Corte de cuentas a la Jurisdicción Especial para la Paz (análisis)

En la JEP hay más de 308.000 víctimas acreditadas que han intervenido en 463 versiones en las que han participado 736 comparecientes.

Foto: JEP

En marzo de 2017 nació el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SINJRNR), compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el contexto y en razón del conflicto armado. Hoy, tres años y ocho meses después, son varios los hechos que han puesto las miradas específicamente sobre la JEP, pues sus opositores y voces más críticas la acusan de estar en deuda, argumentando que es un andamiaje bastante costoso para el Estado, que no ha reportado resultados efectivos ni concretos sobre las responsabilidades asignadas.

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Por un lado, se advierte sobre su costo, dado que su funcionamiento durante 2019 ascendió a $202 mil millones y su presupuesto para este año fue de $201 mil millones, ligeramente menor un 0.5 por ciento. La mayoría de sus gastos, cerca de $172 mil millones, se destinan actualmente para cubrir la nómina, es decir, un 85 por ciento de sus recursos se invierten en el talento humano.

Así mismo, se le acusa de que únicamente se ha centrado desde su creación a dos temas puntuales: tratar de aclarar y conocer la verdad sobre los hechos relacionados con el secuestro y los falsos positivos –ambas cosas ampliamente discutidas en la justicia ordinaria–; de hecho, se considera que está en deuda pues son varios los temas que no se han podido juzgar, especialmente aquellos que se asocian a la vulneración sistemática de los derechos humanos durante un conflicto armado que duró más de 50 años con la antigua guerrilla de las Farc.

En otras palabras, este tribunal, según las voces más críticas, pareciera que solo se ha enfocado en estos dos aspectos: la retención ilegal de personas y al involucramiento de miembros del Ejército en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate.

::Un año de la Jurisdicción Especial para la Paz::

Aunque su mandato inicialmente es por quince años, más cinco de prórroga para que el tribunal pueda tratar de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado hasta el 1° de diciembre de 2016; hoy, luego de tres años y ocho meses, es evidente que los cerca de 1.340 días no han sido suficientes para hacer un estudio riguroso y sancionar todos los delitos que se cometieron en el país durante el último medio siglo; de hecho, el balance de la JEP, que dejó la saliente magistrada Patricia Linares, aún no termina de convencer.

Se habla de 12.617 personas sometidas al sistema entre exintegrantes de las Farc, militares y terceros civiles; 33.400 decisiones judiciales adoptadas que, entre otras cosas, incluyen 270 peticiones de amnistías concedidas y 1.749 negadas, 394 libertades transitorias condicionadas otorgadas y 124 rechazadas, además de 66 garantías de no extradición tramitadas. Igualmente, entre las cifras que involucran los resultados de participación de las víctimas en los procesos que se han llevado hasta el momento en el tribunal, se conoce que, a la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha recibido más de 311 informes presentados por organizaciones, colectivos de víctimas e instituciones del Estado. Actualmente hay más de 308.000 víctimas acreditadas que han intervenido en 463 versiones en las que han participado 736 comparecientes.

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Hoy entre las prioridades de este organismo que, al menos en el papel parecen ser las correctas, se ha dado la mayor importancia a los siete hechos más graves y representativos que este tribunal ha decidido agrupar en siete “macrocasos”.

El primero, está relacionado con el secuestro; el segundo, con la situación de violación de los derechos humanos en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño); el tercero, con los falsos positivos; el cuarto, con la situación humanitaria en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó); el quinto, también con la situación humanitaria de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono (Cauca); el sexto, con la victimización de los miembros de la Unión Patriótica (UP); y el séptimo, con el reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado.

Sin embargo, después de más de tres años y medio de trabajo de la JEP, algunos de estos “macrocasos” continúan abiertos; de hecho, poseen cuatro características comunes que se han convertido en grades escollos para la acción judicial. Uno, la impunidad; dos, la gran cantidad de afectados por el conflicto, que ya superan los 9 millones de personas; tres, la negligencia del Estado para facilitar una defensa a las víctimas; y cuatro, la lentitud con que avanza la judicialización en los procesos.

Ahora, si de por sí el ya ineficaz sistema judicial se encuentra desbordado de casos, pues según un reciente estudio de la Contraloría General de la República, mientras que en los países miembros de la OCDE, por cada 100 mil habitantes existen 65 jueces; en Colombia, por ese número de personas, solo hay 11; cifras preocupantes y que evidencian que la JEP tiene una misión titánica, dado que en lo que respecta a la impunidad, se confirma en que el 95 por ciento de los hechos delincuenciales cometidos durante el conflicto armado hoy no cuentan con condenas; la masividad, que se explica en que, según las últimas cuentas, hay más de 9 millones de víctimas, la cuarta parte de la población del país, también ha dificultado la acción de la justicia; la pobre representación legal de las víctimas, las cuales han tenido en su mayoría dificultades para encontrar abogados de oficio que los puedan defender; y finalmente, la lentitud que avanza a pasos de tortuga de los procesos de judicialización, que no ha facilitado el restablecimiento de derechos a los afectados por el conflicto.

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Precisamente con la reciente llegada al tribunal del magistrado Eduardo Cifuentes, en reemplazo de la magistrada Linares, uno de los temas que más pronto se deberán resolver es, inexcusablemente, la apertura de nuevos macroprocesos, como el juzgamiento del fenómeno del desplazamiento forzado que, a la fecha, deja más de 8 millones de víctimas y posiciona a Colombia en el indecoroso primer lugar como el país con mayor número de desplazados internos en el mundo.

Así mismo, otro problema que tendrá que atender la Jurisdicción Especial para la Paz, es el de garantizar, en medio de un ambiente de máxima tensión, una cooperación más armónica con los organismos de la rama judicial, particularmente con la Fiscalía General de la Nación, con el fin de satisfacer un mejor entorno institucional que facilite cumplir con su máximo objetivo: el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado colombiano.

De igual modo, se debe dinamizar la articulación entre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD), pues 48 millones de colombianos están expectantes de conocer la verdad.

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En conclusión, a la luz de los recientes acontecimientos conocidos por la opinión pública, en los que cada día son más las voces del actual gobierno en contra de la JEP, lo cierto es que este tribunal, en medio de un camino lleno de escollos, críticas y señalamientos, tendrá que lograr cambiar el discurso donde la tildan de un escenario de impunidad y transformarlo por un reconocimiento de su rol histórico como garante de la justicia restaurativa, que aboga por la reparación integral (económica, cultural y social) de las víctimas del conflicto armado y, de esta forma, posibilitar la reconciliación nacional y la reconstrucción del tejido social como un primer paso en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.