Mapfre, la aseguradora de la que depende futuro de Hidroituango

La compañía estudia las pólizas que podrían cubrir hasta $10 billones por los daños ocasionados en el proyecto hidroeléctrico, que continúa en crisis. Empresas Públicas de Medellín (EPM), el constructor, está convencido de que la firma pagará por el siniestro.

El 28 de abril de 2018, Hidroituango inició su peor crisis. / AFP

Hace poco más de un año, el 28 de abril de 2018, una de las grandes promesas de la ingeniería en Colombia quedó en suspenso. La crisis en Hidroituango se inició con un desprendimiento parcial de material que taponó la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), un túnel que ayudaría a desviar el río Cauca y llenar el embalse del que debía alimentarse la hidroeléctrica. El hecho produjo un represamiento aguas arriba y amenazó con derrumbes. Después, siguieron una serie de eventos que agravaron la situación: se inundó el cuarto de máquinas, se alteró el río Cauca y 25.000 personas que vivían en el área de influencia de la obra fueron evacuadas ante el inminente riesgo. (Lea aquí: “Comienza un proceso jurídico largo”: gerente de EPM sobre costos de Hidroituango)

Desde entonces, los entes de control, los dueños del proyecto y las agremiaciones de expertos han intentado aclarar qué fue lo que sucedió y determinar además quiénes fueron los responsables de la emergencia en la que se produjeron enormes daños que, según expertos, tardarán al menos tres años en ser reparados. Hoy no existe una verdad absoluta. La Contraloría anunció que el mismo equipo que descubrió el descalabro en la Refinería de Cartagena (Reficar) ahora está auditando hasta el último detalle del proyecto Hidroituango, mientras que la Fiscalía concentra sus pesquisas en un supuesto daño ambiental y en posibles irregularidades en la contratación. (Lea aquí: Responsabilidades y dudas que deja la crisis de Hidroituango)

Por lo pronto, el ente acusador ya manifestó que encontró múltiples inconsistencias en el estudio del diseño y la ejecución de la obra y, por esta razón, llamó a imputación de cargos a Luis Gómez Atehortúa, exgerente de Hidroituango S.A., y a Luis Vélez Duque, exgerente de EPM Ituango. A su vez, la Procuraduría General de la Nación busca esclarecer si hubo improvisación o no en la toma de decisiones de la junta directiva de EPM y también por parte de los funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). (En video: ¿Qué ha pasado después de un año de la tragedia de Hidroituango?

Del lado contrario, las Empresas Públicas de Medellín (EPM), accionista y a la vez contratista para la construcción del proyecto, solicitó a la firma noruego-chilena Skava Consulting un estudio sobre las posibles causas de la emergencia. Esta empresa dejó entrever que el origen estaría en las deficiencias del diseño. Por eso, el foco volvió a apuntar al diseñador: el Consorcio Generación Ituango. El informe se basó en evidencias escritas, documentos y actas, ya que fue imposible realizar una inspección física, pues la boca del túnel está a 170 metros debajo del agua. 

Más de una tercera parte de los daños en Hidroituango esperan ser pagados con las pólizas con Mapfre. /Archivo

La Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, que también es dueña del proyecto hidroeléctrico, pegó el brinco al escuchar estas conclusiones porque, en caso de ser ciertas, los costos los tendría que asumir la sociedad dueña del proyecto (Hidroituango S. A.), entre otras razones porque se comprometió a cubrir los riesgos de diseño. No obstante, el gobernador Pérez insiste en lo contrario: que la culpa es del constructor y no del diseñador; es decir, que EPM es el verdadero responsable de la crisis y, por esta misma razón, la empresa que debe meterse la mano al bolsillo.

En medio de este rifirrafe, las aseguradoras y reaseguradoras adelantan sus propios estudios y finalmente son ellas las que determinarán quién tiene la razón, si hay lugar o no al pago de las pólizas adquiridas y en qué porcentajes. En entrevista con este diario, el gerente de EPM, Jorge Londoño, manifestó hace un mes que los sobrecostos calculados en $3 billones se cubrirán mediante cuatro fuentes de financiación: la operación de la caja de la empresa, diversas fuentes de crédito, enajenación de activos y las pólizas de seguro. No obstante, se abstuvo de mencionar el nombre de la aseguradora.

Semanas después, con un derecho de petición, EPM respondió a este diario y se pudo establecer que la aseguradora del proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) es la empresa Mapfre, como ya se había rumorado en algunos medios de comunicación. Con esta empresa se firmaron pólizas de “Todo Riesgo Construcción y Montaje” (que cubre hasta US$2.556’000.000 por daños materiales y US$628’000.000 por lucro cesante) y de “Responsabilidad Civil Extracontractual” (que cubre hasta $50.000’000.000). En resumen, algo así como $10 billones.

En otras palabras, bajo las consideraciones contempladas en estos seguros y definidas sus responsabilidades, se deberían pagar las “indemnizaciones por perjuicios causados a terceros, como consecuencia de daños materiales o personales que sufran en la ejecución del proyecto (…) y los costos de reparación o recuperación de la infraestructura por daños materiales sufridos como consecuencia de cualquier evento no excluido, así como el lucro cesante por el retraso en la entrada en operación”, sostuvo EPM a este diario. (Lea aquí: Así se vive aguas arriba de Hidroituango)

Jorge Londoño, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM). / Archivo

Mapfre analiza actualmente los daños que, según EPM, no están tasados en una cifra definitiva. “Mientras se realizan las definiciones y el diseño de las soluciones establecidas en el plan de recuperación del proyecto y se avance en su ejecución, se irán revisando a la luz de los costos de reparación de la infraestructura dañada y en el marco del contrato de seguro (…) Es un proceso colaborativo y avanza con la complejidad que implica un siniestro como este. Se espera tener respuestas de la aseguradora en los próximos meses”, agregó EPM, convencida de que los daños serán cobijados con el seguro de Mapfre.

Si Mapfre le da la razón a EPM, se tendría que iniciar un plan de pagos para reparar las obras y reponer los equipos dañados. En caso de que la aseguradora diga “no”, EPM presentaría una reclamación formal y usaría todos los recursos legales para hacer que la referida empresa pague. En cualquier caso, Mapfre no tendría que asumir los costos sola, pues, como sucede en este tipo de proyectos, está blindada con otras firmas llamadas “reaseguradoras”, en distintos porcentajes. El Espectador le preguntó a Mapfre los nombres de estas empresas que operan en el mercado internacional, pero no respondió.

Sin embargo, lo que sí se sabe es que EPM tiene su propia reaseguradora (Maxseguros) que, como lo reveló hace un año la alianza entre El Espectador y Connectas para la investigación Paradise Papers, fue creada en Bermudas en 2008 para proteger de riesgos a las empresas del Grupo EPM. La pregunta es: ¿por qué entonces, en el caso actual, no aseguró Maxseguros a Mapfre cubriendo los riesgos de Hidroituango? EPM explicó a este diario que la gestión del reaseguro estuvo a cargo de la Sociedad Pescadero Ituango S.A. en 2010, que fue la dueña inicial del proyecto. (Video: ¿Qué son las reaseguradoras cautivas y qué tienen que ver con Paradise Papers?)

La compañía estuvo compuesta por la Gobernación de Antioquia, por medio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), la Empresa Antioqueña de Energía —hoy Empresas Públicas de Medellín (EPM)—, Isagen, Integral y la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores de Antioquia. “Por tal razón no era posible la intervención de Maxseguros, empresa cautiva de reaseguro del Grupo EPM”, reiteró a El Espectador Tatiana Isaza Jaramillo, actual directora de seguros corporativos de EPM.

Una vez gestionado el reaseguro, mediante un proceso de selección pública de ofertas, se abrió después la contratación de la aseguradora en Colombia y en 2011 fue seleccionada Mapfre. Por eso, en sus manos están hoy parte de las disputas por los sobrecostos de Hidroituango, que espera generar el 17 % de la demanda de energía eléctrica del país y planea iniciar operaciones en 2021. Un objetivo que dependerá de las investigaciones penales, fiscales y disciplinarias y de las fuentes de financiación que ayuden a superar la crisis del proyecto de ingeniería, sin duda el más importante del país.

En video: ¿Qué ha pasado después de un año de la tragedia de Hidroituango?

 

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Redacción Investigación

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