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Los oscuros hechos que rodean la muerte de Fernando Albán, concejal del partido Primero Justicia (PJ) por el municipio Libertador, ponen en evidencia una grave situación (otra más) en Venezuela: la indefensión de los presos políticos. Con Albán ya son tres los presos políticos (dos concejales y un piloto) muertos en extrañas circunstancias, a manos de oficiales del gobierno de Nicolás Maduro.
Lo de Albán es muy turbio. Fue detenido el viernes 5 de octubre, cuando regresaba de Estados Unidos, a donde viajó a visitar a sus hijos que estudian en Nueva York y también para acompañar a una delegación de opositores venezolanos, encabezada por el expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, quien se encuentra en Colombia.
En el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, este abogado de la Universidad Central de Venezuela y especializado en derecho del trabajo, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Entonces comenzó una serie de hechos extraños.
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A pesar de que su esposa pidió a las autoridades aclarar a dónde lo llevaban, solo cuarenta y ocho horas después se conoció que estaba en manos de oficiales de inteligencia del gobierno venezolano. Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado de Carabobo, indicó que el concejal Fernando Albán fue presionado el domingo por el Sebin para responsabilizar a Julio Borges del atentado contra Maduro.
Un día después, el lunes 8 de octubre, el fiscal general, Tarek Saab, indicó que Albán se “suicidó lanzándose desde el décimo piso del Sebin en el centro de Caracas cuando iba a ser trasladado a tribunales”. Según el fiscal, Albán solicitó ir al baño “y estando allí se lanzó al vacío”.
Un oficial del Sebin, preocupado por lo que sucede en “la Tumba”, celdas donde el Gobierno ha recluido a buena parte de la oposición, le dijo a El Espectador que Albán habría muerto durante una operación de tortura. “El concejal fue llevado, por orden de un superior, al edificio del archivo del Sebin (plaza Venezuela). Allí fue puesto en el piso 8, donde queda la Unidad de Protección del Orden Democrático (conocido como la unidad de tortura), lugar en donde se realizan justamente torturas. Allí Albán murió cuando le metían la cabeza en un balde lleno de agua”.
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Según su abogado, a Albán se le pretendía culpar de los delitos de “magnicidio contra el presidente, terrorismo, traición a la patria, homicidio calificado frustrado en la persona del presidente y del alto mando militar y asociación para delinquir”.
“La dictadura de Maduro acaba de asesinar a nuestro hermano Fernando Albán. Lo secuestró el Sebin y ahora aparece muerto. Ellos lo asesinaron o cometieron un error en medio de las torturas”, publicó José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional, en su cuenta de Twitter.
Ayer, cuando la ONU, la OEA y Estados Unidos, entre otros, pedían una investigación de los hechos, el cuerpo de Fernando Albán, de 52 años, era llevado a la sede del Parlamento para su velación.
Hasta la Arquidiócesis de Caracas, a cuya labor social estuvo vinculado el concejal, planteó dudas sobre la versión del suicidio. Albán era un creyente en Dios y católico practicante: se dedicaba a alimentar a las personas necesitadas a través del programa llamado Ollas Solidarias.
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El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es la policía política del gobierno de Maduro. Depende del Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz y ha protagonizado varios escándalos.
Establecido en 1969 y conocido hasta 2009 como la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención, este organismo se dedica a “buscar amenazas internas que puedan afectar la seguridad nacional de Venezuela”.
Según fuentes venezolanas, desde allí, con asesoría de la inteligencia cubana, se amenaza, arresta, tortura y elimina a los disidentes políticos. En sus calabozos han estado Raúl Baduel, Lorent Saleh y ahora Juan Requesens. Todos acusados de atentar contra Maduro, que hasta el momento ha denunciado 22 intentos de asesinato.