Álvaro Uribe, Mario Uribe y el fantasma de los falsos testigos

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Hace trece años se fraguó un complot contra la Corte Suprema en el que salió a relucir el exsenador y primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy, nuevamente, está bajo sospecha por posible manipulación de testigos. Esta es la historia de dos escándalos en los que su nombre se repite.

Los destinos de Álvaro Uribe Vélez y Mario Uribe Escobar siguen encontrándose en la tras escena de los expedientes judiciales. Ocurrió en el pasado, en pleno terremoto de la parapolítica, cuando Uribe Escobar, detenido y procesado por sus nexos con las autodefensas, resultó salpicado en un escándalo de marca mayor por manipulación de testigos. Y parece repetirse hoy, tras la captura del expresidente Uribe Vélez, ordenada el pasado 3 de agosto. Al resolver la situación jurídica del senador y jefe natural del Centro Democrático, la Corte Suprema de Justicia también pidió investigar a su primo, el exsenador Mario Uribe Escobar, por los mismos delitos: fraude procesal y soborno. Con trece años de distancia entre un episodio y otro, pero con sorprendentes similitudes en los hechos y protagonistas, Uribe Vélez y Uribe Escobar vuelven a cruzar sus caminos con la justicia.

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Todo empezó en 2007. Álvaro Uribe Vélez despachaba entonces desde la Casa de Nariño y vivía una luna de miel con el país. Entre tanto, Mario Uribe Escobar fungía como uno de los más influyentes senadores de la guardia pretoriana del uribismo y era el jefe del partido Colombia Democrática. Por esa época la Corte Suprema de Justicia avanzaba en sus investigaciones sobre la parapolítica y el nombre de Mario Uribe Escobar empezó a volverse reiterativo cuando el alto tribunal comenzó a indagar el capítulo de Antioquia. En julio de ese año la Corte le abrió una investigación preliminar y el 26 de septiembre lo llamó a indagatoria. De inmediato Uribe Escobar renunció al Congreso para evitar las pesquisas del alto tribunal, y el DAS emprendió una operación de espionaje y desprestigio contra el magistrado auxiliar que coordinaba la parapolítica: Iván Velásquez Gómez.

Dieciséis días antes, el 10 de septiembre de 2007, en desarrollo de la investigación contra Mario Uribe, el magistrado Velásquez Gómez tuvo un encuentro en el Tribunal de Medellín con el exparamilitar José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, quien se le arrimó a preguntarle si podía obtener beneficios por su colaboración con la justicia. El magistrado le preguntó si tenía conocimiento de relaciones ilegales entre congresistas y paramilitares. En esa conversación salió a relucir el nombre de Juan Carlos el Tuso Sierra, un narcotraficante de vieja data que terminó colándose en el proceso con las autodefensas. De acuerdo con el expediente, hasta ahí llegó la charla del magistrado Velásquez con Tasmania, pero el complot ya estaba en camino. Y ese encuentro sería la excusa para enlodar a la Corte Suprema.

Antes de avanzar, un poco de contexto: Tasmania y el Tuso Sierra tenían el mismo abogado: Sergio González Mejía, un hombre tan bien conectado que resultó siendo vecino de finca del ganadero Santiago Uribe Vélez. Con otra coincidencia más: González Mejía tenía su bufete de abogados en Medellín en el mismo edificio donde el senador Mario Uribe Escobar tenía su oficina. Por cierto, el Tuso Sierra y Uribe Escobar eran paisanos —ambos nacieron en Andes, Antioquia— y habían hecho negocios en el pasado. De vuelta a la historia, el 11 de septiembre de 2007, un día después de la charla entre Tasmania y Velásquez, el exparamilitar recibió a su abogado en la cárcel de Itagüí. Sergio González le llevó una carta redactada y le pidió que le pusiera su huella y su firma. Tasmania lo hizo sin siquiera leerla, cumpliendo órdenes de González y el Tuso Sierra.

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Así empezó esta conspiración contra la Corte. La carta aseguraba que el magistrado Velásquez Gómez le había ofrecido a Tasmania beneficios procesales a cambio de que declarara en contra de Álvaro Uribe. En concreto, que el presidente había mandado a matar, en 2003, a alias René, un comandante paramilitar del suroeste antioqueño. El propio Tasmania confesó tiempo después que su abogado, el Tuso Sierra y “unos señores muy poderosos” le ofrecieron $400 millones, una casa para su mamá e incluirlo en Justicia y Paz si se mantenía en esa mentira. Tasmania aceptó, pero pronto se dio cuenta del error garrafal que había cometido. Después apareció el DAS en escena para llevar la carta hasta el Palacio de Nariño. Siguiendo órdenes de la directora María del Pilar Hurtado, la funcionaria Martha Leal se desplazó a Medellín para recoger el documento.

Leal le contó a la justicia que recibió copia de la carta de Tasmania en un sobre cerrado de manos del conductor del senador Mario Uribe Escobar. La carta original quedó en poder del Tuso Sierra. Como si fuera un asunto de seguridad nacional, María del Pilar Hurtado enteró de toda la situación a Bernardo Moreno, secretario general de Palacio. Con la carta de Tasmania en su poder, el presidente Álvaro Uribe llamó al presidente de la Corte Suprema, magistrado César Julio Valencia, para quejarse de Iván Velásquez Gómez y denunciar un complot contra la Casa de Nariño. Y el 8 de octubre de 2007 el jefe de Estado convocó a una rueda de prensa en la que reveló el contenido de esa carta, la emprendió contra la Corte Suprema de Justicia y aseguró que había intereses oscuros del coordinador de la parapolítica para enlodarlo. Habló entonces de falsos testigos.

Iván Velásquez Gómez quedó en entredicho. La Corte reclamó independencia y se abrieron las investigaciones de rigor. Tasmania no soportó la presión por mucho tiempo y se fue quedando solo. El 13 de mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó a los Estados Unidos a catorce exjefes de las autodefensas, incluido el Tuso Sierra. Un mes después, el 13 de junio de ese año, Tasmania le pidió perdón a Velásquez, confesó que jamás le cumplieron lo pactado, que temía ser asesinado y que su abogado Sergio González lo urdió todo para beneficiar a “esos señores poderosos”. Aún más, el día antes de retractarse, el abogado Sergio González visitó de urgencia a Tasmania en la cárcel para decirle que no lo hiciera, que sí le iban a pagar lo prometido y que pensara en las personas con las que se iba a meter.

El 27 de febrero de 2013, en la sentencia que condenó al abogado Sergio González a setenta meses de prisión por este complot, se reseña el testimonio que le dio a la justicia el exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. “Cuando se destapó la verdad del escándalo, cuando los medios de comunicación conocieron que todo fue un burdo montaje, eso fue una noche que salió por la prensa, al día siguiente, lo digo bajo juramento, se presentó en la cárcel de Itagüí el abogado Sergio González y habló con Tasmania en las escalas del patio donde se juega basquetbol y, estando yo sentado ahí, escuché cuando le decía que él no podía prestarse para eso, que recordara que había gente muy poderosa comprometida en ese asunto, que recordara quién era Mario Uribe, que recordara quién era Santiago Uribe Vélez. Eso lo hizo el doctor Sergio González”.

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A pesar de estos señalamientos, el único condenado por esta emboscada a la justicia fue González. Ni Mario Uribe Escobar ni Santiago Uribe Vélez fueron investigados. El exmagistrado Iván Velásquez declaró en su momento que la Fiscalía se había quedado a medio camino y reprochó que una conspiración de estas dimensiones, que llegó a enfrentar a la Casa de Nariño con la Corte Suprema de Justicia, se la hubiera inventado solito el abogado González. A propósito de González, Martha Leal (exfuncionaria del DAS) aportó más detalles. Ella declaró que la directora María del Pilar Hurtado le asignó en su momento la tarea de tener contacto permanente con González y que, por esa vía, con equipos del DAS, terminaron grabando en la cárcel a varios jefes paramilitares para desacreditar a la Corte Suprema. Fue la antesala de la famosa reunión en “la Casa de Nari”.

Luego vendrían los escándalos de la yidispolítica, la multiplicación de las ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la fuerza pública y el acecho del DAS a la Corte Suprema de Justicia, que terminaron en condenas de muy cercanos colaboradores del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese contexto el caso Tasmania fue cayendo en el olvido y, en febrero de 2011, la Corte Suprema condenó a Mario Uribe Escobar a noventa meses de prisión por el delito de concierto para delinquir en el marco de la investigación de la parapolítica. Cinco años después, en febrero de 2016, la Fiscalía capturó a Santiago Uribe Vélez por el crimen del conductor Camilo Barrientos, perpetrado en 1994 en Yarumal, Antioquia, por el grupo paramilitar de los doce apóstoles. Su hermano, Álvaro Uribe, ya en el Senado, defendió su inocencia y volvió a hablar de falsos testigos.

Ya entonces el senador Iván Cepeda había promovido debates de control político contra Uribe Vélez y su pasado. Y ya había salido a relucir el nombre del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y sus acusaciones de que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe, se habrían promocionado grupos de autodefensa a mediados de los años 90. Álvaro Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema, lo acusó de liderar un cartel de falsos testigos para injuriarlo y prometió que probaría eso ante los estrados judiciales. En febrero de 2018, sin embargo, la Corte archivó el expediente en favor de Cepeda y pidió investigar a Uribe Vélez por lo mismo. Las maniobras de su abogado Diego Cadena en las cárceles del país resultaron definitivas para que el senador Uribe Vélez quedara bajo sospecha. Hoy Cadena está, como su cliente, en detención domiciliaria.

(“Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo”, dice abogado del senador)

¿Pero, cómo llegó Diego Cadena, un abogado conocido por defender a mafiosos de alto vuelto, a representar al expresidente? La respuesta, nuevamente, vuelve a cruzar los destinos de Álvaro y Mario Uribe. En su interrogatorio a la Fiscalía, del 5 de noviembre de 2019, Diego Cadena contó que a principios de 2017 se entrevistó en una cárcel de Miami con el narcotraficante Ramón Quintero, quien le dijo que tenía información para desmentir al principal testigo contra Santiago Uribe: el mayor Juan Carlos Meneses. Entonces, añadió Cadena, buscó un contacto con la familia Uribe y este se dio a través de Mario Uribe Escobar. Es más, en febrero de 2017 el propio Mario Uribe acompañó a Cadena a verse con Álvaro Uribe en su casa de Rionegro. Fue la génesis de los problemas que hoy tienen a Cadena y Uribe Vélez señalados de intentar sobornar testigos.

Ese día de febrero de 2017, según Cadena, el expresidente le dijo: “Esa información [de Ramón Quintero] yo ya la había escuchado, me interesa mucho ayudar a mi hermano porque él es un testigo importante y me cuenta: ‘Doctor Diego, cómo le parece que yo recibo tanta información y me da pena decirlo, pero el doctor [Jaime] Granados no hace nada por ayudarme a esclarecer esto. ¿Usted se le mide a ayudarme?’”. Cinco meses después, en julio de 2017, ya Cadena se había entrevistado en la cárcel de Palmira con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, uno de los principales testigos en el caso Uribe. ¿Cómo llegó Cadena a Víctor? Otra vez, el nombre del exsenador Mario Uribe salió a relucir en el proceso. Es más, en la providencia de 1.554 páginas que ordenó la captura de Álvaro Uribe el nombre de Mario Uribe aparece mencionado 49 veces.

Y buena parte de esas menciones se relacionan con Samuel Arturo Sánchez Cañón, abogado del exparamilitar Carlos Enrique Vélez y quien resultó siendo muy cercano del excongresista Mario Uribe. Vélez le contó a la Corte Suprema cómo se fraguó el montaje contra Iván Cepeda y señaló que su abogado Samuel Sánchez tenía un interés en favorecer a Mario Uribe. El testigo relató que fue a través de Sánchez que Diego Cadena llegó a su celda, en julio de 2017, para que le firmara un documento que había hecho previamente para incriminar a Iván Cepeda en una operación de compra de testigos. Vélez insistió en que no conocía a Cepeda, pero que sí firmó esa carta y otra más en febrero de 2018 que le dictó el abogado Sánchez. Tras estas versiones, Cadena le empezó a dar dinero a Vélez. Según Cadena, como ayuda humanitaria. Para la Fiscalía, era un claro soborno.

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Con algo más: el testigo Carlos Enrique Vélez también confesó que el 1° de diciembre de 2016 declaró contra Cepeda en una diligencia que fue tan extraña que la propia Corte dejó constancia. Todo, según parece, habría sido orquestado por su abogado Samuel Arturo Sánchez, a quien en el pasado Vélez le oyó decir que se había reunido con Mario Uribe para “cuadrar” unos asuntos. La Corte Suprema, además, descubrió que Mario Uribe Escobar le hizo varias consignaciones por más de $5 millones al abogado Sánchez. Transferencias que coinciden con el plan para enlodar a Iván Cepeda. “Claramente los giros realizados desde 2015 y 2016, época en la que Samuel Sánchez Cañón era abogado de Carlos Enrique Vélez, permiten advertir y confirmar la versión de este en torno a los ‘tratos’ entre ellos sostenidos”, recalcó la Corte en referencia a Uribe Escobar y Sánchez Cañón.

El alto tribunal, además, documentó que el abogado Samuel Arturo Sánchez tiene anotaciones penales por el presunto delito de soborno a testigos y que parte de la conspiración contra Iván Cepeda incluía que Carlos Enrique Vélez dijera que Cepeda le había ofrecido beneficios si vinculaba al ganadero Santiago Uribe en el crimen de un sujeto llamado Gabriel Ángel Cartagena. Para la Corte, entonces, sería el expresidente Uribe quien habría promovido el uso de testigos falsos en todo este proceso y, en ese escenario de cuestionamientos, la figura de Mario Uribe Escobar resulta clave. En el caso Tasmania, el abogado que terminó involucrado y condenado se llama Sergio González, muy cercano de Mario Uribe. En este nuevo expediente, el abogado bajo sospecha se llama Samuel Arturo Sánchez, también muy cercano de Mario Uribe.

En el caso Tasmania, hace trece años, se intentó desacreditar a Iván Velásquez y a la Corte Suprema de Justicia —que entonces investigaba a Mario Uribe—. En esta ocasión, el objetivo era enlodar al senador Iván Cepeda, denunciante de Álvaro Uribe. Para ello se buscó al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. De tal manera, que Tasmania y Víctor tienen todo en común. Aún más: en la extensa providencia que determinó la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe, se acredita de forma detallada el montaje del caso Tasmania. Y, además, se critica que hoy se pretenda mostrar al narcoparamilitar Juan Carlos el Tuso Sierra como un testigo favorable al expresidente o un testigo creíble, cuando fue uno de los principales promotores del complot contra la Corte Suprema hace trece años.

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El miércoles de esta semana el expresidente Uribe trinó lo siguiente: “Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”. Uribe Vélez insiste en su inocencia y sostiene que ha sido él la víctima del complot. Lo mismo ha dicho su hermano, Santiago Uribe, cuyo expediente por el caso de los doce apóstoles está para fallo. Como se recordará, Diego Cadena empezó a representar a Álvaro Uribe en 2017 con el fin de desmentir al principal testigo contra Santiago Uribe. Y tanto en el episodio Tasmania como en el proceso contra Uribe Vélez, un mismo nombre se repite: Mario Uribe Escobar, a quien parece acechar el fantasma de los falsos testigos.

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