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De acuerdo con el ministerio de Ambiente, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2010, en Colombia cada década se presenta un incremento de 0,13°C en la temperatura, lo que podría desencadenar en “cambios significativos con efectos adversos y diferenciados para el territorio, que se manifestarían principalmente a finales del siglo XXI”. Atendiendo estadísticas como esta, la Procuraduría hizo un llamado al Gobierno para que cuide el medio ambiente y atienda la lucha contra el cambio climático.
En contexto: Colombia, en un momento decisivo para enfrentar el cambio climático.
La directiva del procurador general Fernando Carrillo va para las gobernaciones departamentales, las alcaldías distritales y municipales, y el Sistema Nacional Ambiental, un órgano de Gobierno cuyo propósito es “definir y orientar las líneas de investigación y estudios ambientales para la planeación territorial de los diversos niveles, regiones y sectores”, de acuerdo con el sitio oficial del ministerio de Ambiente. El órgano de control pide que se cumpla la normativa nacional e internacional para evitar las consecuencias negativas del cambio climático en el país.
El Ministerio Público pidió, en principio, que se respete el articulo 80 de la Constitución, el cual determina que “el Estado (…) deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. Además, recurrió a informes internacionales como el “AR5 Synthesis Report-Climate Change” de 2014, en el que se explica que, actualmente, las emisiones de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia y, además, que el cambio climático ha causado fuertes impactos en los sistemas naturales. De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia genera alrededor del 0,57% del total de la emisión.
“Se requiere el desarrollo e implementación de medidas de manejo para protección y conservación de las coberturas en ecosistemas que revisten condiciones ambientales especiales, teniendo en cuenta los impactos potenciales alto y muy alto a inicios del periodo (2011 a 2040) por reducción de la precipitación que se tendría sobre los bosques de: Boyacá, Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena y Antioquia, junto con la vegetación secundaria, arbustales y herbazales que se ubican en los departamentos de Tolima, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, La Guajira, Antioquia, Huila y Cesar”, agregó la Procuraduría.
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Por otro lado, Fernando Carrillo explicó que Colombia aprobó, mediante la Ley 1855 de 2017, la implementación de los postulados del Acuerdo de París (2015), el cual fue firmado por 197 países y estableció medidas para reducir las emisiones mundiales de efecto invernadero. En noviembre de 2020, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su nación -una de las principales productoras del contaminante- se retiraba del acuerdo, cuyo principal objetivo es evitar que la temperatura del planeta sobrepase los 2°C para el final del siglo XXI.
Colombia atendió los puntos del Acuerdo de París, planteando una serie de estrategias de mitigación que recibieron el nombre de “Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional” (NDC). Durante 2015, en su primer reporte, el país se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y, además, aumentar a esa cifra otro 30% si recibía apoyo internacional. Según el ministerio de Ambiente, en menos de un mes la Nación deberá presentar un informe definitivo, en el cual se dará cara a las acciones tomadas por el Gobierno, impulsadas por la reciente directiva de la Procuraduría.
“Estamos seguros de que la actualización de nuestra NDC será una de las más completas que hayan sido sometidas hasta el momento; producto de un proceso de construcción conjunta, definiendo acciones específicas en materia de mitigación, adaptación y con medios de implementación que serán los catalizadores para lograr nuestros objetivos”, aseguró el ministro de Ambiente, Carlos Correa, en una entrevista con El Espectador en octubre de 2020.
Por último, el procurador Fernando Carrillo explicó que las autoridades gubernamentales deben atender las sentencias proferidas por las diferentes altas cortes, las cuales han decidido proteger los recursos ambientales del país, con el objetivo de que Colombia sea protagonista de buenos resultados en la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, el pasado 1 de diciembre la Corte Suprema de Justicia confirmó que el Parque Nacional Natural Los Nevados es sujeto de derechos, lo que le permitirá al complejo ubicado en el Eje Cafetero gozar el amparo de derechos como la vida, salud y ambiente sano, siempre y cuando la Presidencia elabore y acompañe estrategias de protección.