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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas.
Paulo Abrao, de nacionalidad brasileña, se convirtió en el secretario ejecutivo de la CIDH en 2016, en reemplazo del mexicano Emilio Álvarez Icaza. Y su trabajo ha sido muy reconocido. Abrau es reconocido por su amplia experiencia en los ámbitos de derechos humanos, políticas públicas, financieras y presupuestarias. Desde que llegó a la secretaría de la CIDH se distinguió por sus planes para modernizar la CIDH.
Especialmente jugó un papel relevante en la crisis en Nicaragua, donde centenares de personas murieron tras las protestas que estallaron en 2018 contra el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega. En esa instancia, la CIDH se convirtió en el organismo internacional de referencia con una misión en el terreno, que fue posteriormente expulsada del país centroamericano.
“Ha logrado enfrentar la grave crisis que vivió la institución y fortalecer la gestión institucional con sostenibilidad financiera e incremento de sus capacidades”, informó el 10 de enero la Comisión, elogiando la gestión de Abrao a quien tendrían en el cargo cuatro años más.
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El comienzo de la crisis
El contrato de Abrao venció el pasado 15 de agosto, sin embargo, el plan era renovarlo por un periodo más, según han expresado los siete comisionados miembros de la CIDH. Sin embargo, hace tres días, el organismo recibió una comunicación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, diciendo su negativa a renovar el contrato de Paulo Abrao.
La Comisión reaccionó inmediatamente diciendo que la decisión de Almagro afectaba la “autonomía a independencia de la Comisión”. Ante la comunicación del Secretario General, la Comisión “expresa su más enérgica protesta; así como su alarma ante un grave embate contra su independencia y autonomía”, ya que en enero de este año el organismo de derechos humanos había decidido por unanimidad renovar el mandato de Abrao para el periodo 2020-2024.
“La Comisión -reza el comunicado- anuncia a la comunidad internacional que esa decisión unilateral del Secretario General constituye un franco desconocimiento de su independencia y autonomía, que busca la separación de facto del Secretario Ejecutivo, y dejar sin efectos la decisión de renovación adoptada 8 meses antes por la CIDH”. Además, la CIDH asegura que durante esos ocho meses no recibió cuestionamiento alguno por parte de Almagro sobre la pertinencia de renovar el mandato a Abrao.
La respuesta de Almagro
Horas después de que la CIDH hiciera pública su protesta, Almagro atribuyó su decisión, en otro comunicado, a la existencia de “decenas de denuncias” contra Paulo Abrao por parte de funcionarios del organismo, algunas de ellas de carácter supuestamente grave, aunque no se da a conocer su contenido.
De acuerdo con Almagro, algunas de las denuncias estuvieron en el limbo durante meses y no se trasladaron a la Oficina del Inspector General de la OEA, el órgano encargado de velar para que el sistema interamericano respete las normas y refleje las mejores prácticas a nivel internacional.
Almagro consideró que la falta de tramitación de esas denuncias es un “duro golpe” a la credibilidad de Abrao y, por ello, argumenta que la “seriedad y gravedad” de las denuncias “no ha permitido otorgar el visto bueno” a la renovación del mandato del secretario ejecutivo de la CIDH.
“La presunción de inocencia ha sido asegurada, así como que no hay impunidad ni indefensión respecto a denuncias de violación de derechos de las funcionarias y los funcionarios dentro de la CIDH ni en ninguna oficina de la organización. No mientras sea Secretario General”, aseveró Almagro en su nota.
A lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le respondió que sigue considerando a Paulo Abrao su secretario ejecutivo aunque el secretario general de OEA, Luis Almagro, no haya renovado su designación. “Para la CIDH, Paulo Abrao sigue siendo su secretario ejecutivo”, aseguró Joel Hernández.
Fuentes de la OEA dijeron que son “más de 60” las denuncias contra Abrao presentadas ante la Ombudsperson del organismo, Neida Pérez. Mencionaron en particular “acoso laboral” y “manipulación de concursos y contrataciones”.
Abrao “es el funcionario a cargo de la Secretaría Ejecutiva. La designación de la secretaria adjunta Claudia Pulido es exclusivamente para atender las cuestiones de índole administrativo”, señaló sobre la tarea encomendada interinamente a esa funcionaria.
Hernández dijo que la CIDH estaba al tanto de los denuncias ante la Ombudsperson, con quien el pleno de la Comisión se reunió en octubre. También precisó que Abrao “ha venido atendiendo desde 2019 las recomendaciones de la Ombudsperson y la Comisión ha estado siendo informada de esas medidas”.
“Pero no podemos nosotros aceptar que un informe que se presenta a cinco días de la terminación del contrato esté sirviendo de pretexto para no otorgarlo”, dijo.
Otras críticas “En este momento lo que tenemos es la negativa del secretario general de renovar el contrato del secretario ejecutivo Abrao en circunstancias que nos preocupan mucho por la manera en la cual se han venido dando”, añadió el jurista mexicano Hernández, subrayando no obstante “la voluntad de diálogo” de la Comisión.
El gobierno de México expresó su “preocupación” por las acciones de la Secretaría General de la OEA y llamó a “respetar las decisiones” de la Comisión.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que antes de sumarse a esta ONG fue abogado de la CIDH, advirtió que la objeción de Almagro “constituye un grave retroceso en la práctica de la OEA y socava la autonomía de la Comisión”.
Comisionada de la ONU pide diálogo
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) poner fin de inmediato a la crisis abierta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a la dirección ejecutiva de esta última. Bachelet subrayó precisamente que se debe “garantizar la independencia, autonomía y eficacia” del órgano especializado en derechos humanos.
Los siete Comisionados de la CIDH habían pedido a inicios de año de forma unánime que se renovara el mandato de Abrao, quien ejercía el cargo desde 2016.
En una declaración emitida por su oficina en Ginebra, Bachelet instó a Almagro, y a la CIDH a actuar de acuerdo con sus declaraciones de que resolverían este desacuerdo a través del diálogo.
“No debería tratarse de una cuestión de reputación personal, de lealtades políticas, ni de pérdida de prestigio. Esto debería ser sobre cómo trabajar para proteger los derechos humanos de cientos de millones de personas en todas las Américas en un momento de crisis masiva”, reflexionó Bachelet.
Destacó que la Comisión ha actuado como “un órgano imparcial muy eficaz y de gran confianza”, que su labor es muy apreciada y que, por estas razones, carece de popularidad entre ciertos gobiernos.