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La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) elevó hoy a 528 el número de personas muertas durante la crisis sociopolítica de Nicaragua, desde el estallido social del 18 de abril.
Al menos 16 personas más perdieron la vida en Nicaragua en el contexto de la crisis desde el 24 de septiembre pasado, fecha del informe anterior de la ANPDH.
La organización resaltó que las personas perdieron la vida "en protestas cívicas como un derecho humano" frente al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
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Asimismo, informó de 4.102 heridos en el mismo periodo, de los que 105 sufrieron lesiones graves con efectos permanentes.
En el mismo contexto 1.609 nicaragüenses han sido presuntamente secuestrados "por grupos armados no autorizados", según la organización, los que identifica como "parapolicías", de los cuales 123 fueron encontrados con vida y 1.486 siguen sin aparecer o posiblemente están bajo "detención ilegal".
La ANPDH además informó de 472 personas, así como 20 policías, que recuperaron su libertad por mediación de la asociación y de la Iglesia católica.
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En su informe la asociación reportó que se mantiene el "acoso policial o de organismos de seguridad en conjunto con grupos armados paramilitares y de choque, motivados por un fanatismo partidario fuera del marco de la ley (hacia) la población nicaragüense en general".
También señaló que existen 21 "viviendas destruidas a ciudadanos por protestar cívica y pacíficamente (...) por operaciones fuera del marco de la ley de grupos armados paramilitares y de choque, afines a la ideología partidaria del Gobierno de turno amparados por la Policía Nacional en Nicaragua".
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La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido al saldo mortal en las protestas.