Las irregularidades que encontró una auditoría por el caso de “chuzadas” en la Fiscalía

Al proceso judicial ya han sido vinculados el exjefe de la Sala Diamante —uno de los 32 espacios desde donde se coordinan interceptaciones en la Fiscalía—, Luis Carlos Gómez Góngora, y el exfiscal contra el crimen organizado, Fabio Martínez Lugo. / Archivo

Después de el escándalo que estalló el año pasado sobre empresas que se dedicaban a prestar servicios de “chuzadas” ilegales y que dirigían miembros de la Fuerza Pública como los generales (r) de la Policía Humberto Guatibonza y Jorge Humberto Salinas, la Fiscalía ordenó auditorías internas pues tenían indicios de que funcionarios del ente investigador estaban involucrados. El entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez le encargó la labor a la oficina de Control Interno del ente investigador que, enfrentando todos los tropiezos y hasta un atentado, ya ha logrado esclarecer en gran medida este entramado.

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La revista Semana reveló las principales conclusiones a las que llegaron los informes de auditoría, que entre otras cosas indicaría, como era la hipótesis inicial, que Guatibonza, Salinas y sus socios recibían ayuda desde adentro de la Fiscalía. Los hallazgos vinculan procesos de alto perfil como el que cursa en la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe, por falsos testigos, pues las grabaciones parecen haber sido alteradas así como un grupo de funcionarios de la unidad contra el terrorismo del ente investigador que recibirían pagos de exmilitares a cambio de interceptar números y maquillarlos en el trámite como organizaciones terroristas.

Son ocho los puntos en los que la investigación de Semana hace especial énfasis. En primer lugar, resalta que la interceptación de líneas también se usa para impedir investigaciones, pues algunos fiscales ordenan “chuzar” líneas, pero el fruto de esas interceptaciones nunca es revisado y, una vez se los pide algún colega, se escudan en la reserva de sus pesquisas para trabarles el acceso. Pero también preocupa que, a pesar de ser un material sensible, los fiscales supuestamente anden con copias de las interceptaciones sin cadena de custodia, dice el informe.

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Asimismo, la Fiscalía habría logrado vincular el tema a las empresas de “chuzadas” de Guatibonza y Salinas, pues de los 1.2000 números de teléfono que aparecen en u expediente, por lo menos 80 líneas habrían sido interceptadas desde el búnker de la Fiscalía. Al proceso judicial ya han sido vinculados el exjefe de la Sala Diamante —uno de los 32 espacios desde donde se coordinan interceptaciones en la Fiscalía—, Luis Carlos Gómez Góngora, y el exfiscal contra el crimen organizado, Fabio Martínez Lugo. El primero aceptó cargos y ya fue condenado a seis años de prisión, mientras que el exfiscal negó hacer parte de esta organización y la investigación en su contra sigue andando.

Además, se logró vincular al exdirector de inteligencia del extinto DAS, Laude Fernández, quien era el representante en Colombia de la multinacional de seguridad Berkeley Research Group (BRG). Esta empresa habría sido contratada por Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) en momentos de crisis, como el paro de pilotos de la aerolínea y una disputa jurídica que enfrentaba la empresa de energía con Enel-Codensa. Lo raro para el ente investigador, es que entre las líneas interceptadas de manera irregular estaban las de varios pilotos de Avianca y la de abogados enfrentados a GEB.

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Por otro lado, la auditoría de Control Interno señala que los analistas de las salas de interceptación escuchan entre 15 y 30 líneas al tiempo, lo que impide que escuchen en tiempo real y dificulta detectar irregularidades. Pero, además, esto incentiva que los analistas pidan designar investigadores “asistentes”, ajenos a la sala para realizar el trabajo, algo que, según el informe se presenta en “exceso”, bajo la figura de “visitantes” a las salas de interceptación.

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Por último, dos casos de interceptación captaron la atención de los auditores. El caso de Carlos Arenas, quien sería socio de Guatibonza en la red de chuzadas, cuyo teléfono fue interceptado durante diez días. Según la investigación, este sería un intento de la organización por evitar que fuera interceptado, como se explicó. Y, por otro lado, el caso de la familia Ávila Chassaigne, quienes han sido llamados “los Nule de La Guajira”, pues los fiscales tienen en su poder copias de las interceptaciones, pero no habría registros en bodega de que los hayan retirado.