El gobernador Aníbal Gaviria seguirá detenido, dice la Corte Suprema

A Aníbal Gaviria le dieron medida de aseguramiento por presuntas irregularidades en un contrato de mejoras viales de la Troncal de la Paz en 2005.

Foto: Archivo Particular

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, seguirá con detención preventiva. Tras estudiar una solicitud de la defensa del mandatario departamental, sumada a una de la Procuraduría, que pedían dejarlo en libertad, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la decisión de la Fiscalía de imponerle medida de aseguramiento mientras es investigado formalmente. Gaviria está en líos por supuestas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz en su primer periodo como gobernador, entre 2004 y 2007.

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Y es que, en plena pandemia del COVID-19, la Fiscalía revivió una investigación de más de 15 años contra Gaviria, lo llamó a indagatoria y ordenó privarlo de su libertad. La decisión, del pasado 5 de junio, indignó a empresarios antioqueños, a congresistas y a otras personalidades, que le expresaron su apoyo al gobernador. Sin embargo, con Gaviria en casa, el presidente Iván Duque tuvo que nombrar a un mandatario encargado. En paralelo, la defensa del político paisa le pidió a la Corte Suprema que tumbara la orden de detención domiciliaria, que definió el pasado miércoles.

El espinoso tema cayó en manos del magistrado Ariel Augusto Torres, que le dio la razón a la Fiscalía y se abstuvo de tumbar la detención preventiva. Sus dos compañeros de la Sala de Primera Instancia estuvieron de acuerdo y concluyeron que la resolución de situación jurídica del Gobernador de Antioquia contó con el debido fundamento jurídico. Es decir que la decisión de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva era totalmente ajustada a la ley y proporcional.

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La Corte desestimó los tres argumentos de la defensa de Gaviria para pedir que lo dejaran en libertad. En primer lugar, el alto tribunal ratificó que el fiscal que le impuso la medida de aseguramiento actuó en el marco de sus funciones. Esto, pues a Gaviria lo investigan por hechos ocurridos antes de 2006, cuando entró en funcionamiento en Antioquia el Sistema Penal Acusatorio. La fecha es fundamental, pues de haber sido hechos posteriores a este año, los llamados a decidir si imponerle una medida de aseguramiento a Gaviria serían los magistrados de control de garantías del Tribunal de Medellín.

“Ninguna ilegalidad advierte la Sala en torno a la competencia del fiscal para proferir medida de aseguramiento al amparo de los lineamientos procesales, pues el sistema procesal establecido en la Carta Política (...) otorga a la Fiscalía General de la Nación la facultad de investigar las conductas delictivas, acusar ante los jueces a sus presuntos responsables y asegurar su comparecencia adoptando las medidas de aseguramiento respectivas, procede entonces seguir avanzando en el estudio de las propuestas que la defensa presenta”, señala la decisión de la Corte conocida por este diario.

En segundo lugar, la Corte verificó que los delitos por los que está siendo investigado Gaviria —contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros— tienen una pena superior a los cuatro años, requisito que exige el Código Penal para imponer detenciones preventivas. Y, por último, para el alto tribunal las pruebas dan para inferir una posible vinculación de Gaviria con las irregularidades de la Troncal de la Paz, aunque la Corte dejó claro que no entraría a revisar la responsabilidad penal del gobernador pues no era la instancia para hacerlo.

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Este proceso se remonta a cuando Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia por primera vez entre 2004 y 2007. Según la Fiscalía, “el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663′432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $ 1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”.

“Si se revisa con detenimiento la medida de aseguramiento, con apoyo en la abundante prueba documental y la de indole testimonial recaudada, cuya legalidad en su recaudo no es materia de cuestionamiento con la seriedad y objetividad que el ordenamiento reclama, a11í se indica que se autorizó el pago de anticipos con dineros oficiales respecto de los cuales se pregona haberse presentado el delito de peculado en favor de terceros, sin que se hubiere expedido acto aprobatorio de las garantias de buen uso, estabilidad y cumplimiento, que las normas que rigen la contratación pública exigen”, señaló el alto tribunal.

La Fiscalía afirma que Gaviria, como gobernador, era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía vigilar este proceso. En este caso, se asegura que el anticipo habría sido pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. “Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos”, señaló el ente investigador el pasado mes de junio.