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El 27 de agosto pasado, el magistrado de la Corte Suprema de Justica, Héctor Javier Alarcón, le envío una carta al Ministerio de Justicia expresándole su preocupación porque, por segunda vez, el alto tribunal se quedó sin escuchar el testimonio de Marlon Marín, preso en Estados Unidos. Allí, el togado expresó que, pese a cumplir todos los protocolos exigidos por las autoridades estadounidenses, no han tenido respuesta de su parte para concretar hora y día de la cita. En una carta de dos páginas, el Departamento de Justicia del país norteamericano le contestó a las autoridades colombianas.
En concreto, el Departamento asegura que tiene toda la disposición de colaborar con las peticiones de la Corte Suprema de Justicia y ha contestado todas las peticiones del alto tribunal con el objetivo de escuchar a Marín, testigo clave en el expediente por la extradición del guerrillero Jesús Santrich. La carta señala que el Departamento de Justicia recibió la solicitud para que, entre el 5 y 6 de septiembre, un magistrado viajara a su país para recibir el testimonio.
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Sin embargo, como se lo alertaron a las autoridades colombianas desde tiempo atrás, esta petición requiera de más tiempo de preparación y organización y, a la fecha tampoco tenían la autorización de Marín para seguir adelante con la solicitud. En otras palabras, a pesar de que la Corte insistió en que el viaje debía hacerse esos dos días, el Departamento de Justicia les explicó que necesitaba de más tiempo para organizar la logística de la diligencia judicial.
El Departamento de Justicia agregó en su carta, que las demoras en los procedimientos también han sido culpa de sus colegas colombianos pues sus solicitudes han sido muchas y varias de ellas, confusas. El retraso más importante, dice la misiva, es consecuencia “del fracaso de las autoridades colombianas en seguir las instrucciones emitidas por la prisión de Estados Unidos para facilitar la comunicación entre Marín y su abogado defensor que está en Colombia”.
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Para los estadounidenses, es crucial que el Ministerio de Justicia le asegure a la Corte Suprema que las autoridades estadounidenses están haciendo todo lo posible para colaborar con sus investigaciones y que puedan escuchar a Marín, pero que lo más importante en este momento es que él acepte entregar su testimonio. Como lo expresaron en junio pasado, cuando tengan el visto bueno de Marín, el proceso requerirá de “una coordinación significativa entre todos los participantes relevantes del caso”.
“Los Estados Unidos reconoce la importancia de este asunto y actuará rápidamente para ejecutar esta solicitud, incluida la aprobación del permiso al Tribunal para tomar el testimonio del Marín en una fecha y hora específicas, lo antes posible. Esperamos poder seguir trabajando con las autoridades colombianas en este asunto”, concluye la carta, firmada por el director del Departamento, Vaughn A. Ary.
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Marín es clave en el proceso contra Santrich pues ambos habrían hecho parte de un negocio de envío de cinco kilos de cocaína a Estados Unidos, que se habría realizado durante noviembre de 2017 y los meses de febrero, marzo y abril de 2018. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia explicaron que después de llamar a indagatoria a Santrich, también se solicitó la declaración vía videoconferencia con Marlon Marín.
Según la Fiscalía, una declaración de Marín, fue una de las motivaciones de la nueva orden de captura que se ordenó en contra del exjefe guerrillero el pasado 17 de mayo cuando este salía de La Picota, en Bogotá. La Sala de Instrucción ordenó la indagatoria luego de valorar el material que le entregó la Fiscalía General que darían cuenta de un presunto negocio de envío de narcóticos.
El pasado viernes 30 de agosto, el alto tribunal emitió una nueva orden de captura en contra de Santrich luego de que se conociera que se había vuelto a armar junto con alias Iván Márquez, Romaña y El Paisa. Además de responder por el delito de narcotráfico, ahora el guerrillero es buscado por concierto para delinquir agravado, porte, fabricación y/o uso de armas de uso privativo de la fuerza pública, utilización ilegal de uniformes o insignias.
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