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El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, señaló este jueves que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en “un ejercicio de hipocresía descarada”, luego de que el órgano le otorgó una silla a Venezuela para formar parte de él.
“El Consejo de Derechos Humanos debería ser protector y defensor de los derechos humanos de las personas en todo mundo. Debería hablar claro de los abusos diarios del antiguo régimen de (Nicolás Maduro) y de otros como él”, dijo Pompeo en un comunicado. “En su lugar, el Consejo se ha convertido en un ejercicio de hipocresía descarada, con algunos de los criminales más importantes sentándose en el Consejo”, agregó.
En ese sentido, Pompeo denunció que ese órgano incluye a “Gobiernos autoritarios con un historial inequívoco y horrible de derechos humanos como China, Cuba y Venezuela”. Por ese motivo, recordó, EE. UU. se retiró de él en 2018.
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Pompeo subrayó que en julio pasado el informe del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos publicó un informe que documentaba abusos “atroces” por parte del “régimen de Maduro”.
“Lamentablemente no es ninguna sorpresa que Maduro buscara de forma desvergonzada un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un esfuerzo por bloquear cualquier límite a su control represivo del pueblo venezolano”, se quejó el jefe de la diplomacia estadounidense. Sin embargo, “lo que es de verdad trágico es que otras naciones votaran para dar al representante de Maduro para Venezuela un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, continuó.
Pompeo consideró que este es “un fuerte golpe no solo a las víctimas del régimen venezolano, sino también contra la causa a favor de los derechos humanos en el mundo”. Pese a sus críticas al órgano de la ONU, el secretario de Estado aseguró que EE. UU. apoya fuertemente las organizaciones multilaterales que “trabajan de forma sincera y efectiva para proteger los derechos humanos. La elección al Consejo de Derechos Humanos del representante de Maduro es una farsa que socava aún más la frágil credibilidad del consejo”, advirtió.
El titular de Exteriores expresó, además, el deseo de EE. UU. de trabajar con sus aliados y socios para respaldar los esfuerzos del líder opositor Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela en enero pasado y fue reconocido por más de medio centenar de países, “para restaurar la democracia y los derechos humanos”.
Pero Pompeo no fue el único que rechazó la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Ministerio de Exteriores de Colombia publicó un comunicado en el que lamenta la decisión de este órgano.
“Deploramos que la Asamblea General no haya tenido en cuenta las graves denuncias contenidas en los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de julio y septiembre de este año, en los que se evidencia que la dictadura de Maduro ha cometido crímenes como tortura, ejecuciones extrajudiciales, entre otros, lo cual derivó en el establecimiento de una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos para que se investiguen las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela”, señala el documento.
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Pese a una fuerte campaña en contra, Venezuela logró este jueves un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una victoria diplomática para Caracas y una elección que para observadores como Human Rights Watch (HRW) traiciona los principios del órgano con sede en Ginebra.
La candidatura venezolana se impuso en la votación celebrada en la Asamblea General de las Naciones Unidas a la de Costa Rica, presentada a última hora con el objetivo explícito de tratar de impedir que el Gobierno de Maduro se hiciese con un escaño. Fue una votación apretada, en la que Venezuela obtuvo el apoyo de 105 de los 193 países de la ONU y Costa Rica el de 96.
En agosto, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en ser investigado por el propio Consejo de Derechos Humanos, que aprobó la creación de una comisión para estudiar los presuntos abusos del Gobierno. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló en un informe presentado este año muchas de esas acusaciones y documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.