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A la exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, (involucrada en siete procesos judiciales) se le acusa de formar parte de “los cuadernos de corrupción” o “la ruta del dinero k”, el mayor escándalo de pagos de sobornos en el gobierno del país (por más de 56 millones de dólares en efectivo).
En su última visita a los tribunales, la mañana de hoy, Fernández de Kirchner afirmó: “Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno". Sin embargo, las pruebas sugieren lo contrario.
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El caso se destapó cuando Óscar Centeno, chofer del exministro de Planificación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hizo públicos los escritos de sus cuadernos, en los que se evidenciaban cientos de viajes con bolsos cargados de dinero por un periodo de diez años. Aparentemente, el dinero era producto de lo sobornos que empresas constructoras pagaban a cambio de contratos con el estado.
En esta red están involucrados no sólo empresarios poderosos y jueces, sino también altos exfuncionarios del estado, entre esos, Cristina Fernández.
A Fernández el Juez Claudio Bonadio, encargado del caso, la ha acusado de ser la cabeza y liderar la red de sobornos que tenía como objetivo recaudar las millonarias cuotas de empresarios de obras públicas. También de haber cometido los delitos de cohecho pasivo y dádivas en reiteradas ocasiones.
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Para el juez, el caso pone en evidencia la existencia de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (como vehículos, empleados, etc.) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabeth Fernández, y del Ministerio de Planificación, actuó entre los años 2003 y 2015)”.
Por estos motivos, el mismo juez solicitó el lunes la medida de aseguramiento preventivo contra la exmandataria. Sin embargo, Fernández pudo mantener su libertad gracias a que está amparada por fueros parlamentarios debido a su condición de senadora. En este caso, su detención sólo será posible si dos tercios de los senadores aprueban su desafuero, y el Senado ya anticipó que no votará por la eliminación del derecho de la exmandataria.
“La etapa de instrucción (a la que se enfrenta Kirchner) es una etapa preliminar donde hay elementos, pero que no configura la responsabilidad penal, entonces es imposible producir el desafuero y la detención de un senador, presidente o ministro”, afirmó el senador Miguel ángel Pichetto.
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Además de la senadora, fueron procesados otros 41 exaltos funcionarios y empresarios vinculados a la obra pública en la era Kirchner, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas, José López, preso desde mediados de 2016; Claudio Uberti, extitular del órgano de control de concesiones viales, y varios de los empresarios más poderosos del país, como Angelo Calcaterra, primo del actual mandatario, Mauricio Macri, y quien confesó haber hecho pagos ilegales para financiar las campañas electorales Kirchneristas.
Hoy, la justicia argentina dio otro duro golpe, detuvo al único prófugo del escándalo de os “cuadernos de corrupción”, el arquitecto Oscar Thomas, exdirector de la represa hidroeléctrica binacional Yacyretá, quien tenía orden de captura desde el pasado 1° de agosto.
Thomas fue detenido en un departamento en Buenos Aires, después de que el ministerio de Seguridad, que había ofrecido una recompensa de 500.000 pesos (12.500 dólares) para hallarlo, recibiera una llamada de su paradero.