Aída Merlano apeló su condena a 15 años de prisión el mismo día que se fugó

En tiempos de campaña, electoral Aída Merlano gozaba de una alta popularidad. / El Heraldo

Una cuerda roja y una moto fue todo lo que necesitó la excongresista Aída Merlano Rebolledo para escapar de la tutela del Inpec y darse a la fuga. ¿Sabía el odontólogo que la atendió de sus planes? ¿La cuerda se la facilitó alguien del centro médico donde era atendida o la obtuvo dentro de la cárcel? La Sijín de la Policía, anunció el Inpec, investiga estos y otros interrogantes que han salido a flote desde la tarde de este martes 1.º de octubre, cuando se confirmó que Merlano, condenada a 15 años de prisión, amarró la cuerda a una pata de un mueble y descendió por ella del tercer piso de un centro médico en el norte de Bogotá hasta la primera planta, para así volverse una prófuga.

Allí la aguardaba un motociclista que, a la vista de cualquier transeúnte, parecía un domiciliario. Los videos de seguridad muestran, incluso, que Merlano se cayó y que personas que pasaban por el lugar la auxiliaron, pero ella, con afán, siguió su camino, dejando tras de sí una polvareda de cuestionamientos por la que ahora el Inpec, especialmente, debe rendir cuentas. Era, a fin de cuentas, la única entidad responsable por Merlano, pues estaba enteramente bajo su custodia. El Inpec envió a la excongresista a la cita odontológica con dos guardianas. Tal parece que ni el número fue suficiente, ni ellas siguieron los protocolos para prevenir un escenario como el que se dio.

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Merlano Rebolledo dejó plantado hasta a su propio abogado defensor. El martes 1.º de octubre, el penalista Bladimir Cuadro y la excongresista tenían programada una diligencia en la cárcel El Buen Pastor con la Fiscalía: ella ofrecería información privilegiada y, a cambio, la Fiscalía certificaría esa cooperación ante la Corte Suprema en busca de que rebajara su pena. “Ese escenario ahora está bastante complejo”, le dijo Cuadro a este diario, y confirmó que justo en la mañana del martes, mientras Merlano se alistaba para salir a su cita odontológica, él radicaba en la Corte Suprema la apelación del fallo de la excongresista.

“Confiaría en que lo que ha pasado se entenderá como un escenario ajeno, externo frente a lo que se está apelando en el proceso”, señaló el litigante, quien explicó a El Espectador que el recurso se basa en tres argumentos esenciales: el primero, que se violaron las garantías fundamentales; el segundo, una crítica a la credibilidad que dio la Sala de Primera Instancia a los testigos que declararon contra Merlano, y, en último lugar, la dosificación de la pena, “que en visión de la defensa fue exagerada y desproporcionada”, indicó Cuadro. “Esto (su fuga) va a ser obviamente objeto de investigación, pero no tendría que afectar de manera alguna el recurso de apelación”, concluyó el abogado.

El pasado 12 de septiembre, la exrepresentante a la Cámara, elegida para el Senado por el Partido Conservador en marzo de 2018 con 73.250 votos, fue condenada por tres delitos: concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia de armas de fuego. Su fallo, sin embargo, deja ver un panorama mucho más complejo que unas elecciones torcidas: según el documento, Merlano encabezó una “organización conformada por empresarios, particulares y políticos en el departamento del Atlántico, con vocación de permanencia y con el fin de cometer delitos indeterminados, a objeto de perpetuar su hegemonía política en distintos cargos de elección popular a nivel nacional, departamental y municipal”.

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De acuerdo con la sentencia, esa “organización criminal”, creada para transgredir “los mecanismos de participación democrática a través de la corrupción al sufragante”, tuvo injerencia en los comicios de 2014, 2015 y, por supuesto, 2018. Y de esa manera “logró elegir” a Roberto Gerlein (cacique político de la Costa que llegó por primera vez al Congreso en los años 70) en el Senado para el período 2014-2018; a Laureano Acuña Díaz y a Merlano en la Cámara de Representantes para el mismo período, así como a Margarita Ballén Barranquilla, Jorge Luis Rangel Bello, Aissar Castro y Carlos Rojano Llinás. Este último, según el alto tribunal, es el segundo esposo de Merlano.

“La mayoría de estas personas fueron financiadas económicamente por el empresario barranquillero Julio Gerlein Echeverría, quien presuntamente haría parte del entramado criminal, y que entre otros propósitos tenía el de lograr que su hermano Roberto permaneciera en el poder, ya que venía ocupando el cargo de senador de la República desde hacía varios períodos constitucionales. Sobre esa financiación, la propia procesada corroboró la información ya evidenciada en su intervención en la audiencia pública”, reza la sentencia, en la cual se lee que los diputados del Atlántico José Manuel Daniels y Merly Miranda Benavides también se beneficiaron de esta estructura.

El fallo, además, menciona a otra importante familia política de Barranquilla: los Char. De acuerdo con lo plasmado en el documento, cuando Roberto Gerlein anunció que dejaba el Congreso en junio de 2018, se pactó que lo reemplazaría Aída Merlano. “Para alcanzar el escaño, lo revela el informe de contexto del CTI, hicieron coalición con la familia Char, con miras a obtener votos en otros departamentos, como Bolívar y Magdalena, con el compromiso de que Aída Merlano apoyara a Lilibeth Llinás como su fórmula a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical (exesposa de Carlos Rojano y hermana de Adalberto Llinás Rojano)”.

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De todos estos señalamientos escapó Aída Merlano este martes usando una cuerda roja. Ella había solicitado prisión domiciliaria para estar cerca de sus dos hijos, pero la Corte lo negó alegando que el padre de los menores o los hermanos de la procesada podían hacerse cargo. Pidió que la ubicaran en una prisión de Barranquilla por la misma razón, y la Corte, de nuevo, rechazó su solicitud. Su defensa señaló también que a Merlano no la habían atendido conforme a los problemas de salud mental que padece, que la ha llevado a cometer varios intentos de suicidio. Pero el tema tampoco caló entre los magistrados. Ahora, con $10 millones de recompensa, la Policía espera recapturarla.