Procuraduría cuestiona que la JEP no haya resuelto recurso en caso "Santrich"

Según la Procuraduría, la JEP ha debido tomar una decisión el pasado 23 de agosto. Sin embargo, todavía no saben su respuesta. / Óscar Pérez

Después de casi dos meses de no tener pista alguna del paradero dl exjefe guerrillero Jesús Santrich, en la madrugada del pasado jueves 28 de agosto, el país volvió a verlo. Seguía con sus gafas oscuras, los habituales audífonos en sus oídos y la ya repetida kufiya, la bufanda de quienes apoyan al pueblo palestino. Lo único diferente a su última aparición ante la opinión público es que ayer reapareció empuñando un fusil, como por lo menos guerrilleros más que, bajo la batuta de Iván Márquez, le anunciaron el mundo el regreso a la lucha armada. Con su reaparición, también volvió a ser tema de debate su proceso de extradición a Estados Unidos. 

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Una de las entidades que recordaron este álgido expediente fue la Procuraduría. En un carta que el procurador Hugo Alcides Peñafort le envió a la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el funcionario les recordó a los magistrados de esta sala que todavía está pendiente que resuelvan la apelación que presentó el Ministerio Público a finales de mayo pasado a la decisión de concederle a Santrich la garantía de no extradición. Según el funcionario, el tiempo para responder se venció el pasado 23 de agosto y hasta hoy, el sistema especial de justicia no ha contestado. 

“Esta petición se hace con la única finalidad de que se responsa a la prevalencia del orden constitucional, ya que la incertidumbre y la dilación de proferir esta decisión, pone en riesgo no solo la seguridad jurídica para los trámites de no extradición, sino que a su vez afecta los procedimientos ante los otros competentes de justicia, tanto en la JEP como en la jurisdicción ordinaria”, resaltó el procurador Peñafort en la carta que llegó a la jurisdicción especial, en medio del alboroto por la declaración de Márquez y sus hombres, incluido el propio Santrich, de volver a las armas.

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La Procuraduría presentó la apelación pues para ellos no hay duda alguna de el caso por la extradición del guerrillero es competencia de la Corte Suprema de Justicia, y no de la JEP, pues cree que el supuesto delito de narcotráfico, por el que fue pedido por Estados Unidos, ocurrió después del 1º de diciembre de 2016. Una fecha clave pues todo los hechos ilegales después de esa fecha, que marca la firma del Acuerdo de Paz, tiene que ser investigado por la justicia ordinaria y no por la JEP. El procurador general, Fernando Carrillo, explicó en ese momento que había 10 razones puntuales que motivaron a su entidad a presentar el recurso. 

Carrillo agregó que“esta Procuraduría jamás le ha apostado ni le apostará al fracaso de la JEP (…)  El proceso de paz vale más que episodios individuales como este”. También agregó que en el recurso solicitaron a la Sección de Apelaciones que ordene el traslado de todas las pruebas que tiene la Fiscalía en el caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte. Ninguna de las dos solicitudes, asegura la Procuraduría, han sido resueltas por la JEP, pese a que, según ellos, el plazo ya se les venció. 

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Tres meses después de estas palabras, el procurador se refirió a la situación del país en otro tono. “Hoy se quitaron las máscaras los verdaderos enemigos de la paz. Es tiempo de unidad nacional alrededor de un solo propósito: impedir que la guerra sea el futuro y trabajar por la reconciliación. Señor Márquez: esta no es la Colombia de la Marquetalia del pasado. Hay unas nuevas generaciones que hacen hoy de Colombia un país distinto al suyo, al de Santrich y al del Paisa. Una nueva generación que no le come cuento a quienes le apuestan a la guerra y al pasado. 

Y agregó: “Los cantos de guerra y de muerte de los rearmados, que han traicionado los acuerdos, deben ser respondidos con la mano firme del Estado y la voluntad de la nación por rodear al gobierno nacional, para que continúe en la senda del cumplimiento de lo pactado; y de apoyar a los excombatientes fieles a su palabra (…) Volver a la guerra en nombre de las víctimas es además una bofetada a la inteligencia”.

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El caso de la extradición de Santrich había sido hasta ayer, uno de los casos más críticos de la implementación del Acuerdo de Paz. La Sección de Revisión ordenó el pasado 15 de mayo que se liberara a Santrich, recluido en la cárcel La Picota desde abril de 2018, y le dio la garantía de no extradición, al considerar que no se podía determinar la fecha del delito por el que era pedido en extradición. Dos días después, cuando se iba a materializar su liberación, fue recapturado por agentes del CTI en la entrada de la cárcel La Picota.

Los líos del guerrillero comenzaron en abril del año pasado, cuando la Fiscalía lo capturó en Bogotá por supuesto delitos de narcotráfico investigados por las autoridades de Estados Unidos. Según las pesquisas, Santrich organizó un plan para enviar a territorio estadounidense 10 toneladas de cocaína. Él siempre negó su responsabilidad en los hechos. Después de su recaptura, el 29 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad inmediata pues consideró que ellos debían llevar el caso pues el guerrillero era un congresista y tenía fuero constitucional. 

Fue así como Santrich recuperó su libertad y semanas después, abandonó su esquema de seguridad y desapareció. Hasta ayer. A la espera de que la JEP le responda a la Procuraduría sobre su apelación, los magistrados ya ordenaron las capturas de todos los hombres de Márquez, incluido él mismo.