La condena por fraude procesal contra el reconocido abogado Jorge Lara

Archivo particular

Por realizar maniobras fraudulentas para designar una nueva Junta Directiva del Frigorífico San Martín de Porres Ltda y registrarla ante la Cámara de Comercio, el reputado abogado y empresario Jorge Lara Urbaneja deberá pagar una pena de 7 años y 11 meses de prisión. La Corte Suprema de Justicia desestimó los argumentos que su defensa planteó en un recurso extraordinario con el que aspiraba tumbar la condena impartida en 2015 por un juzgado y confirmada en mayo de 2016 por el Tribunal Superior de Bogotá.

Lara Urbaneja era para el momento socio de la prestigiosa firma Baker & McKenzie y era el representante legal de Laurel Ltda, una empresa que tenía participación en el frigorífico. La pelea entre los socios empezó en 1993 por la adquisición de las cuotas de los socios minoritarios y se agudizó en 2008 luego que se denunciara a Lara por fraude procesal. En concreto, se demostró por la justicia que el abogado promovió el primero de abril de ese año una reunión, alegando falsamente que no se había convocado la asamblea general de socios, y designó una nueva junta directiva en la cual quedaron como principales el propio Lara y su hijo, Eduardo Lara López.

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Tanto el Tribunal como la Corte Suprema señalaron que la reunión no se realizó en las instalaciones del frigorífico, como argumentó la defensa. De acuerdo con la sentencia, dos de los abogados que trabajaban para Lara en Baker & McKenzie Colombia S.A. fueron a una cafetería ubicada en los locales de expendio de carne, con el único fin de que quedaran en el registro de las cámaras de video y luego regresaron a la firma en donde se elaboró el acta de la reunión.

Ese mismo día, el acta se registró ante la Cámara de Comercio “con el fin de que fuesen inscritas en el registro mercantil para revestir las decisiones de oponibilidad frente a terceros”. Y dos días después, Jorge Lara y su hijo llegaron al frigorífico para asumir su control administrativo. La Corte compartió los argumentos del Tribunal que señaló que la reunión nunca existió y que todo consistió en una maniobra para quedarse con el control del frigorífico.

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“No le bastó fingir una reunión o Junta de Socios por Derecho Propio, simular que la misma sesionó y designó nuevos órganos de administración, y no suficiente con lo anterior, procedió a efectuar su registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá, induciendo en error a esa Entidad, a efectos de protocolizar su acto irregular y darle efectos de oponibilidad frente a terceros”, dice la decisión judicial.