El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya se encuentra estudiando una acción popular que presentó la Procuraduría General que pretende que se obligue a la empresa española Inassa a devolver hasta el último centavo que ha obtenido por un contrato que pactó con la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla Triple A en el año 2000 y que le ha representado hasta ahora más de US$80 millones (unos $237.000 millones). El caso está en manos del magistrado de la Sección Primera Oscar Armando Dimaté Cárdenas.
Inassa, que al mismo tiempo es socia mayoritario de la Triple A, consiguió al tiempo hacerse a una asesoría técnica por la cual la Triple A le ha pagado, en promedio, unos $1.600 millones mensuales. “(Eso), en principio, no es ilegal, aunque sí evidentemente leonino para el distrito de Barranquilla”, señaló el Ministerio Público. La entidad también pidió "dejar sin efectos el contrato de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica” que pactaron la Triple A e Inassa hace 18 años, “y todos aquellos actos jurídicos tendientes a adicionar, modificar, ampliar el referido negocio jurídico”.
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El caso está en manos del magistrado de la Sección Primera Oscar Armando Dimaté Cárdenas quien ordenó notificar a las partes y vincular a la Alcaldía de Barranquilla en el proceso como tercera interesada. Todos tiene diez días para pronunciarse de la solicitud que hizo la Procuraduría de suspender, de manera provisional, el contrato y que se ordene el embargo de las acciones de Inassa en la Triple A, así como el embargo de la participación accionaria, derechos, rentas y bienes de Inassa en Colombia y en el exterior.
"La Triple A S.A. E.S.P. e Inassa S.A. presuntamente ejecutaron de forma intencional una serie de actividades tendientes a descapitalizar al Distrito de Barranquilla, para de esta forma vincular y fortalecer empresarialmente a Inassa S.A., y posteriormente ejecutar actos de abuso de la posición dominante y del derecho al elaborar un entramado jurídico bajo apariencia de legalidad, a efectos que la sociedad Inassa S.A. obtuviera un provecho indebido e injustificado en calidad de socio controlante de Triple A”, expone el Ministerio Público.
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Las autoridades ya han avanzado en este caso. El pasado 20 de marzo, la Fiscalía capturó a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la Triple A, quien ya aceptó cargo por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. Y la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Navarro, Julia Margarita Serrano Monsalvo y Ramón Heráclito Hermer Redondo, en su calidad de gerentes generales de la empresa.