Las hipótesis descartadas del caso Álvaro Gómez Hurtado

Al declarar el proceso como de lesa humanidad, la Fiscalía dejó por fuera tres escenarios en los que se habría podido gestar el magnicidio del líder conservador.

Álvaro Gómez Hurtado se había convertido en el principal opositor del presidente Ernesto Samper. / Archivo El Espectador

El pasado 18 de diciembre, la Fiscalía tomó una decisión fundamental para la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: lo declaró de lesa humanidad. De esa forma, el proceso ya no será imprescriptible, lo que significa que no habrá fechas de vencimiento para las investigaciones o los llamados a juicio. En resumidas cuentas, la Fiscalía asegura que el cartel del Norte del Valle estaba convencido de que el líder conservador llegaría al poder y una vez allí los extraditaría. Por eso sus jefes, Orlando Henao y Efraín Hernández, se unieron con el coronel retirado de la Policía Danilo González Gil y ejecutaron el magnicidio el 2 de noviembre de 1995. Eso dice el ente investigador.

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Al exponer esa hipótesis como su base para declarar el caso como de lesa humanidad, la Fiscalía dejó por fuera tres más que había trabajado desde 1995, las cuales se encuentran en el abultado expediente del magnicidio. La primera que se esgrimió fue la del Grupo Sincelejo, en el cual dos hombres de la capital de Sucre fueron señalados como autores materiales. Un informante así lo aseguró a una comisión de fiscales que viajó a Sincelejo a entrevistarlo, 16 días después de que Gómez Hurtado sucumbiera a las balas de los sicarios que lo alcanzaron cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda.

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El informante, Carlos Alberto Lugo, les contó a los fiscales que tres viejos amigos suyos, Héctor Flórez Martínez, Manuel Montero Pérez y Flaminis Tobar Bernal, le confesaron el 30 de octubre de 1995 el posible atentado que sufriría Gómez Hurtado. Señaló que, al tratarse de alguien tan reconocido, había descartado la veracidad de lo que decían, hasta que supo de lo ocurrido en Bogotá. Según Lugo, los supuestos sicarios habrían aterrizado en una pista clandestina cerca de Bogotá. Al final, sólo Flórez Martínez fue condenado, pues el cuidandero de carros del parqueadero donde fue acribillado Gómez Hurtado lo reconoció. Los demás quedaron absueltos, pues se comprobó que no habían viajado a Bogotá.

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La segunda hipótesis que se trabajó y se descartó a lo largo del proceso de Álvaro Gómez, que sigue en la impunidad 22 años después de cometido, fue la conocida como Grupo Bogotá. En 1996, un expolicía llamado Luis Rodríguez Cuadrado empezó a corroborar en la Fiscalía, tras su detención por casos de extorsión, la versión de una mujer llamada Gloria Rivera. El 5 de octubre de 1995, un mes antes del magnicidio, ella había declarado que tanto Rodríguez Cuadrado como Gustavo Jaramillo, su expareja, habían sido los responsables del atentado contra Antonio José Cancino, el abogado del entonces presidente Ernesto Samper.

Rodríguez Cuadrado no sólo confirmó lo que decía Rivera, sino que, de paso, se autoimplicó en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. No obstante, días después de esa revelación, Gustavo Jaramillo fue capturado mientras asaltaba un banco y estando bajo arresto negó cualquier participación en el magnicidio del líder conservador. Jaramillo se refirió al capitán de la Policía Julio César Villegas, a quien calificó como uno de los funcionarios más corruptos de la institución. Señaló que las acusaciones en su contra eran un montaje de Villegas y Rodríguez Cuadrado. Luego, el asunto se enredó más. Una tercera persona, Mariela Villarreal, confirmó la versión de Rodríguez Cuadrado y Gloria Rivera.

En enero de 1997, cuando todo parecía perdido para Gustavo Jaramillo, quien insistía en no haber tenido nada que ver con el crimen de Gómez Hurtado, Villarreal envió un derecho de petición en el que contó que el capitán Villegas, quien operaba en inteligencia, le había ofrecido dinero para que acusara falsamente a Gustavo Jaramillo y Luis Rodríguez Cuadrado. Rodríguez también se retractó en un juzgado y dijo que todo lo que había “revelado” eran mentiras fabricadas por el capitán Villegas, quien, sin embargo, nunca fue investigado. La investigación contra los supuestos sicarios fue archivada y la hipótesis prontamente se quedó sin oxígeno.

La tercera y última hipótesis es la más conocida: la del Grupo Cazadores. Señalaba a miembros y exmiembros de la Brigada XX del Ejército —cerrada en 1998, en medio de señalamientos por su posible responsabilidad en desapariciones forzadas y otros crímenes— como los supuestos orquestadores del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Las sospechas empezaron porque, minutos después del asesinato, una llamada anónima reportó a la Policía que había visto en el sector del atentando un campero cuyas placas coincidían con las del carro asignado a la escolta del general Ricardo Cifuentes, entonces director de la Escuela de Cadetes del Ejército, y antes al comandante de la Brigada XX.

Hubo más. A los medios de comunicación llegaron anónimos en los que se hablaba de la presunta responsabilidad de la Brigada XX en el asesinato. Un informe reservado del director del CTI en Bucaramanga alertaba sobre la probable participación de un integrante de inteligencia de esa brigada. Esta hipótesis, como es bien sabido, nació de una teoría de la conspiración, una que decía que algunos sectores militares querían que Álvaro Gómez Hurtado apoyara un golpe de Estado contra Ernesto Samper, inmerso en el escándalo del Proceso 8.000, y que había sido asesinado por negarse. Al final, ante jueces, se demostró que esos indicios eran falsos, los testimonios, inconsistentes, y algunos documentos fueron misteriosamente desaparecidos.

La hipótesis con la que la Fiscalía declaró que el caso era de lesa humanidad también dejó por fuera del panorama de sospechosos a dos hombres que siempre fueron tildados como orquestadores del magnicidio: Ernesto Samper, de quien Gómez Hurtado era acérrimo opositor por el escándalo del 8.000, y Horacio Serpa. El cartel del Norte del Valle declaró a Álvaro Gómez su enemigo, temiendo que si llegaba al poder reactivaría la extradición —lo cual ocurrió de todos modos en el gobierno Samper—, y retomando las prácticas sistemáticas de aniquilamiento llevadas a cabo por el cartel de Medellín, lo asesinó con la ayuda del coronel (r) Danilo González: para la Fiscalía, esa es la única hipótesis que por ahora tiene sentido.

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