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La renuncia de académicos y empresarios a un comité encargado de la supervisión del uso de 2.000 millones de dólares para atender la pandemia del COVID-19 en El Salvador divide opiniones entre señalamientos de falta de transparencia por parte del Gobierno y un supuesto intento de sabotear el trabajo gubernamental.
El comité, que también cuenta con representación de diversas entidades del Gobierno, fue creado por el Congreso como requisito para aprobar la millonaria deuda.
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Los entes que renunciaron son la Asociación Nacional de la Empresas Privada (ANEP), Cámara de Comercio de El Salvador, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico (Fusades), la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y la Escuela Superior y Negocios (ESEN).
El rector de la UCA, Andreu Oliva, señaló durante una conferencia de prensa la falta de transparencia en el uso de los fondos en la entrega de un bono alimenticio a 1,5 millones de familias por 400 millones de dólares, en la reparación de la red hospitalaria y repartición de abono, semilla y alimentos.
Añadió que, al menos la UCA, también decidió abandonar dicho comité por la falta de respeto a las instituciones estatales y a los derechos humanos por parte del Gobierno en medio de la pandemia del COVID-19.
Oliva sostuvo que otro motivo, también señalado en la carta de renuncia enviada al Congreso este lunes, fue la presentación unilateral de una petición de reforma a la distribución de los fondos.
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Dicha propuesta, según el jesuita, no contenía los acuerdos tomados en el comité, como la modificación de las atribuciones del ente, dado que "el papel de las organizaciones no es administrar, sino la contraloría social".
Expuso que la iniciativa gubernamental "en ninguna forma respondía a lo que se había consensuado" y "cambia completamente el destino" de los fondos, lo que calificó como una "falta de ética" del Gobierno.
Dijo que la propuesta del Ejecutivo de Nayib Bukele quita del decreto original de aprobación de los 2.000 millones el apoyo a la agricultura, trabajadores afectados y a las pequeñas empresas golpeadas por la cuarentena.
La ANEP señaló en un comunicado que el Ejecutivo dispuso de fondos de manera "unilateral" y que "dicha actuación sin mecanismos de supervisión y auditoría comprometieron la responsabilidad" de sus representantes.
¿Sabotean a Bukele?
Para el Gobierno de Nayib Bukele, la renuncia obedece a la negativa de los representantes de las universidades y empresarios a presentar una declaración de su patrimonio por su relación del manejo de los fondos."Les encanta pedir transparencia, pero no se les vaya a pedir a ellos porque es casi una blasfemia", señaló Bukele en su cuenta de Twitter el lunes.
Por otra parte, Bukele acusó este martes al presidente de la ANEP, Javier Simán, de buscar "sabotear el trabajo del Gobierno" en medio de la pandemia.
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"Desde hoy, el Gobierno de la República desconoce a Javier Simán como representante de la empresa privada", añadió el mandatario, pese a que el Gobierno no tiene voz ni voto en la elección de máximo representante de la ANEP.
Simán, quien fue precandidato presidencial para las elecciones de 2019, respondió por la misma red social que "independiente de lo que el Gobierno pretenda, nosotros continuaremos diciendo la verdad, continuaremos buscando el diálogo y continuaremos trabajando por sacar el país adelante".
También señaló que "la renuncia de nuestro representante en el comité conlleva el respaldo total de todas las gremiales que conforman ANEP".
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"No podemos acompañar decisiones del Gobierno que sean arbitrarias y sin rendición de cuentas", acotó Simán. Según Bukele, el Gobierno no ha recibido "ni un solo centavo" de estos fondos, sin detallar de donde toma el dinero para la
ejecución de proyectos en hospitales, compra de equipo médico y entrega del bono alimenticio.
El ministro de Obras Públicas, Edgar Romeo Rodríguez, respaldó esta declaración y aseguró que "no hemos podido ejecutar ningún proyecto" por la falta de fondos.
Esta confrontación con los empresarios del presidente salvadoreño se suman a las sostenidas con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y gobiernos vecinos, además de la tensa relación que mantiene con el Congreso y Corte Suprema.