia son altos si se comparan con el resto de los países de la región. La razón: falta de una buena infraestructura en un país con una geografía que les exige mucho más a los camiones y a los mismos transportadores, demasiado tiempo en los cargues y descargues e, incluso, la eterna discusión del alto precio del combustible y de los peajes.
Y la quinta, donde aparece una exigencia que le podría cambiar la cara a la protesta camionera en el país, pero que además demuestra que los transportadores de carga no están tan unidos como se quiere presentar por parte de los representantes de la ACC y la ATC, es que este grupo de ciudadanos que ya lograron hablar con el ministro Rojas, es que “se desautorice cualquier tipo de acuerdo que se haga con esa mesa de la cruzada camionera que está sub júdice y que está a punto de que la metan a la cárcel. No aceptamos lo que se acuerde en esa mesa”. Lo dice con contundencia este nuevo grupo de representantes de un sector catalogado como la columna vertebral de la economía y que asegura representar a “72.000 familias camioneras, que son las que están certificadas acá desde 2005 hasta 2012 con los cupos buenos”, apunta Palma, justo detrás de la mesa donde acaba de oficiar la misa el sacerdote.