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El jueves de la semana un joven de 14 años —cumplidos en diciembre de 2018— fue detenido en Medellín. La detención se dio, debido a que el día anterior, estando cerca de la estación Santa Lucía del Metro, al occidente de la capital antioqueña, habría disparado, por una supuesta retaliación, contra dos personas: Darío Alexis Atehortúa Guzmán (comerciante) y Mateo Cuesta Petro (mensajero de una licorera), quienes fallecieron.
Días después de la detención del menor, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que el menor en cuestión tenía entre sus antecedentes otros diez homicidios. “Llevamos 600 menores capturados en flagrancia, esta es una expresión de descomposición social, de la familia. El menor que capturamos en la noche de ayer que nos decían que llevaba más de 10 homicidios y que estaba empezando a perder las cuentas”, afirmó Martínez el viernes.
La revelación de los antecedentes del joven, que fue detenido con la tarjeta de identidad de 13 años (a esa edad no se puede procesar a un menor que comete algún crimen) y que pertenecería al grupo criminal ‘La Torre’, generó una fuerte discusión sobre la delincuencia en menores de edad. En ese contexto, El Espectador habló con Fernando Sabogal, presidente de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI – Colombia), organización que hace parte de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico).
Sabogal afirmó que lo que se debe buscar es garantizar los derechos de este menor, pues, la finalidad de este es que haya una justicia restaurativa para que el joven pueda reinsertarse en la sociedad. También criticó que se exijan penas más fuertes en situaciones así y consideró que estas exigencias provienen de un “populismo punitivo” y, en ese sentido, añadió que la sociedad no puede “crear monstruos y estigmatizar, por ejemplo, a todos los niños de la comuna 13 de Medellín”.
(Lea aquí: Menores en líos con la justicia: ¿en qué se está fallando?).
¿Qué papel tiene la justicia en casos como el de menor de edad detenido en Medellín por su supuesta participación en varios homicidios?
La justicia debe esclarecer la verdad, realizar las sanciones respectivas y, en este caso, como se trata de un menor de edad, trabajar los principios de la justicia restaurativa. O sea que tendría que buscar la manera de hacer un trabajo restaurativo con el chico para que pueda trabajar con las víctimas, pues ese es el sentido de esta justicia: hacer la reparación y restauración del daño. Todo esto está amparado por el artículo 140 del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
¿La justicia para adolescentes debería ser más estricta, con un enfoque más punitivo que restaurativo?
Eso se llama populismo punitivo. Son hechos que causan mucho dolor y alarma, y que no deberían presentarse. Se reprocha el acto, pero eso no quiere decir que se tengan que tratar con el máximo castigo. El tema de los niños que participan en acciones criminales es común cuando no hay un Estado equitativo, cuando son abandonados en todos los aspectos. El Estado no ha sido eficiente para garantizar sus derechos. El sistema, como está concebido, no permite impunidad y es muy claro que para las personas menores de edad que cometen este tipo de delitos hay sanciones que van hasta 8 años de privación de la libertad, pero debe tener un carácter pedagógico.
¿Cuál debe ser el trabajo preventivo de las autoridades, y de la sociedad, para evitar este tipo de hechos, como el de este menor de Medellín?
El papel fundamental de las autoridades es garantizar los derechos de los niños y de las niñas. Si se cumpliera con el Código de Infancia y Adolescencia tendríamos, si logramos que en lo más local funcione, tendríamos una política pública que garantice los derechos de los menores.
Hay personas que han dicho que él que nunca se va a rehabilitar y eso es mentira. Si el niño tiene oportunidades de encontrar otras posibilidades de recrear la vida (que no ha podido hacerlo) podrá rehabilitarse. Lo fácil para el Estado es encerrar al delincuente, pero las cárceles no solucionan. Además, si vemos las estadísticas, (los homicidios) no llegan ni al 4 % de toda la criminalidad que cometen los adolescentes: no es que estemos llenos de niños sicarios, en realidad, son pocos y es algo que se puede controlar.
¿Qué se debe hacer para evitar que un menor que delinque reincida?
Se tiene que hacer un fuerte trabajo pedagógico, psicosocial. En este caso es bastante difícil, pero no imposible, pues por su edad todavía es maleable, tiene posibilidades de transformación. Es mucho trabajo pedagógico para que entienda qué fue lo que cometió, que comprenda que lo que hizo es indebido, sancionable y que, por eso, debe resarcir a la sociedad en una privación de la libertad. Una persona en Argentina decía que “antes de que llegara el Estado con una cartilla y con un lápiz, me llegó una papeleta de crack y una pistola”. Tenemos que y con procesos pedagógicos, él puede reintegrarse a la sociedad, pues es un niño, no un monstruo, y debe tener la oportunidad para resarcir lo que hizo.
(También: Menor de 13 años sería el responsable de cometer un doble homicidio en Medellín).
¿La estigmatización puede entorpecer el proceso de recuperación del menor?
A través del populismo punitivo, la sociedad se encarga de crear monstruos, de estigmatizar, entonces, por ejemplo, ya todos los niños de la comuna 13 (de Medellín) son sicarios. Se estigmatizan, se persiguen y los que no estaban en esas actividades, igual empiezan a sentir ese rechazo social y empiezan también a pasarse al otro extremo, se vuelven resentidos y le hacen daño a la sociedad, porque no son incluidos en estos espacios.
¿Qué impacto tiene el contexto social en este tipo de situaciones?
Es altísimo el impacto. Los niños generan, en sus procesos de ciudadanía, modelos. Si viven contextos donde, por ejemplo, los padres y las madres son expendedores de sustancias psicoactivas, pues para los niños es normal "jugar" con las bichas (la droga), no lo ven como algo malo: se familiarizan con esas situaciones, con una serie de antivalores (del dinero fácil, de las armas). Son contextos violentos y de pocas oportunidades, donde los niños son influenciados y, obviamente, llegan a ese imaginario de la riqueza, del “héroe”, de la moto, entonces se construyen unos estereotipos.
¿Cómo evitar que un menor de edad sea utilizado en un conflicto?
No hay fórmulas mágicas, pues los contextos son muy particulares: una cosa es la comuna de Medellín y otra, por ejemplo, el área rural de Antioquia. El papel de la sociedad debe ser muy activo, para estar pendiente de la parte educativa. En caso de Defensa de Niñas y Niños Internacional, nuestro actuar es desde la parte de la reincidencia, de la investigación y del seguimiento a presupuestos, para que no se malgasten y que se conviertan en causas de estas situaciones que repudiamos.
¿Cuando un menor de edad comete un delito, también ve vulnerados sus derechos?
Obviamente. El niño pasa a ser utilizado, pierde su libertad, va a tener unos parámetros de maltrato también, será una persona violenta, que arriesga su vida por esta situación. Es una persona que se le ha vulnerado su derecho a la recreación, a ser niño, a la vida, porque está al límite. Se le vulneran todos los derechos a un niño cuando pasa a ser utilizado por un grupo criminal.