Consejo de Estado vuelve a decirle no a demanda de Alessandro Corridori

El inversionista italiano fue procesado por los delitos de concierto para delinquir, manipulación de especies y administración desleal agravada. / Archivo El Espectador

Al revisar una tutela en contra de una decisión del Consejo de Estado, el alto tribunal volvió a negarle una millonaria indemnización que pedía el inversionista italiano Alessandro Corridori. Según el recurso judicial, el protagonista del escándalo por el fraude en la empresa Fabricato buscaba una indemnización de $181 mil millones porque, según él, la Superintendencia Financiera le causó un daño moral y sicológico.

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Según Corridori, dicha entidad no protegió sus inversiones, donde tenía casi 2.000 millones de acciones, ni en otras compañías. En su concepto, el Estado fue el verdadero responsable de la debacle financiera. En cada instancia una de las instancias en donde se ha estudiado el caso, la justicia le ha negado las pretensiones. El Consejo de Estado acaba de negar una nueva pues, explicó, una tutela no era el medio idóneo para impugnar la decisión del alto tribunal, en diciembre del año, en la que negó las pretensiones del inversionista.

El nombre de Alessando Corridori es usual escucharlo en los corredores del mundo judicial por su supuesta participación en un fraude en la empresa Fabricato. La Fiscalía lleva una investigación en su contra porque, al parecer, el inversionista, sus compañías y allegados, habrían triplicado el precio de la acción de Fabricato. En desarrollo del proceso judicial se levantó la reserva bursátil, que usualmente no permite saber quién es la contraparte de una compra o venta de acciones.

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Pero en este caso se sabe que cuando Corridori vendía, había alguien allegado a él que compraba. En palabras castizas, un negocio de “yo con yo”. No obstante, Corridori aseguró en las demandas que había más interesados por la acción de Fabricato, pero no reveló quiénes fueron los otros inversionistas que estuvieron comprando el título mientras él lo hacía. Por estos hechos el inversionista italiano fue procesado por los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies, administración desleal y operaciones no autorizadas.