Corte Suprema llama a juicio a Aída Merlano por fraude electoral

La Sala Penal la acusó por cuatro delitos y le negó permiso a la dirigente política para trasladarse, este 20 de julio, al Capitolio Nacional, a posesionarse como senadora de la República.

Aída Merlano fue elegida como senadora en los comicios del pasado 11 de marzo.Cortesía

El caso de la senadora electa Aída Merlano, investigada por presunto sigue dando de qué hablar. En días pasados el Consejo Nacional Electoral decidió declarar su elección, ante la falta de una sentencia condenatoria en firme en su contra, situación a la que se opone claramente la Procuraduría General de la Nación. Ahora, justo un día antes de la posesión del nuevo Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de llamarla a juicio por presunto fraude electoral.

La decisión de acusarla conocida por El Espectador, se tomó este viernes por parte de la Sala de Instrucción que lleva el caso y que lidera el magistrado José Francisco Acuña. Para el alto tribunal, hay suficientes elementos probatorios que demostrarían su participación en la organización conocida como "Casa Blanca", dedicada a la compra de votos en el departamento del Atlántico, para favorecer a algunos candidatos, entre quienes estaría la propia Merlano.

La Sala Penal, además, le negó permiso a la dirigente política para trasladarse, este 20 de julio, al Capitolio Nacional, a posesionarse como senadora de la República. (Le puede interesar: Consejo Nacional Electoral deja en firme elección de Aida Merlano)

Merlano es investigada por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la organización "Casa Blanca" habría gastado más de $6.000 millones para conseguir la elección de Merlano el pasado 11 de marzo cuando alcanzó 73.250 votos.

En dichos comicios agentes de la Sijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía encontraron en su sede de campaña $261 millones en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales. También hallaron armas de fuego en "la casa blanca", como también es conocida su sede política. Merlano se entregó a las autoridades el pasado 9 de abril en la sede de la Dijín de la Policía, en el occidente de Bogotá, y fue cobijada con medida de aseguramiento diez días después. 

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El pasado 16 de abril, el testigo Francisco Rafael Valencia Borrero señaló que la organización, de la que hacía parte, la conformaban 2.000 personas aproximadamente, entre coordinadores de grupo y líderes encargados de conseguir votos y zonificar sufragantes. Valencia dijo que en ese trabajo también participaron funcionarios de la Registraduría contactados con anterioridad para obtener la mayor información posible sobre los votantes que participaban en la jornada electoral.

“Este trabajo era controlado internamente en la campaña, en donde se verificaba con los datos que les entregaban funcionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil previamente contactados, a fin de controlar huellas (de los votantes), la información donde sufragaban, sitios de inscripción y fotografías, con la finalidad de garantizar el voto en la zona respectiva”, dijo la Corte sobre el testimonio de este testigo.

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Los funcionarios de la campaña de Merlano, sostuvo Valencia Borrero, retenían las cédulas de los potenciales sufragantes cuando no eran confiables. La custodia del documento era ordenada por la misma congresista y duraba entre dos semanas y un mes. “Luego de ello, se les obligaba a zonificarse en un determinado sitio, y se les regresaban el documento de identificación, del cual se tomaba fotocopia para que la campaña tuviera el control del sufragante”, indicó el testigo para mencionar en seguida lo que pasaba después de que se votara a favor de la candidata: el ciudadano regresaba a la “casa blanca” o “comando” –sede de la campaña política en Barranquilla–, entregaba su certificado electoral y recibía dinero.

En días pasados, el fiscal General Néstor Humberto Martínez, explicó como funcionaba la organización  "Casa Blanca". Según dijo, esta servía a candidaturas que eran apoyados por un grupo de dirigentes políticos regionales que contactaban líderes encargados de reclutar electores en los barrios. De acuerdo con Martínez, era una red que contaba cona administradores para el manejo de los recursos; "punteadores" encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados; "pagadores" que debían  entregar contraseñas en la casa de los líderes; "coordinadores" que entregaban contraseñas en casas de apoyo; y unos "didactas" que debían "enseñar" a la gente reclutada cómo debía votar.

(En contexto: ¿Cómo funcionaba la red de compra de votos de Aida Merlano?)

"La red habría estado conformada por los candidatos al Congreso en 2018 Aída Merlano y Lilibeth Llinás. Los dirigentes políticos regionales: Jorge Rangel, diputado de Atlántico. Margarita Balen, diputada del mismo departamento; Juan Carlos Zamora, concejal del distrito de Barranquilla; Aissar Castro Bravo concejal de la misma ciudad y su padre, el exconcejal Aissar Castro Reyes”, agregó el fiscal el pasado 21 de junio.

Aída Merlano Rebolledo empezó su carrera política a los 15 años, siendo líder juvenil. Estudió Derecho en la Universidad Libre de Barranquilla y, en 2011, fue la diputada con más votos con un total de 42.275 votos para la Asamblea Departamental. Igualmente fue representante elegida a la Cámara por el Atlántico en 2014, con 67.414 votos. Aída Merlano se entregó a las autoridades el pasado 9 de abril en la sede de la Dijín de la Policía, en el occidente de Bogotá, y fue cobijada con medida de aseguramiento diez días después.