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Esposados, con una cadena alrededor de la cintura y con la ropa aún llena de polvo del desierto, 35 inmigrantes indocumentados prestan declaración ante un tribunal de Brownsville (Texas), donde aún persiste la presión impuesta por el Gobierno de Estados Unidos.
La corte federal de la ciudad texana, en la frontera con México, mantiene su frenética actividad con juicios masivos diarios a inmigrantes que han tratado de entrar de forma irregular al país y por lo que, según las medidas de "tolerancia cero" ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, se les imputan cargos penales.
En una vista, a la que tuvo acceso Efe, un grupo de personas procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador prestan declaración ante el juez del Distrito Sur de Texas, Ronald G. Morgan, tras haber sido detenidas por la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) entre el 27 y 28 de junio.
El juicio comienza con la lectura de los cargos por parte del magistrado, quien quiere asegurarse de que los detenidos entienden correctamente sus palabras a través de la intérprete que les habla en español.
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La mayoría de ellos no supera los 23 años, incluidas cinco mujeres, y durante todo momento mantienen un riguroso silencio, muchos con la mirada fija en el suelo, solamente interrumpido por sus contestaciones al juez o el sonido de las cadenas al moverse.
Una vez reconocidos los cargos, de los se declaran culpables, Morgan llama de forma individual a los arrestados, que en el pasado fueron deportados del país y que al intentar entrar de nuevo afrontan ahora una pena que conlleva el paso por la cárcel.
En esta situación se encuentra un ciudadano mexicano de 21 años, que, tal y como explica su abogado, ha cruzado la frontera para reunirse con su familia, puesto que dos de sus hijas viven en Texas.
"Pido perdón ante su señoría, sé que fue un error entrar de nuevo de forma ilegal al país y sé que ya fui expulsado una vez, pero solo quería volver a ver a mis niñas, disculpe", declara emocionado el joven antes de ser sentenciado a 10 días de prisión y la prohibición de regresar a EE.UU. durante 2 años.
Finalmente, 8 personas reciben condenas menores de 30 días de prisión, y el resto del grupo será deportado a sus países de origen con un veto de entrada en el territorio estadounidense de un máximo de 5 años revisables.
De especial atención es la situación de otro joven mexicano de 18 años, el único que apunta que ha sido separado de su hijo después de la detención.
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El juez pregunta si el niño se encuentra con algún familiar, a lo que el abogado defensor responde que en este momento está junto al hermano pequeño del detenido, de 16 años, hecho que lleva al magistrado a solicitar la identificación real de todas las personas para su reunificación.
En las últimas semanas, las medidas ordenadas por Trump han aumentado la tensión en la frontera entre EE.UU. y México, con más de 2.300 niños separados de sus parientes y enviados a centros de detención temporal de menores inmigrantes, aunque el presidente ordenó que pararan las separaciones familiares la semana pasada.
Brownsville acoge uno de esos centros para niños, Southwest Key Programs Casa Padre, al que más de 1.000 menores han sido trasladados desde el comienzo de la crisis migratoria.
En este lugar, al menos desde su exterior, predomina la calma, en contraste con el ritmo de la corte, puesto que la seguridad no permite a nadie acercarse a menos de 100 metros de la puerta y en sus alrededores algunos vecinos aprovechan la cercanía del río para refrescarse del calor.
Las organizaciones en defensa de los derechos civiles reclaman que no se normalice "la retórica antiinmigrante de Trump" y animan a la comunidad local a continuar con su apoyo a las personas que "tan solo buscan un futuro mejor".
"Es un horror lo que estamos viendo en centros como este, es horrible ver cómo pasan los autobuses llenos de niños golpeando las ventanas, llorando porque extrañan a sus familias y a su país", dice a Efe el experto en Educación de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), Abraham Díaz.