Apoderados dicen que fue una ejecución extrajudicial

El pedido de perdón del Estado por el crimen del optómetra Édgar José Sánchez

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El acto público hace parte de una solución amistosa a la que el Estado llegó a instancias de la CIDH, por el homicidio de Édgar José Sánchez Duarte, ejecutado por miembros de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase). 27 años después, sin asomo de verdad, su hija cree que llegó la hora de sanar.

El 13 de septiembre de 1993, tres disparos que hicieron agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión del Ejercito Nacional (Unase) acabaron con la vida de Édgar José Sánchez Duarte en Valledupar. El crimen se ejecutó a las afueras de su casa, frente a su esposa y dos hijos. Los vecinos pudieron tomar nota de la placa del carro de los sicarios, lo que permitió establecer que era un vehículo asignado a esa unidad. Dos días después, el carro regresó y su conductor preguntó por la familia, lo que generó el exilio a otra ciudad. 27 años después, sin avances en la justicia ordinaria ni determinación de responsabilidades, el Estado pedirá perdón.

Lo hará este jueves 3 de diciembre (día en que la víctima cumpliría años) como parte de una solución amistosa entre la familia y el Estado colombiano a la que se llegó a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ese organismo internacional la familia había acudido en 2007 luego de no encontrar respuestas satisfactorias en la justicia interna. De la víctima se llegó a decir que era integrante de la guerrilla, sin más que rumores. Édgar José Sánchez Duarte se graduó como optómetra en 1977 en la Universidad de la Salle en Bogotá y luego de ello regresó a su Valledupar natal a montar un consultorio.

También hacía brigadas de salud gratuitas con las Fuerzas Armadas, fue policía cívico y se hizo amigo del comandante del batallón La Popa del Ejército Nacional, general Eduardo Camelo Caldas, quien luego retiró de esa unidad militar a las personas señaladas de este crimen. El 31 de julio de 1994, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar, condenó a 30 años de prisión por el delito de homicidio a un soldado retirado del Ejército Nacional. Este uniformado confesó que había conducido el mencionado carro y señaló al comandante mayor de la Unase (quien estuvo detenido) y a otros dos militares por la autoría del crimen, pero el caso prescribió.

El 18 de junio de 2003 un juzgado dictó otra condena al sargento Jesús María Mahecha. Entre tanto, la familia impulsó dos demandas de reparación en la justicia administrativa. La primera interpuesta por la exesposa de Sánchez Duarte y su hija Angélica María Sánchez Uribe quienes llegaron a una conciliación con el Ministerio de Defensa y fueron reparadas. La segunda, la entablaron los padres y hermanos del optómetra, pero a ellos, así como su segunda esposa y el hijo nacido de esa relación, la justicia les negó en segunda instancia la indemnización asegurando que la condición militar de los involucrados en el caso no conducía automáticamente a concluir que habían actuado en calidad de agentes del Estado.

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Con el caso admitido en la CIDH, las partes lograron llegar a un acuerdo que le evita a Colombia una eventual condena internacional. Esta solución amistosa implica que el Estado reconoce su responsabilidad por la violación al derecho a la igualdad y el derecho a la protección judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el Estado pide perdón y que el Ministerio de Salud deberá otorgar atención médica, psicológica y psicosocial a los familiares de la víctima. Y el Ministerio de Educación deberá otorgar una beca a uno de los hijos de la víctima que no fue objeto de reparación por la justicia interna, para un programa académico de nivel técnico profesional, tecnológico o universitario.

Además, el Ministerio de Defensa deberá indemnizar los perjuicios morales que se lleguen a probar por las violaciones reconocidas en la solución amistosa. En entrevista con El Espectador, Angélica Sánchez, hija de la víctima, aseguró que después de 27 años llegó a la hora de sanar a pesar de que aun hoy no se ha esclarecido el crimen ni el móvil de este. “Es necesario. Mi hermano creció con una información errónea sobre mi papá, donde incluso llegaron a decir que era el contador de las Farc y que por eso era investigado, pero ni eso daba pie para que el Unase, por mano propia, ejecutara a una persona. Fue algo que quedó en el vacío. Mi papá siempre trabajó con el Ejército y la Policía en las brigadas como optómetra y eso fue la excusa perfecta para justificar un asesinato vil”.

“Tener que, con 16 años, huir de mi ciudad natal. Fue difícil”, dijo Sánchez quien también relató que nunca entendieron por qué unos familiares fueron reparados y otros no. En su criterio, la solución amistosa y el acto de perdón era un asunto necesario. “Nunca hubo verdad sobre el por qué de los hechos, pero llegamos al acuerdo de que era justo hacer un reconocimiento público ante todo el dolor que tuvimos que enfrentar como familia en Valledupar. Es justo porque hay que sanar heridas muy profundas que quedaron. Fue doloroso. Durante 20 años no tuve contacto con mis hermanos y todo esto nos reconforta en medio de todo. Esto nos reconcilia como familia y nos permite avanzar”, señaló Sánchez.

La familia fue representada por la Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica. El abogado Omar Enrique Laiton Cortés estimó que los familiares aún padecen de grandes sufrimientos a causa de la perdida de Édgar José Sánchez. “Ni el dinero, ni estas palabras, lograran calmar el dolor que han estado padeciendo todos estos años, al ver cegada la vida de Édgar José con un futuro promisorio a pesar de sus necesidades. Es por ello que esta serie de actos conmemorativos, son importantes, para poder así escuchar por parte de quienes representan al Estado colombiano que lo sucedido fue una ejecución extrajudicial y que (él) no hacía parte de ningún grupo al margen de la ley”.

Por motivo de esta conmemoración, la familia hizo el siguiente video:

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