La Fiscalía General adelantará proceso de embargo en contra de dos oficinas ubicadas en el centro comercial Gran Estación II, las cuales serían de propiedad del empresario colombo-israelí Alberto Aroch Mugrabi investigado por lavado de activos.
Según el ente investigador, este operático tiene como objetivo la toma de posesión de bienes y sociedades con fines de extinción de dominio. Dichas oficinas, según la investigación, le fueron arrendadas a la Contraloría General para que funcionara su sede principal durante la administración de Sandra Morelli.
Aroch Mugrabi es procesado por presuntamente ser el líder de una organización dedicada al “blanqueo de capitales”, mediante importaciones falsas y la creación de empresas fachada –relacionadas con los textiles y la construcción-para “mover” dinero producto del lavado de activos y actividades ilícitas.
En la diligencia judicial celebrada el pasado miércoles el empresario aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, sin embargo se declaró inocente de los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Por estos hechos la Fiscalía General solicitó que sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Según la investigación de la Fiscalía General el empresario, uno de los dueños del edificio de Gran Estación II donde funcionó al sede de la Contraloría General, habría adelantado actividades ilegales para el "blanqueo de capitales" mediante exportaciones fícticias y el lavado de activos con empresas fachada.
“Dio apariencia de legalidad a un dinero que es de origen ilícito mediante la utilización de empresas que aparentan desarrollar un objeto social y desarrollaron toda su arte de maniobras contables para elevar las cifras en determinadas cuentas con miras a justificar ingresos y soportar operaciones en el marco de una actividad económica regular cuando ello no fue así”, precisó la fiscal.
En la investigación se pudo establecer que Aroch era el líder de la operación del blanqueo de capitales con diferentes empresas adelantando “toda una clase de irregularidades contables y financieras para fines ilícitos, utilizando empresas a nombre de terceros.
En la audiencia se nombraron varias empresas que habrían sido utilizadas para el ingreso de altas sumas de dinero producto del contrabando. Estas irregularidades fueron la piedra angular de la investigación para establecer la inyección de capital injustificada, manipulación de cuentas bancarias y presentación de documentos falsos.
En este sentido señaló que se realizaron inversiones inmobiliarias por medio de una empresa de construcción por medio de la cual se crear fiducias en las que aparecían proyectos inmobiliarios inexistentes con el fin de dar una apariencia de legalidad. Se simularon estas acciones para ocultar el origen delictivo de los recursos inyectados.