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A seis años de haber entrado en vigencia, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras todavía sigue siendo un asunto que genera preocupación. Esta vez, las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo –integradas por la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría General y representantes de víctimas– explicaron las dificultades en el financiamiento, la articulación en el territorio para la implementación de la política y la protección de los derechos de los líderes y reclamantes de tierras. (Le podría interesar: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sigue siendo una promesa incumplida)
Precisamente, las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo realizaron este miércoles una sesión de alto nivel a la que fueron convocados, entre otras personas, el ministro del interior, Guillermo Rivera; el ministro de agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, y la directora de la unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria, con el propósito de enfrentar esta situación.
Vigencia y financiamiento de la Ley
El informe explica que si bien es cierto que el Gobierno incrementó los recursos destinados a la política de asistencia, atención y reparación integral del 1,8% a más de 4% del presupuesto general, el retraso es evidente. Esto porque, según la Comisión, a la fecha solo se ha indemnizado al 7% de las víctimas, pues hay 79.128 familias a la espera del subsidio de vivienda que les fue asignado, entre 2004 y 2007, y otras 13.211 familias tienen el subsidio, pero no les han entregado la vivienda certificada.
En este caso, la Contraloría explica que es incierta la inversión de entidades territoriales para la atención a las víctimas porque los departamentos y municipios presentan “serías” inconstancias en los Planes de Acción Territorial (Tablero Pat) y el Formato Único Territorial. Ni el Acuerdo de Paz, según las Comisiones, no parece aclarar el panorama financiero. (Lea: El 93% de las personas registradas por la Ley de Víctimas no ha sido indemnizada)
“El Gobierno Nacional estimó formalmente el costo fiscal del acuerdo final en $129.5 billones de 2016, que incluyen $4.3 billones para víctimas orientados a derechos humanos y verdad, pero no ha aclarado cómo se sincronizaría la implementación del acuerdo con el requerido avance en la implementación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas)”, explican las Comisiones.
Implementación de la política pública
Las Comisiones también explican que, pese a la existencia de espacios y mecanismos de participación para las víctimas, no hay una incidencia en la toma de decisiones y no en todos los casos cuentan con la financiación para el desarrollo sus las actividades. Además, sostienen que no es claro cómo implementarán 2.493 propuestas de las víctimas, ni cómo se garantizará la participación de la población étnica.
Respecto a los procesos de reparación colectiva étnicos y no étnicos, las Comisiones observaron “un grave rezago por cuanto a la fecha ninguno de los 522 procesos ha culminado, y los procesos que se encuentran en fase de implementación presentan dificultades en la articulación para la implementación de algunas medidas”.
Protección a líderes de víctimas y reclamantes de tierras
En este caso, explican las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo, es prioritario que el Estado garantice el derecho a la vida y la integridad de las víctimas, con la intención de buscar estrategias rápidas y eficientes de seguridad en los territorios. “El Informe de (…) emitido por la Defensoría del Pueblo plasma el preocupante panorama nacional de amenaza, intimidaciones, homicidios y ataques en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales y comunitarios, así como sus organizaciones”. (Lea: Ley de Víctimas deberá acoger a menores de edad desvinculados de las bandas criminales: Corte)
El informe, por otro lado, señaló el riesgo de 255 municipios del país por la vulneración a los derechos, así como destacó los 156 municipios registrados hasta entonces. “Hoy esa cifra, según datos del Sistema de Alertas Tempranas, llega a 204 homicidios registrados en 24 departamentos”, agrega el informe. Las Comisiones, finalmente, insisten en la importancia de las emergencias del Sistema de Alertas Tempranas que, a través sus funciones, describe los escenarios que requieren acciones preventivas y de respuesta rápida de protección de líderes sociales.