La justicia indaga los hechos

Los graves incidentes de seguridad que tienen preocupado al magistrado del caso Uribe

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Por lo menos cuatro episodios ocurridos en su conjunto residencial y en su propia casa tienen en alerta al jurista, quien en los próximos meses deberá presentar una ponencia para definir si la Corte Suprema dicta o no medida de aseguramiento en contra del expresidente y senador.

A pesar de su extensa carrera como litigante y profesor universitario de más de treinta años, fue solo desde su llegada a la Corte Suprema de Justicia y, en particular, cuando asumió el expediente en el que se investiga al senador Álvaro Uribe Vélez, en mayo de 2019, cuando el nombre del magistrado César Augusto Reyes Medina cobró notoriedad pública. Desde entonces todos los focos están sobre él y su despacho. En sus manos está, ni más ni menos, la ponencia que definirá si la Corte dicta o no medida de aseguramiento al político colombiano más influyente de las últimas dos décadas.

Esa responsabilidad ha coincidido con varios episodios graves ocurridos en su conjunto residencial y en su propia casa, que hoy indaga la justicia. El primer hecho aconteció el sábado 20 de abril de 2019 a las 8:30 de la noche. Ese día ingresó al parqueadero de su conjunto, ubicado al norte de Bogotá, una camioneta de color oscuro con cinco sujetos fuertemente armados que, incluso, secuestraron por unos minutos al vigilante de turno. El mismo agente de seguridad, en una declaración bajo juramento, le contó a la Fiscalía con detalles cómo pasó todo.

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Lo primero que narró es que se pensó que esa camioneta de alta gama pertenecía a un residente y que por eso se abrió la puerta del parqueadero, pero que muy pronto se percató de movimientos extraños y al acercarse al vehículo tres encapuchados descendieron de él, le apuntaron con sus armas y lo hicieron subir al carro. Allí se dio cuenta de que había dos cómplices más. Según su relato, los delincuentes le insistieron por el depósito número 16 del edificio, pero el agente les contestó que era nuevo en su trabajo y que no tenía mayor información.

En ese instante, añadió el testigo cuyo nombre se reserva El Espectador, los hombres armados vieron que se acercaba al parqueadero el compañero del guardia de seguridad. Este, al darse cuenta de que algo andaba mal y que había unos sujetos sospechosos, corrió hacia la puerta y movió unas canecas para evitar que el carro saliera del lugar. Entre tanto, dentro del carro, el vigilante amenazado insistía en que lo dejaran ir. Los delincuentes ya se habían apoderado de su radio y del control para abrir la puerta del parqueadero. Al sentirse descubiertos, lo encañonaron aún más.

Incluso, le hicieron saber que él era su seguro para salir de allí. Y así ocurrió. La puerta se abrió y uno de los delincuentes movió las canecas que bloqueaban el paso. Una moto escoltaba la camioneta de los hombres armados. El agente de seguridad insistió en que lo dejaran bajar, pero la respuesta fue que se callara. El carro anduvo durante unos minutos por el barrio, hasta que lo bajaron cerca de un parque. Él pidió ayuda a un domiciliario que iba en bicicleta, quien le dio instrucciones para ir al CAI del barrio. Desde allí llamó a sus superiores y, a los 20 minutos, llegaron a recogerlo.

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Dos días después, el jefe de seguridad del magistrado Reyes informó del incidente a la Policía. Lo primero que verificó la Fiscalía fueron las cámaras de seguridad del conjunto. No obstante, por la mala calidad de los videos, los investigadores no han podido establecer con certeza el número de la placa de la camioneta. De hecho, es una letra la que aún los confunde, pues aunque saben que termina en 787, en la grabación no se ve muy bien si hay una W o una M en la placa. La Fiscalía cruzó los datos con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

Ahí apareció información sobre los propietarios de esos dos vehículos: uno de un hombre residente en Tunja y otro de una mujer de Acacías (Meta). En medio de esa investigación adelantada por un fiscal de Bogotá, la administradora del conjunto residencial les dio a los investigadores otro dato inquietante. Exactamente un mes antes del episodio de la camioneta, dos policías del grupo de delitos contra el patrimonio económico de la Dijín fueron varias veces al conjunto del magistrado Reyes. Exactamente los días 18 y 19 de marzo de 2019 en horas de la tarde.

Los agentes —cuyos nombres se reserva este diario para no afectar el proceso— pidieron ingresar al edificio, alegando que estaban desarrollando una investigación sobre un tema económico relacionado con unos depósitos, pero la administradora no autorizó porque no tenían una orden judicial. El 20 de marzo, los dos policías finalmente ingresaron para hablar con la administradora, quien recalcó que sin orden judicial no se podía hacer nada en el conjunto. Lo curioso es que los agentes dejaron un maletín que contenía dinero en efectivo, esposas y unos documentos.

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En la minuta del edificio quedó constancia de la cronología de estas visitas. Por cierto, los policías tuvieron que regresar al conjunto para recoger el maletín olvidado. Es decir, cuatro visitas en tres días. ¿Por qué estos agentes intentaron ingresar a ese conjunto sin los papeles judiciales correspondientes? Aunado a ese episodio, un tercer incidente alarmó al magistrado Reyes y a su familia. Los hechos ocurrieron en junio de 2019. Un familiar del jurista se comunicó con la empresa Claro para reportar que estaba teniendo problemas para ingresar al wifi de su casa.

La llamada fue atendida por una operadora, quien remotamente realizó una serie de operaciones para reiniciar el módem y cambiar las claves del usuario de esa residencia. Lo que alertó a esta funcionaria de Claro es que, a pesar de los cambios que hizo en la red, notó que terceros seguían vulnerando la seguridad del wifi. Tanto así que la operadora le reconoció al familiar del magistrado Reyes que el problema se le salía de las manos y que quienes presuntamente estaban tratando de conectarse a la red sabían más que ella. “Vamos a escalar el tema”, fue lo último que dijo.

El episodio derivó en una denuncia que hoy investiga la Fiscalía. Como cosa curiosa, la operaria que atendió la llamada ya no trabaja con Claro. Pero eso no fue todo. Un cuarto incidente más aconteció el pasado 19 de enero. Ese día, a las 7:45 de la mañana, otro vigilante del conjunto residencial del magistrado les reportó a sus superiores un hecho delicado. Según él, un individuo se le acercó en una bicicleta diciéndole que vendía productos afrodisíacos y buscándole conversación. Enseguida, el desconocido le manifestó que él sabía que en ese conjunto había una plata encaletada.

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El individuo fue más allá y le aseguró al guardia de seguridad que había $3.000 millones en el sótano y que ese dinero era de alguien que está en la cárcel. En ese momento, el sujeto le preguntó al vigilante si no había pensado en tener su propia casa o en cambiar de vida. El hombre de la bicicleta dejó claro que tenía unos cómplices, pues siempre habló de “dejarlos entrar”, según relató el vigilante. El guardia trató de hacerse el desentendido y la conversación terminó así: “¿Se me va a azarar, comando? Bueno, comando, todo bien que no ha pasado nada, usted no sabe nada”.

De inmediato, se extremaron las medidas de seguridad del conjunto, se elevó el reporte a la administradora, se estableció un protocolo para el ingreso de vehículos a la copropiedad, verificando el nombre del conductor y sus pasajeros, y reforzando los turnos nocturnos. Posteriormente, se revisaron los registros fílmicos de las cámaras del conjunto, pero fue imposible identificar al hombre de la bicicleta porque una reja no dejó ver su rostro. En otra cámara revisada, el asunto fue técnico: por un pico de voltaje ese mismo día 19 de enero, la cámara exterior no grabó nada.

El Espectador se comunicó con la Inspección de la Policía para indagar por el nombre de los dos policías que trataron de ingresar sin orden judicial al conjunto del magistrado. La respuesta fue que ninguno tiene investigaciones disciplinarias, aunque aparezcan mencionados en una investigación de la Fiscalía. No obstante, fuentes consultadas señalaron que, debido a ese episodio, los agentes habrían sido trasladados a otra dependencia, pero la Policía no lo confirma. Tampoco se sabe si los dos propietarios de los vehículos sospechosos del incidente con los hombres armados ya fueron llamados a declarar.

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Esta cadena de incidentes tiene inquieto al magistrado César Augusto Reyes Medina. Antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia el jurista y su familia tenían una vida tranquila. Todo cambió a principios de 2019, cuando llegó a la Sala de Instrucción del alto tribunal. Y, más aún, cuando le correspondió el expediente del senador Álvaro Uribe Vélez y todos los reflectores se enfocaron en él. En septiembre pasado, Reyes escuchó en indagatoria al expresidente y, desde entonces, estudia el caso para resolver si plantea en Sala una ponencia para imponerle o no una medida de aseguramiento.

¿Qué es lo que está pasando en el conjunto del magistrado? ¿Son estos hechos una sucesión de coincidencias? La Fiscalía y la Policía tendrán que hallar las respuestas.

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