El chat que encendió los ánimos en Guatemala

La oposición legislativa también manifestó su rechazo a “los actos de violencia y de represión en contra de los manifestantes.

Foto: Agencia AFP

En 2015 los guatemaltecos salieron a las calles del país para exigir la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) destapó lo que sería el mayor escándalo político desde el retorno a la democracia en 1985: Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, estarían implicados en un caso de fraude aduanero. Ambos salieron de sus cargos, y están a la espera de un juicio.

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Cinco años después, el hastío continúa. Pero esta vez la crisis política llegó a tal punto, que fue el mismo vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo Reyes, quien le pidió al presidente, Alejandro Giammattei, que ambos renunciaran a sus cargos “por el bien del país”. La solicitud impulsó una campaña en Guatemala, con protestas y reclamos por parte de la ciudadanía, para que Giammattei deje la presidencia.

Las tensiones dentro del Ejecutivo no son nuevas. En septiembre, la prensa divulgó una conversación de un chat en el que convocaron una reunión de Gabinete para definir la continuidad o no del estado de Calamidad en Guatemala debido al COVID-19. El vicepresidente respondió que no participaría en dicha reunión.

“Tenemos varias semanas sin sostener reuniones de Gabinete. Incluso nos han sacado firmas de Consejo de Ministros sin que se dé una reunión formal como lo manda la Constitución. Ya basta”, enfatizó el vicepresidente, de acuerdo con el medio local El Periódico.

“Esa reunión pudimos haberla sostenido con suficiente antelación si usted hubiera decidido delegar en mi persona la convocatoria a Consejo de Ministros y no detenerla egoístamente solo pensando en el ejercicio del poder recaído en su persona, especialmente ahora que según se indica padece de contagio de COVID-19”, agregó Castillo en las conversaciones dirigidas a Giammattei.

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Tras la filtración del chat, Giammattei dijo que el vicepresidente, durante cuatro semanas, “no se acercó a ningún ministerio a ver qué estábamos haciendo ni cómo íbamos a enfrentar el estado de Calamidad”, sostuvo en una entrevista al medio Emisoras Unidas. “Hay gente que no entiende sus funciones. La convocatoria se ha realizado de acuerdo con la ley (…) El chat va a ser denunciado por una filtración de seguridad nacional al Ministerio Público porque alguien lo filtró”, agregó.

¿Quién es el vicepresidente que le pidió la renuncia a Giammattei?

Era raro ver a Castillo Reyes en los mítines de campaña junto al hoy presidente. Siempre parecía estar lejos de la opinión pública, y su nombre era poco conocido en la prensa internacional. Incluso, para algunos, Guillermo Castillo es, en muchos sentidos, la antítesis del presidente. “Es amable y dispuesto a hablar con los medios; el presidenciable es irascible e intolerante a los cuestionamientos. Castillo tiene una maestría en derechos humanos y Giammattei fue acusado por masacres a reos y a fugados ¿Qué les une?”, se lee en Nómada, un medio local.

La respuesta es sencilla: Castillo era el puente perfecto que necesitaba Giammattei para acercarse al gran empresariado del país. Durante cuatro años (2004-2009) el hoy vicepresidente fue gerente general del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap). También fue viceministro de Trabajo y Previsión Social entre enero del 2004 a mayo del 2005, y en 2014 fue director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala.

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Fue hasta 2018 que Castillo se lanzó a la política, y con el partido Vamos llegó a la vicepresidencia de Guatemala. Sin embargo, en 2007, apoyó al Partido Patriota (PP) cuando el reconocido empresario Ricardo Castillo Sinibaldi era el candidato a la vicepresidencia. De hecho, se pensó que su apoyo iba mucho más allá de asistir a los mítines de campaña. Al preguntarle si durante su gestión en el Intecap se usaron recursos del instituto para la campaña del PP, Castillo le dijo a Nómada que esto era imposible pues es la Junta Directiva la que aprueba los gastos que se realizan en esa institución, y añadió que ese es dinero de entidades privadas y no del Estado.

La distancia con Giammattei

“Si se van a tomar decisiones que afectan los intereses de la población, me separaré del aval de esas decisiones y haré públicos mis argumentos del por qué no estoy de acuerdo”, dijo el vicepresidente al mismo medio guatemalteco en plena campaña electoral. Y así fue. No sólo le pidió la renuncia a Giammattei, también se opuso a la visita de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada por el presidente, con la que pretenden recabar información sobre la crisis política en la que está envuelta el país.

Esto luego de que decenas de guatemaltecos quemaron algunas oficinas del Congreso en medio de unas manifestaciones convocadas por la ciudadanía para rechazar la aprobación del polémico presupuesto de 2021. “Califiqué de precipitada la decisión de invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA. El enviado especial me solicitó audiencia. Declino mi participación. Le recomiendo reunirse con distintos sectores de la sociedad guatemalteca que seguro tendrán mucho que comentarle”, dijo Castillo en sus redes sociales.

De hecho, decenas de organizaciones sociales como la Comisión Internacional de Juristas e Impunity Watch, denunciaron que en Guatemala, contrario a lo dicho por Giammattei, “se está viviendo una situación de violencia por parte del Estado”.

Una eterna crisis

“Juntos prometimos llevar las riendas conforme la población lo requería; sin embargo, no ha sido como se esperaba”, dijo Castillo Reyes luego de que el Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobó a las carreras el mayor presupuesto en la historia de Guatemala con casi 13.000 millones de dólares. Un presupuesto que dejaba en veremos las partidas de salud, educación, y las destinadas a combatir la pobreza en un país donde cerca de 17 millones de personas viven en la pobreza; estamos hablando de casi el 60 % de la población.

Fue tal el descontento social, que el bloque legislativo de oposición le exigió la renuncia a la junta directiva del parlamento. Incluso, miles de indígenas mayas bloquearon al menos seis importantes tramos de carreteras en el oeste de Guatemala. Esto pese a que el Congreso anuló el controvertido presupuesto luego del estallido social.

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Todo esto en un país golpeado por dos huracanes en plena pandemia del COVID-19. Eta e Iota dejaron cerca de 60 muertes, decenas de desaparecidos y la destrucción de las cosechas para el sustento de miles de familias guatemaltecas. Según datos de Naciones Unidas, en Guatemala hay más de 17.300 personas alojadas en 132 refugios.

Como telón de fondo a la actual crisis social y política que enfrenta el país, se suma un historial de corrupción que tiene en vilo la legitimidad de las instituciones en Guatemala. Otto Pérez Molina, hoy en prisión preventiva, no es el único expresidente altamente cuestionado. De acuerdo con la organización Transparencia Internacional, Guatemala perdió 10 puestos y cayó a su máximo histórico en el Índice de Percepción de Corrupción durante la administración del expresidente Jimmy Morales Cabrera, sucesor de Pérez Molina.

Morales decidió terminar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a pesar de que gracias a su labor, Molina y Baldetti están rindiendo cuentas ante la justicia. De hecho, en 2010 Giammattei pasó varios meses en la cárcel procesado por la ejecución extrajudicial de siete reclusos mientras el hoy presidente era el encargado de dirigir el Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007; un hallazgo que hicieron la CICIG y el Ministerio Público. En 2011 se cerró la investigación al no encontrar pruebas suficientes.