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El expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, se pronunció sobre la imputación de cargos que anunció ayer la Fiscalía a Roberto Prieto, quien “habría influido de manera determinante ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III”. Es decir, la adición que aprobó la ANI para que se construyera un puente en Plato (Magdalena). Andrade aseguró que las decisiones de la agencia que dirigía estaban blindadas porque se apoyaban “en conceptos externos y decisiones colegiadas”.
En un comunicado de prensa Andrade, además, declaró: “Mi función como expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) era dialogar con todos los interesados en los proyectos. No puedo responsabilizarme por los delitos que cometan terceros, pues es imposible prejuzgar qué interlocutor es corrupto y quién no”. Añadió que los procesos de decisión de la ANI “estaban blindados en la medida en que se apoyaban en conceptos externos y decisiones colegiadas”.
(En contexto: Roberto Prieto y el problema en que terminó por la Ruta del Sol III)
La decisión del ente investigador de imputar cargos a Prieto deja en evidencia la desconfianza que existe hacia la gestión de Andrade en esta materia, pues cuando se aprobó la adición del puente de Plato para Ruta del Sol III, era él quien estaba a cargo de la ANI. De hecho, por el tema de Prieto, Andrade fue llamado a interrogatorio el pasado 15 de diciembre, el cual se reprogramó para el próximo 22 de enero.
El exdirector de la ANI declaró el año pasado en la Fiscalía que, en una de las nueve reuniones que afirma haber sostenido con Prieto entre 2013 y 2016, éste lo buscó para abordar problemas de la firma italiana Impregilo en la concesión Ruta del Sol III. Ante eso, Andrade reiteró: “Hacer lobby para esta obra era no solo imposible (por el sistema decisorio de la ANI), sino innecesario por la pertinencia y necesidad expresa de la misma”.
Andrade explicó que en esta adición, la cual se realizó en julio de 2015 por un valor de más de $5.780 millones, “con el objetivo de no pedir recursos adicionales a la Nación, se acordó financiar los estudios y diseños con recursos sobrantes del contrato para supervisión aérea, aportados por el propio concesionario”.
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La elaboración de estos estudios y diseños quedaron en manos de Consultores Unidos, empresa de Eduardo Zambrano, que, como él mismo aceptó terminó convirtiéndose en una especie de caja menor de Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios y políticos que, a costa de violar la ley, terminaron comulgando con los intereses de la multinacional.
Por último, Andrade afirmó que “Prieto nunca ejerció presiones indebidas sobre el presidente de la ANI, aunque admitió que sí preguntó por el avance de los trámites relacionados a este otrosí en una reunión el 24 de febrero de 2015, la cual fue puesta en conocimiento de las autoridades”.