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Las auditorias de cumplimiento que realizó la Contraloría a entidades encargadas de la prestación de servicios de alimentación, vigilancia electrónica, infraestructura y atención en salud de población presa a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), dejan serias irregularidades. Este lunes, la entidad entregó un informe con11 hallazgos fiscales, por un valor de $1.800 millones, de los cuales ocho fueron traslados a la Fiscalía General por posibles investigaciones penales. (Lea: La defensa de María Cristina Palau tras su salida de la Uspec)
La Contraloría sostiene que estas anomalías “confirman la incapacidad” de las funciones que tiene a cargo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad encargada de garantizar el funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios, y la inoportuna respuesta en materia de infraestructura. La entidad encontró un rezago en el cumplimiento de cupos, que se agravó, al parecer, con la decisión de la Uspec de ejecutar los recursos a través de un contrato con el Fonade y que propuso, nuevamente, la puesta en marcha de planes de mantenimiento de las cárceles del país.
La Uspec “reconoce un rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, situación evidenciada tanto en el control a la ejecución contractual, como en las visitas efectuadas por la Contraloría a la infraestructura carcelaria inaugurada, pero que, para la fecha de la auditoría, se encontraba pendiente de recibo, como es el caso del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué Coiba”, manifiesta la Contraloría que, a su vez, dice que en otros cosos la infraestructura se encontraba en operación sin contar con las condiciones necesarias para su funcionamiento, como la cárcel de El Espinal (Tolima). (Lea: Fiscalía confirma que no intervino oficinas de la Uspec este martes)
Contraloría dice que Inpec intenta hacer lo que no hace la Uspec
Para la Contraloría, la demora de la Uspec en el funcionamiento del Plan de Mantenimiento, así como la ejecución de las reparaciones locativas y atención a necesidades prioritarias en materia de infraestructura, han motivado a que el Inpec, que carece de competencia, destine recursos y realice convenios con entidades territoriales para intervenir la infraestructura de las cárceles. (Le podría interesar: No hay problema con los brazaletes electrónicos de los condenados: Uspec)
“Además de generar posible extralimitación de funciones, lleva a que se puedan estar efectuando duplicidad de inversiones”, dice la Contraloría. En el informe, por ejemplo, explica que en 2016 el Inpec suscribió ocho convenios por $130 millones y 38 convenios en 2017 por $2.009 millones para la infraestructura a nivel nacional. Pero lo que cuestiona la entidad es que esa competencia le corresponde a la Uspec.
Fallas en la vigilancia electrónica
En este caso, al Contraloría dice que lo contratado solo cubre aproximadamente el 10% del total de la población. “La capacidad operativa del Inpec para efectuar monitoreo y seguimiento a las alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electrónica (SVE) es mínima, frente a la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y vigilancia para realizar verificaciones de campo”, explica el organismo de control fiscal.
Precisamente, sobre la SVE, la auditoria encontró que la Uspec no contaba con un control efectivo de los dineros entregados a título de anticipo, ni se estipuló la obligación ni devolución de rendimientos financieros sobre los recursos entregados a dicho título por parte del vendedor. También, dice la Contraloría, se modificó la ficha técnica del negocio y el valor del servicio diario pasó de $17.556 a $20.093 con posterioridad a la adjudicación. “Tal modificación implicó que se incrementó el valor de facturación mensual, una vez adjudicada la operación en bolsa”, dice el informe. (Lea: Garantizan financiación para ampliación de cupos carcelarios)
La Contraloría afirma que en la negociación en bolsa, la Uspec debía pagar un dinero diario por los dispositivos recibidos al margen de que los mismos hayan sido instalados a los destinatarios, con lo que se podría estar cancelando dinero por servicios no recibidos. Para la entidad, “este tipo de condiciones de negociación se pactaron en detrimento de los intereses de la entidad y la población destinataria de los servicios”.
El organismo de control fiscal encontró otros hallazgos como una cláusula de un convenio suscrito entre Uspec y Fonade por entregar la propiedad de los rendimientos financieros de las sumas entregadas de manera anticipada a Fonade; las deficiencias en la supervisión, que llevaron al recibo y pago de obras no realizadas o trabajos que no corresponden con la especificación contratada en establecimientos penitenciarios de Chocontá (Cundinamarca), Manizales y Salamina (Caldas), Acacías (Meta) y Bucaramanga (Santander).
“Se encontraron contratos de operación y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ptap) y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) en ciudades donde las respectivas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios certificaron que el servicio de potabilización de agua y disposición final de aguas residuales venía siendo atendido por ellas”, explica la Contraloría respecto a otra irregularidad.
Atención a la salud
Por otro lado, la entidad sostiene que se destinaron recursos a la Uspec por concepto de implementación de la salud en gastos y contratos por fuera de la destinación específica, para lo cual fueron presupuestados, por más de $6.200 millones. Y de esos recursos, según el informe, $5.500 millones fueron ejecutados para financiar una adición a un contrato entre la Uspec y Fonade, para la adquisición y mantenimiento de equipos biomédicos. Y con los restantes $701 millones, al parecer, se pagó otro contrato de póliza de seguros, hechos que fueron trasladados a la Fiscalía General.
“La USPEC no transfirió durante la vigencia 2016 recursos por el mismo concepto al Fondo, por valor de $5.009 millones, dineros que por falta de apropiación fueron reintegrados al Tesoro Nacional, situación que además de no contar con la debida justificación, puede llegar a afectar la financiación del servicio en la respectiva vigencia fiscal y por ende generar faltante de recursos para la atención final en salud”, dice la Contraloría. (Le podríam iinteresar: Crisis de salud, otro tumor para el sistema carcelario)
Contraloría entrega hallazgos sobre la selección en Bolsa a la Fiscalía
La Contraloría atendió la denuncia interpuesta por la senadora Claudia López, en relación con la selección de los proveedores de alimentación de la población privada de la libertad a cargo del Inpec, para lo cual, explica el informe, "efectuó pruebas en el proceso de estudios previos y elección de la Bolsa Mercantil como procedimiento de escogencia de los proveedores de alimentación a esta población objeto”.
Como resultado de este labor, la Contraloría detectó posibles sobrecostos de diferencias en las comisiones pactadas con los dos comisionistas de Bolsa que representaron los intereses de la Uspec en las operaciones de mercado abierto, por $36 millones, así como incumplimiento en requisitos esenciales en materia de contratación, lo que también motivó el traslado del hallazgo al ente investigativo.