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Por quinta vez fue rechazada una solicitud hecha por Seuxis Paucias Hernández, también conocido como Jesús Santrich, para quedar en libertad. Hernández fue recluido en la cárcel La Picota, después de que fuera detenido el 9 de abril de 2018, por su supuesta participación en el envío de drogas a Estados Unidos.
La defensa de Santrich argumentó que la detención era ilegal, porque ya se venció el plazo de 120 días para resolver una solicitud de extradición (hecha por Estados Unidos). También aseguró que violaba el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc, que fijó la garantía de no extradición de exguerrilleros por hechos cometidos durante el conflicto.
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Aun así, el fallo señaló que, como Estados Unidos pidió de manera verbal la extradición del exguerrillero en junio de 2018 (dos meses después de su detención), no se había superado el plazo estipulado por la ley, también recordó que la JEP no ha resuelto la solicitud de extradición y, por último, fijó un plazo de tres días para que se impugne la decisión.
En septiembre de 2018 un juez también rechazó la solicitud de habeas corpus. En esa ocasión, el Juzgado 10 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ratificó que hasta el momento era la Fiscalía quien tenía la competencia para proferir orden de captura y decidir sobre libertad de Hernández Solarte.
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La solicitud de extradición de Santrich se ha convertido en uno de los puntos más complejos para la implementación del acuerdo. Un episodio reciente fue la llamada de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, a la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, para informarle que la carta que envió Colombia a EEUU pidiendo las pruebas con las que se llamó a juicio estaba varada en Panamá. La JEP estaba a la espera del material probatorio para estudiar el caso.
Santrich es investigado por su supuesta participación en el envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, por un valor de US$15 millones de dólares y que se convertirían en unos US$320 millones en el mercado de Nueva York. “Estos hechos constituyen en la Ley Federal Americana el delito de conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos”, señaló el fiscal Martínez en su momento.