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El exjefe paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien volvió al país el pasado 28 de septiembre tras purgar una condena por narcotráfico en Estados Unidos, le envió una carta al presidente Iván Duque en la que le pedía garantías de seguridad para él y para su familia. En la misiva que tiene fecha del 1 de octubre, pero se conoció en las últimas horas, Jorge 40 solicitaba que lo enviaran a una cárcel que contara con condiciones de seguridad que garantizaran su vida. Justo el pasado miércoles se registró el ingreso del exparamilitar a la cárcel Picaleña, en Ibagué.
Jorge 40 manifestó que la actividad por la que pagó 12 años y cuatro meses de prisión en el país norteamericano está relacionada con su condición de miembro político y militar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, organización a la que perteneció y que, pese a que tuvo posibilidades jurídicas para haber solicitado quedarse en Estados Unidos, sus “convicciones, carácter y talante” le habrían impedido llegar a otro país distinto a Colombia, donde tiene responsabilidades como actor principal del conflicto armado.
“Encontrándome ya en suelo patrio, es responsabilidad única y exclusiva del estado colombiano en cabeza de usted Señor Presidente, garantizar la seguridad de mi familia y mía; por lo que de la manera más respetuosa, solicito cuando cumpla la cuarentena propia de quienes regresan a territorio colombiano, con ocasión de la pandemia del Covid-19, se ordene mi traslado a un centro de reclusión que brinde las garantías plenas para mi seguridad”, manifestó Jorge 40, argumentando que después de tanto tiempo por fuera del país su llegada puede generar represalias desde distintos frentes. (Lea también: El exjefe paramilitar “Jorge 40” fue trasladado a la cárcel de Picaleña, en Ibagué)
Agregó que no se puede perder de vista que su hermano fue asesinado en Valledupar cuando él ya había sido extraditado sin que, a la fecha, la justicia colombiana haya mostrado ningún resultado sobre el esclarecimiento de este hecho, lo que dificulta aun más su llegada y la de su familia. “Tengo la certeza de que una vez pise una cárcel ordinaria en Colombia van a asesinarme. Le solicito, por medio de la presente se me recluya en un lugar que cuente con las medidas de seguridad necesarias, no solamente por tutelarme la vida, sino también por las víctimas que necesitan conocer la verdad de esta parte de la historia del conflicto que me corresponde”, indicó Tovar Pupo.
Para finalizar, el exparamilitar manifestó que cuando salió del país “hacia ese destierro forzado a un país para mí foráneo y sin competencia para juzgar mis actos inherentes a las acciones propias que han caracterizado el conflicto político - civil armado colombiano” lo hizo con una preocupación por el país que dejaba atrás para futuras generaciones y que, a su regreso, esa preocupación es más grande pues ha entendido que “la confrontación política se ha degradado aun más en detrimento de los colombianos".
Justamente, el pasado martes 14 de octubre, 13 días después de que se envió la mencionada carta, se conoció el traslado de Jorge 40 a la cárcel de máxima seguridad Picaleña, ubicada en Ibagué, tras cumplir, en el búnker de la Fiscalía, el aislamiento decretado por el COVID-19 para todas las personas que llegaran del exterior. Tras su llegada al país, se rumoraba que Jorge 40 quedaría recluido en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, junto a otros exjefes paramilitares, pero finalmente fue trasladado por el Inpec a la capital del Tolima.
La vuelta de Tovar Pupo se da en medio de la incertidumbre pues el exjefe paramilitar poco ha contado de los hechos que lo involucraron en medio del conflicto armado colombiano. De su boca no ha salido una sola palabra con relación a las más de 300 masacres que se le endilga a él y sus hombres. Su abogado señaló en 2015 que parte de su silencio radica en el asesinato de su hermano en 2009. (Le puede interesar: Exjefe paramilitar “Jorge 40” regresó a Colombia, a 12 años de su extradición)
Según datos de la Fiscalía, ahora en Colombia alias Jorge 40 deberá responder por más de 1486 investigaciones que se le adelantan en la institución. Pero esa no es la única estadística sorprendente sobre el accionar delictivo del exparamilitar, pues también tiene 35 ordenes de captura vigentes y 28 medidas de aseguramiento en las bases de datos misionales. Por la Justicia Transicional, además, registra 65 órdenes de captura y 109 medidas de aseguramiento.
El prontuario de Tovar Pupo en la Fiscalía parece no tener fin. Estará vinculado a procesos judiciales por desaparición forzada, concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, entrenamiento para actividades sicariales, secuestro extorsivo, homicidio con fines terroristas, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y tortura en persona protegida, entre otros. En total son 1.086 investigaciones bajo la Ley 600 de 2000 y 410 más por la Ley 906 de 2004 -sistema penal acusatorio-.