Este jueves, el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, rechazó “con la mayor vehemencia” los titulares de prensa sobre los supuestos vínculos de la Fuerza Pública con crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos. “Quisiera rechazar los titulares de prensa que se han generado por declaraciones posiblemente del señor procurador general de la Nación”, precisó Villegas en rueda de prensa.
Sin embargo, fue el propio procurador el que, en declaraciones a los medios de comunicación, dijo: “Estamos iniciando las indagaciones para esclarecer si hay agentes de la Fuerza Pública involucrados en los asesinatos los líderes sociales. Hay una cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales”.
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“El prestigio y la trasparencia de nuestra Fuerza Pública, en su relación con las comunidades, con las minorías, con los grupos étnicos y con los territorios, está a prueba de cualquier ejercicio o examen. De manera que hago un llamado, si es a la Procuraduría General de la Nación, pues que sea, y si es mala interpretación de los medios, pues que sea, pero las Fuerzas Armadas de Colombia han dejado atrás todo comportamiento que signifique traicionar su buena relación con el pueblo colombiano”, aseguró el ministro.
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Por otro lado, el ministro igualmente aseguró, en relación con el asesinato de tres funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en la tarde del pasado miércoles, que van 14 capturados y 18 allanamientos. Los detenidos, explicó Villegas, tenían en su poder fusiles, pistolas, revólveres, granadas, explosivos, celulares, radios de comunicaciones de alta tecnología y un computador.
Los funcionarios asesinados son Willington Alexander Montenegro Martínez, abogado de profesión, que se desempeñaba como técnico en explosivos y llevaba 24 años de servicio en la Fiscalía, estaba adscrito al CTI Nariño y tenía 43 años; Yair Alonso Montenegro Galindez, quien llevaba 9 años de servicio y tenía 29 años; y Douglas Dimitry Guerrero Medina, administrador financiero de la Dirección de Crimen Organizado que hacía 14 años prestaba sus servicios a la Fiscalía.
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