Por caso Springer, Procuraduría creó comisión especial

Hace unos días se conoció que la Procuraduría General ordenó abrir una investigación preliminar con el fin de establecer si hubo o no irregularidades en la celebración y ejecución de los tres contratos que la Fiscalía le ha asignado, de forma directa, a la firma Springer Von Schwarzenberg por un valor de $4.267 millones. Lo que deja ver el documento que así lo ordena y que fue conocido por El Espectador (Ver auto de apertura de investigación), es que para el Ministerio Público este asunto tiene tal relevancia que creó una comisión especial disciplinaria para investigarlo.

La comisión, creada el pasado 17 de noviembre por orden del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, está integrada por María Lorena Cuéllar, procuradora delegada para la contratación estatal; María Consuelo Cruz, delegada para la moralidad pública; y Gustavo Castro Capera, procurador segundo delegado para la Vigilancia Administrativa. Apoyándose en la denuncias que la revista Semana y que este diario publicaron en septiembre de este año, la comisión resolvió abrir la indagación preliminar por los contratos firmados entre Fiscalía y la firma Springer.

Esa comisión especial tomó ciertas decisiones para arrancar: pidió escuchar al exfiscal Alejandro Ramelli, un hombre clave en este tema porque, como director de la Unidad de Análisis y Contexto (Unac) de la Fiscalía, fue el encargado de vigilar el primer contrato de la firma Springer, y tal como dejó documentado ante autoridades antes de su retiro de la Fiscalía, presentó diversas observaciones a la calidad y utilidad del primer producto entregado por la firma contratista. Una entrevista de Ramelli concedida a este diario también fue fundamental para la Procuraduría.

La comisión especial de la Procuraduría también determinó que oirá a Nitza Vidales, secretaria privada del despacho del fiscal Eduardo Montealegre. Fue ella quien, por instrucciones del fiscal Montealegre, designó como interventor de los contratos al jefe de la Oficina de Informática de la Fiscalía, Carlos Ariel Useda Gómez. Esta decisión levantó interrogantes, pues no era claro porqué el ingeniero de sistemas era idóneo para evaluar una investigación sobre violaciones a los derechos humanos por parte de grupos guerrilleros.

Adicionalmente, la comisión ordenó a la Fiscalía facilitar una serie de documentos que servirían como pruebas en la investigación, entre ellos “copias de los estudios previos que fundamentaron la contratación realizada por la Fiscalía con la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S. A. S.” y el manual de contratación para 2013, 2014 y 2015. El procurador Ordóñez, sin embargo, resaltó que esta no es una investigación contra el fiscal general, pues por su fuero sólo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes podría investigarlo.