General (r) Rito Alejo del Río pidió apoyo de armas para Convivir

El general (r) Rito Alejo del Río Rojas, uno de los comparecientes de Fuerza Pública de la JEP-

Foto: Archivo

El general (r) Rito Alejo del Río condenado por sus nexos con paramilitares cuando fungió como oficial del Ejército Nacional, aseguró que entregará propuestas de reparación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como parte de su compromiso en el sometimiento al tribunal. La declaración la entregó en el marco de la audiencia que se adelanta por los macrocasos de la movilización de la Unión Patriótica y la situación de orden público en el Urabá, que tienen abiertos en la justicia transicional.

“Tenemos en mente propuestas de trabajos obras de contenido reparador. Estamos mirando posibles propuestas. Cosas totalmente reales y que se pueden ejecutar en el momento”, expuso el general quien envió un mensaje a las “comunidades negras” de la jurisdicción de la que hizo parte. “En todo caso seguiré aportando para que se sepa toda la verdad. Hay muchos aspectos que hay que considerar en esa propuesta para contar la verdad, y saber cómo vamos a ayudar”.

El oficial quien ante la justicia ordinaria es culpable por sus probados nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mientras fue comandante de la Brigada XVII del Ejército, aseguró que junto con el sector defensa tenían conocimiento de las Convivir, que a su juicio, era una sola organización que nació en Córdoba y estaba dedicada a la vigilancia y seguridad agraria. Con lo anterior, la magistrada Nadiezhda Henríquez delegada del tribunal de paz, lo increpó sobre la participación del Ejército en las mismas. Le cuestionó si la organización recibió apoyo de armamento.

El general negó tajantemente que la institución castrense hubiese tenido vínculo directo o relación con armas que les fueron entregadas en ese entonces a la organización, sin embargo, aclaró que el Ejército así como el Ministerio de Defensa recibían reportes de sus actuaciones. En medio de la diligencia y ante las negativas del oficial, la magistrada lo cuestionó nuevamente y le expuso un documento firmado con puño y letra del oficial, en el cual solicitaba apoyo de armamento para la estructura.

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“Con el presente me permito apoyar la solicitud de armamento de la Asociación Convivir Costa Azul (…) ya que una vez efectuados los estudios y el informe de la agencia de seguridad de la Decimoséptima Brigada dejan conceptuar positivamente que el personal integrante de dicha asociación, para desarrollar funciones reglamentadas, requieren del armamento”, reposa en el documento expuesto por el tribunal de paz en el que también se ve que el oficial solicitó cinco subametralladoras UZI 9mm, 10 pistolas Pietro Beretta calibre 9mm, 10 revólveres Llama calibre 38, y 15 escopetas de repetición semiautomática calibre 12 Brancher.

Con lo anterior, y pese a que su firma estaba en el final de la misiva, el oficial se mantuvo en que no solicitó apoyo de ese tipo, si bien Del Río confirmó que esa rúbrica era suya, solicitó al tribunal de paz una revisión por parte de sus abogados, pues aseguró que esa intención era contraria a la de arremeter como miembro de la fuerza pública en contra de los grupos paramilitares. Esa mención le bastó a la magistrada para indagar, precisamente, sobre si estando como comandante de la Brigada evitó adelantar acciones para combatir dicho grupo.

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Al oficial se le vio molesto durante esa indagación y aseguró que desde la Brigada que presidía adelantó cuantiosas operaciones en contra del grupo al margen de la ley. No obstante, la delegada del tribunal de paz lo volvió a increpar asegurando que existen documentos de víctimas y testimonios de confesos paramilitares que desmentían la posición del oficial que hoy se encuentra en libertad.

En su defensa, Del Río dijo que desde el Ejército se adelantaron investigaciones tendientes a determinar una posible conducta irregular por parte de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, exjefes paramilitares condenados, quienes según el oficial, pasaron por ser hacendados y ganaderos ante las autoridades. No obstante, ante la desmovilización del EPL, las filas de las AUC aumentaron su flujo y las actuaciones ilegales empezaron a ser más latentes en el Urabá antioqueño y la región del Chocó.

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Con base en lo anterior, Henríquez le cuestionó sobre las estrategias que empleó desde la institución para mitigar los actos ilegales del grupo. El oficial aseguró que contrario a lo que ocurría con las operaciones en contra de las Farc, en el caso de los paramilitares era casi imposible asestar un golpe de esa magnitud porque operaban en menor cuantía. “Ellos tenían mucha infiltración. No se podía planear una operación. Y cuando se podían planear operaciones para grupos pequeños se hacían lo que eran los golpes de mano para los paramilitares”.

Respecto de las infiltraciones, la magistrada fue más allá y lo cuestionó sobre la relación entre miembros del Ejército e integrantes del grupo al margen de la ley. El oficial respondió que no tiene pruebas para confirmar ese cuestionamiento. Pero aclaró que “era normal” que paramilitares entraran a la Brigada, “porque antes habían sido militares o habían prestado el servicio (…) que hubiera alguien que les colaborara, que entrara o que tenían un amigo paramilitar es diferente a decir que estaba infiltrado”.

El oficial confirmó que hay versiones de uniformados que dan cuenta de posibles nexos con los paramilitares, pero cuando la magistrada lo cuestionó sobre si tenía esas pruebas, Del Río solamente dijo que lo había escuchado de varios uniformados que decían que esa practica de trabajo con el grupo ilegal “viene desde el 84”.