Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional avalar la ley Zidres

La viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que declare exequible la ley 1776 de 2016 más conocida como la ley Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). Para el Ministerio Público los objetivos presentados cumplen con lo que exige la Constitución Política frente a la garantía de derechos de la población rural y de salubridad alimentaria para todos.

En su intervención se pide dejar en firme los artículos demandados por un grupo de congresistas. “Se vincula a campesinos, mujer rural y pequeños empresarios”, precisó al hacer referencia al hecho que los argumentos presentados en la demanda no tienen validez puesto que la ley avalada por el Congreso de la República fortalece la participación de los campesinos.

Señala que la ley hace que la Nación sea la propietaria de los terrenos baldíos. “Por medio de sus organismos especializados como el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras es el encargado de su administración”. Serán estos los que limiten las zonas de reserva campesina y de desarrollo empresarial. (Ver “La ley Zidres es totalmente complementaria de lo pactado en La Habana”: ministro Juan Fernando Cristo)

“La Constitución contempla que la dirección general de la economía está a cargo del Estado y que la producción de alimentos gozará de especial protección por parte del mismo. Lo que explica el otorgamiento de calificación a las Zidres como de ‘interés social y utilidad pública’ dada su importancia”, precisó Castañeda en su intervención en la audiencia pública. 

En su concepto las Zidres protegen los derechos de los campesinos al exigir la afiliación del pequeño y mediano productor en los proyectos de entrega de baldíos. “Son de utilidad pública e interés social excepto para efectos de expropiación. Esta disposición garantiza los derechos de los propietarios de predios afectados por la declaratoria de Zidres”.