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La guerra contra las drogas en Filipinas está desangrando a ese país, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional presentado este lunes. Dice el documento que en promedio 27 ejecuciones extrajudiciales se presentan al día, además de miles de "daños colaterales", que incluyen la muerte de un centenar de menores.
Con más de 27.000 asesinatos en tres años -aunque la policía solo admite 6.600 muertos en operaciones antidroga-, todavía no ha habido "una rendición de cuentas significativa" por parte de funcionarios del gobierno, denunció hoy Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre los abusos de esta letal campaña.
Ver más: La guerra contra las drogas que mata a Fiipinas
"La guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte sigue como una empresa de matar a gran escala", indicó el director regional de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático, Nicholas Bequelin, en una videoconferencia en Manila.
El nuevo informe de AI advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad y documenta decenas de ejecuciones extrajudiciales, que son el "modus operandi" generalizado en las redadas antidroga, en las que "la policía mata impunemente a los más pobres".
Entra Michelle Bachelet
Tanto AI como Human Right Watch (HRW) le pidieron a Consejo de Derechos Humanos de la ONU a abrir una investigación "independiente e imparcial" sobre las violaciones de derechos en Filipinas, como establece una propuesta de resolución presentada por Islandia ante esa sede.Este jueves los 47 miembros del Consejo, reunido en Ginebra, aprobaron esa resolución, que aumenta levemente la presión sobre Filipinas. La Comisión encargó este jueves a la alta comisionada Michelle Bachelet a que su oficina haga un seguimiento de la situación y prepare un informe al respecto.
La iniciativa fue de Islandia, a la que secundaron la Unión Europea y países latinoamericanos, todos ellos preocupados por la continuación de las ejecuciones extrajudiciales en redadas antidrogas y la impunidad que las rodea.
Filipinas reaccionó con agresividad a esta resolución, que consideró "políticamente motivada" y basada en informaciones falsas, y que adelantó que la ignorará, aunque no dio el paso de abandonar el Consejo de Derechos Humanos como habría contemplado, según dio a entender su delegado.
Desde la administración Duterte ya habían advertido de que no van a permitir que ningún representante de la ONU entre en Filipinas y que cualquier investigación será considerada "una intromisión en los asuntos internos del país".
"Ningún gobierno de ninguna nación conoce la situación real de los asuntos internos de un país mejor que su propio gobierno. Cualquier intento de interferir sobre cómo este gobierno mantiene la paz y el orden es una afrenta y una injerencia en su soberanía", señaló el portavoz presidencial, Salvador Panelo.
Informe sobre Venezuela
La semana pasada la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.Ver más: Lo que no le gustó a Maduro del informe de Bachelet
El informe, publicado el jueves tras la visita de Bachelet a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio, denunció que en el último año y medio cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente de "resistencia a la autoridad", según el gobierno, durante operaciones de seguridad.
Para la oposición el documento ilustra lo que pasa en el país y los excesos del gobierno de Maduro, mientras que éste aseguró que estaba lleno de errores e informaciones falsas.