Cronología del proceso del exmagistrado Ricaurte: ¿cómo resultó libre?

Este es el paso a paso de la interacción entre la Fiscalía y los abogados de Francisco Ricaurte, llamado a juicio por el cartel de la toga, en los últimos dos años. La Fiscalía sostiene que sus defensores recurrieron a maniobras dilatorias para enredar el caso; la gente de Ricaurte lo niega.

El exmagistrado Francisco Ricaurte entrando a los juzgados de Paloquemao para su imputación de cargos a finales de septiembre de 2017.Gustavo Torrijos - El Espectador

El tiempo pasó sin que arrancara el juicio en contra del exmagistrado Francisco Ricaurte, investigado por su supuesta participación en el cartel de la toga. Fueron más de 240 días de espera para que el proceso empezara desde que, en marzo de 2018, la Fiscalía realizó la audiencia de acusación. Pero el tema se enredó en apelaciones y solicitudes de los involucrados, que incluyó una en la que uno de los abogados del extogado pidió más tiempo de estudio al juez del caso, pues no tenía conocimiento en temas penales.

El sistema judicial colombiano plantea un plazo límite de 240 días para empezar el juicio de alguien privado de la libertad. En el caso de Ricaurte, ese plazo se venció y a un juez de Bogotá no le quedó otra salida que ordenar su libertad inmediata ayer, 20 de agosto. Aunque la investigación en su contra sigue adelante, el exmagistrado asistirá a las audiencias no trasladado desde La Picota en esposas, sino desde la comodidad de su casa. Una decisión judicial que se ha puesto en tela de juicio sin parar.

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Mientras la Fiscalía asegura que los términos se vencieron por culpa de maniobras dilatorias de la defensa, quien fue el abogado del exmagistrado hasta marzo de este año, Álvaro Luna, defendió el caso y aclaró que el derecho a la defensa de cualquier ciudadano le permite acudir a todas las apelaciones, solicitudes y peticiones que sean necesarias, pues así lo permite la ley. La versión de la Fiscalía, sin embargo, es otra. 

El fiscal del caso y quien es hoy el vicefiscal general, Jaime Camacho Flórez, detalló en su momento uno a uno los pormenores del caso y por qué se había cumplido el plazo de los 240 días sin que el juicio arrancara. Para el funcionario, todo se trató de una estrategia de los abogados del exmagistrado para entorpecer el caso y no permitir su avance.

El hoy vicefiscal Camacho empezó por recordar que el escrito de acusación en contra de Ricaurte lo presentó el 12 de diciembre de 2017. El 23 de enero de 2018, la siguiente audiencia después de la vacancia judicial, la defensa de Ricaurte volvió a cuestionar de quién era la competencia de llevar el caso, si de la Fiscalía o del Congreso, pues no era claro si en el marco de este escándalo de corrupción el exmagistrado mantenía su fuero constitucional.

El testigo que puso en aprietos a Ricaurte es el exjefe anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno, cuya captura, en junio de 2017, es la génesis de este escándalo de corrupción en la rama judicial. Moreno ha señalado que los exmagistrados Ricaurte, Gustavo Malo y José Leonidas Bustos hicieron uso de su poder e influencia en la Corte Suprema de Justicia para torcer investigaciones de congresistas y gobernadores. Para la Fiscalía, los extogados y Moreno formaron una plan criminal que hoy se conoce como el cartel de la toga.

Ricaurte fue llamado a juicio por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, cargos que el exmagistrado no aceptó y de los cuales siempre se ha declarado inocente. Sin embargo, para el ente investigador, él y Bustos fueron las cabezas del cartel que entre 2013 y 2017 habría manipulado procesos judiciales, como el de los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton por parapolítica.

La discusión sobre si era el Congreso o la Fiscalía la encargada de revisar el caso ya se había resuelto en la Corte Suprema. El alto tribunal aseguró que la tarea era del ente investigador. Para Camacho, la insistencia de la defensa hizo que la audiencia solo se retomara hasta el 16 de marzo de 2018. Ese día, la Fiscalía terminó de leer el escrito de acusación y el paso siguiente era determinar las fechas para las audiencias preparatorias.

Pidiendo tiempo

El juzgado propuso que fuera el 11 y 12 de abril de 2018, pero la defensa de Ricaurte no estuvo de acuerdo y pidió más tiempo por el volumen de las pruebas de la Fiscalía. Lo justo, explicaron, era que el juez les diera el mismo tiempo que había tenido el ente investigador para recopilar y organizar el material probatorio. El juez estuvo de acuerdo y fijó las audiencias para el 17 y 18 de mayo. Es decir, Ricaurte y su equipo ganaron un mes.

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Camacho resaltó que durante todo abril del año pasado, la Fiscalía se reunió con los abogados de Ricaurte para hacer el descubrimiento de las pruebas y entregarles todo el material. Sin embargo, cuando llegó el momento de retomar la audiencia en mayo, la defensa alegó que no había tenido tiempo suficiente para “analizar el extenso material probatorio” y que la Fiscalía había adicionado más pruebas después de la acusación.

Los defensores del exmagistrado alegaron, además, que habían solicitado una audiencia preliminar para un control previo de búsqueda selectiva en bases de datos que había sido programada por el centro de servicios para el 29 de junio de 2018. En consecuencia, explicaron, la audiencia no podía seguir pues no estaban listos. El juez del caso decretó una prórroga de casi dos meses más. La nueva fecha para la audiencia la programó el juez para el 15 de agosto de 2018.

La Fiscalía no dejó de pasar por alto el hecho de que la nueva fecha fue inclusive más generosa que la que había pedido la defensa y que la motivación para aplazarse fue falsa. Camacho relató ante el fiscal que dejó libre a Francisco Ricaurte que, el día de la búsqueda en la base de datos, los abogados de Ricaurte nunca llegaron, y se reprogramó para el 10 de julio del año pasado, día en que sí asistieron a la reunión.

De la búsqueda en la base de datos, Ricaurte y su equipo hicieron 25 solicitudes para obtener información y 23 fueron negadas. Esto motivó una apelación más desu parte, hecho que atrasó el comienzo del juicio por lo menos otro mes más. Solo hasta el 12 de agosto de 2018, el juez que estudió la apelación resolvió el caso y les dijo que no podían acceder al material que querían conocer.

El 15 de agosto de 2018, finalmente se logró dar inicio a la audiencia preparatoria, aplazada desde mayo. La defensa presentó observaciones al descubrimiento de las pruebas y Camacho aseguró que la mayoría de ellas ya se habían hecho en etapas previas del proceso. El juez del casó negó esos reproches y declaró que la etapa del descrubimiento estaba completa. Pero, de nuevo, la decisión fue apelada.

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Un mes después, el 24 de septiembre del año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió la apelación y no le dio la razón a Ricaurte y sus abogados, sino al juzgado. Por la acumulación de proceso en la rama judicial, la continuidad de las audiencias del juicio del exmagistrado solo se reanudaron hasta el 7 de noviembre. En esta ocasión, la defensa no se quedó tampoco de brazos cruzados.

Cambio de estrategia

Ese 7 de noviembre, la solicitud no fue una apelación sino una solicitud para apartar al fiscal Camacho del proceso, “con el propósito de suspender el proceso mientras se surtía el trámite administrativo interno. Su argumento giró en referir que se me debía relevar como fiscal del proceso al considerarme como testigo. El juez negó la pretensión, porque no es la judicatura quien debía resolver ese tipo de solicitudes”, recordó el funcionario.

Además de la inasistencia a la búsqueda en base de datos por parte del exmagistado, según la consulta de proceso de la rama judicial, para el 4 de septiembre fue programada otra visita a la cual tampoco acudieron los litigantes. Esa ausencia, para la Fiscalía, “demuestra la forma en la que pretenden prolongar los términos aduciendo que deben solicitar más información y analizarla para continuar con las solicitudes en audiencia preparatoria”.

Para el 8 de noviembre de 2018, la Fiscalía, Ricaurte y sus abogados empezaron hablar de la posibilidad de realizar estipulaciones probatorias, un escenario que se da en procesos penales en los que se buscan acuerdos para aceptar como probados uno o varios hechos del caso. Camacho, en búsqueda de consensos y en vista de que le habían manifestado la intención de negociar por lo menos 40 hechos, pidió que se aplazara la audiencia.

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El juez aceptó la solicitud y fijó como nueva fecha el 4 y 6 de diciembre de 2018 para que comenzara el juicio del exmagistrado. Sin embargo, para el 21 de ese mismo mes, la defensa se presentó en la Fiscalía, relató el vicefiscal Camacho, y les indicó que de los 40 hechos de los que habían hablado, solo estaban dispuestos a estipular dos: su identidad y la falta de antecedentes, sin que aceptaran ni siquiera hechos como su calidad de magistrado, las épocas en las que desempeñó el cargo y sus funciones.

Camacho se refirió a esta situación cuando la defensa del exmagistrado solicitó su libertad. En ese momento explicó que el receso que él mismo había solicitado se fundó en la intención de la defensa de estipular varios hechos, “pues de haber sido solo los dos que finalmente se acordaron, no habría sido necesario” la pausa. Con estos inconvenientes, durante diciembre de ese año se realizaron varios encuentros en los que se habló sobre las pruebas.

Durante esas audiencias, el juez del caso les llamó la atención varias veces a los abogados del exmagistrado, pues consideró que sus intervenciones no se ajustaban a la ley ni explicaban de manera adecuada la utilidad de las pruebas que querían hacer valer. El juez resaltó que esas intervenciones estaban llenas de valoraciones y conclusiones, lo que, inevitablemente, generó traumatismos en el desarrollo de la audiencia.

2019 y nada de juicio (aún)

El año 2018 terminó sin que el juez decretara las pruebas para poder, finalmente, comenzar el juicio. Solo en enero 23 de 2019, el juez del caso tomó la decisión de decretar pruebas, que fue apelada tanto por la Fiscalía, como por la Procuraduría y por Ricaurte. Pero el juez negó las solicitudes y los abogados prosiguieron a solicitar la nulidad de la determinación judicial del decreto de pruebas. Nuevamente, el juez no falló en su favor y la defensa solicitó presentar otro recurso (el de reposición).

Ese mismo 23 de enero, el juzgado les dio un plazo de cuatro horas a los abogados para elaborar el documento, un receso inusual para esta parte del proceso. Pero en esta ocasión, uno de los abogados de Ricaurte le explicó al juez que necesitaba más tiempo, pues no tenía la suficiente experiencia en temas penales. Una vez cumplidas las cuatro horas, la respuesta del abogado del exmagistrado fue sorpresiva.

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En lugar de presentar el recurso de reposición como había anunciado, pasó a radicar otra nulidad sobre el proceso, alegando que se estaba violando el derecho a la legítima defensa del exmagistrado al no darle el tiempo suficiente a su abogado para presentar el documento adecuado. La audiencia se aplazó para el 6, 7 y 8 de febrero y, durante esos días, el juez estudió los recursos y volvió a negar las peticiones de Ricaurte y sus abogados.

Con el problema resuelto con el abogado inexperto en temas penales, el caso siguió, ahora con la apelación sobre el decreto de pruebas que presentaron todas las partes del caso. Para el 21 de de febrero de este año, el juez del casó aceptó los recursos y los envió al Tribunal Superior de Bogota pues esta es la instancia que debe resolverlos para así seguir adelante con el juicio. Pero hasta ahora, no ha tomado una decisión.

Con la recopilación de los pormenores de lo que impidió que el juicio contra Ricaurte tomara fuerza, su defensa le pidió a la justicia que decretara que el plazo se le había vencido a las autoridades para mantenerlo en la cárcel. Aunque en primer momento fue negado el recurso, en segunda  el juez aceptó que se había cumplido con los días permitidos por la ley para mantenerlo privado de su libertad.

Para la Fiscalía, el plazo se venció por un “sistemático abuso del ejercicio del derecho de defensa que ocasionó las dilaciones injustificadas” por parte de los abogados del exmagistrado. Por su parte, el jurista Álvaro Luna, quien defendió a Ricaurte hasta aproximadamente marzo de este año, señaló que la posición del ente investigador es absurda y que el problema no puede ser de las personas que son juzgadas.

“La defensa lo que hizo aquí fue ejercer el legítimo derecho a al defensa con todas las herramientas y requerimientos que así lo permite la ley. Aquí la culpa no puede ser de los procesados. Si es cuestión de encontrar al culpable, pues aquí debería ser el lento y parquidémico sistema de administración de justicia que tenemos. Desde la Corte Suprema de Justicia, hasta los juzgados municipales”, resaltó Luna en diálogo con este diario.

El exabogado de Ricaurte recalcó que la defensa en este caso se ajustó a lo que permite la ley y que las apelaciones que se interpusieron fuero naturales. “Nosotros hubiéramos querido que todo resultara mucho más fácil y rápido, pero además de que el sistema es lento, la acusación de la Fiscalía fue farragosa. Esto nos obligó a pedir muchísimas pruebas. Si ahora resulta que no podemos apelar y cuestionar, pues eso sería desconocer el Estado de Derecho”, agregó quien fuera el abogado de Ricaurte.

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Redacción Judicial

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