Alcalde de Pitalito, a juicio por crimen de abogado que defendía a feligreses

El mandatario, investigado con otras 11 personas, está enredado penalmente por el crimen de Luis Gerardo Ochoa Sánchez. / Cortesía.

Para marzo se tiene previsto que la Fiscalía acuse al alcalde de Pitalito (Huila), Miguel Antonio Rico Rincón, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. El mandatario, investigado con otras 11 personas, está enredado penalmente por el crimen de Luis Gerardo Ochoa Sánchez, un abogado y líder social que denunció irregularidades de un proyecto de construcción de una ciudadela para los feligreses de una iglesia cristiana.

Para el ente investigador, Rico Rincón fue un determinador en el homicidio del abogado, quien fue asesinado el 6 de abril de 2017 cuando un sujeto armado llegó a su oficina y acabó con su vida. A la fecha, 12 personas –diez de ellas detenidas– están en el radar de la Fiscalía por la construcción de la ciudadela, cuyos beneficiarios (feligreses) detectaron anomalías y por ello contactaron al abogado Ochoa Sánchez para que iniciara un proceso porque se sentían engañados.

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Días antes del homicidio, según la Fiscalía, la víctima habló con el alcalde de Huila, quien se encuentra desde este martes en libertad –luego de que le revocaran la medida de aseguramiento–, para advertirle de las irregularidades detectadas ya que él había presentado el proyecto ante la comunidad. De esta situación, el ente investigador aseguró tener pruebas, así como varios testimonios de dos de los autores materiales del crimen. Los beneficiarios se sintieron engañados tras conocerse que el lote, en donde se pensaba construir una ciudadela, fue entregado a la Constructor Soginco.

Según el diario La Nación, el lote, avaluado en $6.000 millones, fue entregado a la constructora en $800 millones por el pastor Edgar Núñez Guzmán, en ese entonces secretario de Planeación, y por Luis Mario Colorado. Además, les habrían exigido más de $50 millones para tener un apartamento, el mismo valor que solicitaban a otras personas ajenas al proyecto. Al enterarse de que el terrero por el que habían pagado dinero se encontraba en peligro, los beneficiarios contactaron al abogado Ochoa Sánchez, quien también se desempeñó como personero.

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De acuerdo con este medio, Cesar Alberto Sierra, gerente de Soginco, le indicó a Mauricio Parra (procesado también por el caso Surtifruver), propietario de la constructora, lo que estaba realizando el abogado Ochoa Sánchez en favor de los feligreses. Parra habría dado la orden para “sacarlo del camino”. Según la Fiscalía, citada por La Nación, Luis Mario Colorado fue el encargado de conseguir a los presuntos sicarios para asesinar al expersonero. Mauricio Ortiz Parra, al parecer, financió el homicidio con $50 millones y entregó armas para cometer el crimen. 

¿Quiénes son los investigados?

Además del alcalde de Pitalito, son investigados Mauricio Murcia Orjuela, quien habría disparó contra el líder social; Mauricio Parra Rodríguez, propietario de la constructora que compró el lote para la construcción de la ciudadela; César Alberto Sierra Avellaneda, investigado como autor intelectual; Edgar Núñez Guzmán, pastor de la iglesia y quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario de Planeación Municipal; Luis Mario Colorado Rodas, vicepresidente de una fundación que también se vio involucrada en la presunta estafa.

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De igual manera son investigados Jeferson Polo Mejía, una supuesta víctima del proyecto de construcción; Stwar Sterling Santacruz, quien condujo el vehículo en el que huyó el campanero –condenando a ocho años de prisión–; Campo Elías Salas, encargado de guardar el vehículo y una motocicleta; Mauricio Ortiz Parra, presunto intermediario entre los determinadores y los autores materiales; y Héctor Alexis Flórez Hurtatis, señalado de conducir la moto en la que huyó el presunto sicario.