Ocho órdenes religiosas españolas, entre las que destacan los jesuitas, han admitido en las últimas dos semanas que dentro de sus congregaciones se cometieron 126 abusos sexuales, tanto a menores de edad como a adultos, de acuerdo con una publicación de El País de España.
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“Sentimos el dolor de las víctimas, provocado por algunos compañeros nuestros. Sentimos las ocasiones en que no se escuchó a quien quería respuestas y en que se afrontaron de manera insuficiente acusaciones que deberían haber supuesto medidas tajantes. Los abusos a menores y personas adultas en la Iglesia y en la sociedad han sido durante demasiado tiempo una realidad mal entendida y gestionada”, dice el informe publicado hace dos semanas por la Compañía de Jesús.
En el texto, la orden jesuita reconoció que al menos 81 menores de edad y 37 personas adultas sufrieron abusos sexuales por parte de 96 miembros de la congregación desde 1927, aunque los mismos firmantes del estudio aseguran que su investigación fue “limitada”. La mayoría de los casos ocurrió en escuelas. Un dato que ha llamado la atención en España es que a siete de las víctimas de abuso se les ofrecieron ayudas ya fueran económicas o psicológicas, lo que los jesuitas no aceptan como indemnización debido a que no hubo ningún tipo de juicio de por medio.
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Los datos de los abusos aceptados por las órdenes religiosas españolas los ha recabado el diario español, debido a que muchas de estas órdenes no revelan sus investigaciones internas al público, tal como lo hicieron los jesuitas. El periódico asegura que consultó a las 10 mayores órdenes del país y que “los Hermanos Maristas, La Salle y los Agustinos se siguen negando a revisar su pasado. El resto admite por el momento 61 casos de religiosos pederastas, 42 de ellos desconocidos hasta ahora”.
Las congregaciones consultadas por el diario aseguran que en tiempos pasados la mayoría de denuncias de abusos sexuales no eran investigadas a fondo y usualmente la solución era trasladar al abusador a otra parroquia, aunque a veces eran despedidos o ellos renunciaban. Sin embargo, el hecho de que las autoridades ordinarias no se enteraran de las denuncias permitía que los criminales continuaran cometiendo los hechos con diferentes víctimas.
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“En unas semanas se han conocido casi los mismos casos que en 35 años. Y en octubre de 2018, cuando este periódico comenzó a investigar los abusos y abrió un correo electrónico de denuncia, solo se contaban 34 casos. Después, este diario recibió más de 200 mensajes y ha publicado una treintena de casos”, se lee en la publicación de El País.