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Hace poco menos de dos décadas, Estados Unidos comenzaba su “guerra contra el terrorismo”, una campaña que no solo definió cómo sería el resto del mundo en el nuevo milenio, sino que cambió en secreto las reglas de juego en el interior del país y abrió paso a un futuro oscuro.
La Ley Patriótica de EE. UU., que se promovió en 2001 como una respuesta y una “estricta arma contra el terrorismo internacional” a raíz de los ataques de Al Qaeda, también expandió la definición de “terrorismo” en el interior. Esto hizo más grandes los poderes del gobierno para investigar actos de “terrorismo interno”, dio lugar a mayores prácticas de espionaje, fortaleció el tamaño de las agencias de seguridad, como la Patrulla Fronteriza, y les entregó más protección a sus agentes a costa de las libertades civiles de los ciudadanos. También dio origen al Departamento de Seguridad Nacional, cuyo poder continúa en crecimiento. Los efectos de esta política apenas han comenzado a verse en Estados Unidos.
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En Portland, Oregon, donde las manifestaciones contra el racismo no han descansado en los últimos dos meses, se están viviendo escenas tenebrosas desde hace más de una semana: arrestos arbitrarios realizados por uniformados sin ninguna identificación, a bordo de vehículos sin placas, que además amenazan y agreden al pueblo. Y todo esto con la bendición del presidente Donald Trump, quien se ha apoyado en lo que dejó esa Ley Patriótica para satisfacer sus deseos.
Con el objetivo de “restaurar la seguridad” y “la ley y el orden”, Trump había prometido que enviaría fuerzas para reprimir las manifestaciones si estas no cesaban. Hace dos semanas, cumpliendo con su amenaza, envió un gran número de fuerzas federales a Portland para acabar con las protestas. Estas no son las unidades que comúnmente se envían para controlar multitudes o tratar delitos callejeros, o aquellas que están acostumbradas a trabajar con la Fiscalía para asegurarse de que cumplan con los debidos procesos.
En Portland hay cuerpos antidisturbios del US Marshall, unidades del cuerpo de Seguridad Nacional, de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Costera, dentro de lo que se ha podido identificar, pues los uniformados que patrullan las calles no cuentan con más que un parche que los identifica como “policía”.
Lo que tienen en común todas estas fuerzas es que su entrenamiento y sus ejercicios son muy diferentes a los de las operaciones policiales y el control de multitudes. La Patrulla Fronteriza, por ejemplo, usa tácticas muy agresivas y trabaja específicamente en la frontera, un lugar donde la Constitución funciona distinto al resto del país y una agencia a la que el Congreso y las cortes le han dado un estatus especial protegiendo a sus agentes y liberándolos de responsabilidad en crímenes atroces.
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Sin el consentimiento de los líderes locales o estatales, Trump no puede enviar fácilmente fuerzas federales a una ciudad o estado para “protegerlos”. Sin embargo, la Patrulla Fronteriza tiene un poder especial para “buscar y arrestar para proteger la patria”, que consiguió gracias a las reformas que surgieron después del 11 de septiembre de 2001. Para los habitantes de Portland, así como para el resto de ciudades en la mira de Trump, hay muchas razones para temer.
Mark Pettibone, uno de los ciudadanos de Portland detenidos de manera arbitraria, les contó a medios locales que un grupo de uniformados sin identificación lo subieron a una camioneta en donde lo esposaron, lo fotografiaron y lo llevaron a un interrogatorio. No se hizo registro de su retención. Tampoco le dieron motivos para retenerlo. Lo único que hacía era protestar contra el racismo. Para expertos legales, esto se califica como un secuestro. Para Pettibone, se siente como una “invasión” a su ciudad, donde muchos ya no se sienten seguros.
Lo de Portland es apenas un abrebocas de lo que está por venir. La ciudad fue elegida por Trump para hacer un ejercicio de este nuevo cuerpo policial, una fuerza que los expertos tildan de “paramilitar”, debido a su composición y su falta de identificación. La siguiente ciudad en la mira de Trump es Chicago, la cual ha venido comparando con Afganistán y sobre la que ya habla en términos de una invasión. “No necesito una invitación de ese estado. Vamos a hacer eso, les guste que estemos ahí o no”, dijo el presidente durante una entrevista la semana pasada.
En el extranjero ya comparan este cuerpo de policía de Trump con el de las Camisas pardas de Adolfo Hitler. La revista Esquire equiparó la situación con la dictadura de Augusto Pinochet, mientras periodistas como Stephen Kinzer, de The Boston Globe, recuerdan cómo ya vivieron estos atropellos en regímenes represivos en América Latina.
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¿Es esto legal? La base legal es inestable. Las fuerzas enviadas por Trump han violado la Primera y la Cuarta enmiendas de la Constitución y el despliegue de estas fuerzas ha desafiado la Décima enmienda también, derechos que garantizan la libertad de expresión, las reuniones y ponen límites al poder federal. Sin embargo, los artilugios de la “guerra contra el terrorismo” de Estados Unidos son los que le están dando a Trump una supuesta base legal para operar. Este es un terreno frágil y poco explorado que hasta ahora comienza a ser debatido.
El presidente está probando de muchas maneras los límites de su poder y le está dando una saboreada al autoritarismo que tanto critica de gobiernos como el de Venezuela. Ahora está literalmente invadiendo a sus “enemigos políticos”, aplicando un terrorismo de Estado en lugares específicamente demócratas para fomentar el caos y el miedo con el fin de que los electores consideren que necesitan un “líder fuerte” que restaure el orden.