Promotores colombianos del lujoso proyecto Quarzo Bal Harbour en Miami irían a juicio

En 2018, la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Florida le encargó una tarea al abogado Drew Dillworth: establecer si los colombianos Carlos Mahecha Díaz; su esposa, Anastasia Casas Matiz, y sus hijos Felipe y Camilo Mahecha Casas, prestantes miembros de la sociedad bogotana, dieron o no malos manejos a los US$45 millones que recibieron para capitalizar su proyecto de renovar el hotel Quarzo Bal Harbour. Y la respuesta, según Dillworth, es que sí. En un documento de 115 páginas, radicado el pasado 14 de febrero y elaborado con el apoyo de una firma especializada en negocios, Dillworth pidió a la Corte que los Mahecha Casas vayan a juicio por 18 cargos.

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Hace diez años, esta era una iniciativa inmobiliaria (ubicada en el distrito más lujoso de Miami) apetecida por la élite colombiana. Ahora, Quarzo Bal Harbour representa un enorme lío judicial. Dillworth y el bufete que lo apoyó se sumergieron en los datos de tres sociedades (Bal Harbour Quarzo LLC, Synergy Capital Group LLC y Synergy Investments Group LLC), para encontrar que Mahecha y su familia habrían actuado de manera irresponsable con los fondos de cientos de inversionistas que creyeron en su hotel boutique.

Este surgió en 2007, cuando los Mahecha Casas y su socio Juan Arcila, todos a cargo de las sociedades intervenidas, compraron dos edificios y unidades de un pequeño hotel, con el propósito de convertirlo en un solo y exclusivo hotel boutique. La inversión inicial fue de US$22 millones, de los cuales US$15 millones salieron del Amerant Bank, y el resto de los inversionistas, cuyo dinero ingresó a las cuentas de la empresa bajo la figura de préstamo. Fueron más de 160. Bal Harbour Quarzo LLC se declaró en bancarrota en febrero de 2018, pero debió haberlo hecho mucho antes, concluyó Dillworth. Hoy, las pretensiones de los procesos en EE. UU. son por más de US$60 millones.

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En el documento se lee que Anastasia Casas Matiz hace parte de una familia adinerada y prominente en Colombia, y que ella usó esa referencia para convencer a gente de que su dinero iba a estar en buenas manos. El proyecto ofreció rendimientos anuales del 10 % al 18 %. Casas y su esposo, quien también estaba bien ubicado social y económicamente en el país (integró, por ejemplo, la junta directiva de una de las mejores clínicas de Bogotá hasta el 2019), convencieron incluso a personas cercanas. La propia Anastasia Casas puso de su dinero. Y ese fue el talón de Aquiles del negocio, según lo evidenció un correo de marzo de 2017.

El autor del mensaje era su hijo Felipe y los destinatarios, el asesor legal de la empresa y un especialista en asuntos de bancarrota. El documento no dice cuánto, pero sí que los Mahecha Casas aportaron recursos a través de dos compañías: Imac Inversiones (colombiana) y Dmac (panameña). En Panamá, los Mahecha Casas también tienen las sociedades Imac Investments Inc., Inversiones Terra Capital Group e Inversiones Carelmah S.A. Los negocios, en resumen, hacían parte de su cotidianidad, hasta que se estrellaron con Quarzo Bal Harbour. Felipe Mahecha Casas preguntó a los asesores si, al declararse en quiebra, había “algún chance” de recuperar la inversión de su madre. La respuesta fue tajante: no.

Por esa época las deudas ya los sofocaban, pues Quarzo Bal Harbour no había rendido los frutos esperados y algunos inversionistas habían empezado a tomar acciones legales, por lo que declararse en quiebra era una opción. Hacerlo, asegura el abogado Drew Dillworth hoy, les habría dado oxígeno y la oportunidad de vender la propiedad al mejor valor. Pero los Mahecha Casas se negaron hasta el último minuto a recorrer este camino. Por eso, Dillworth señaló a la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Florida que ellos fueron desleales con los intereses de la empresa y que tenían tanto un deber fiduciario como de lealtad que infringieron al dar prioridad a sus intereses personales.

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Los Mahecha Casas habrían recurrido a más de una estrategia para esquivar embargos. Entre esas, transferir plata de las cuentas corporativas a otras y así lo reveló Juan Arcila, socio de Mahecha, en 2018 durante un interrogatorio. Le preguntaron si en alguna oportunidad él o Carlos Elías Mahecha Díaz se preocuparon porque los recursos legales de los inversionistas terminaran en un embargo de sus cuentas bancarias, a lo que respondió “cien por ciento”. Le preguntaron si se sacó dinero de las cuentas de la compañía para que no fuera confiscado, Arcila dijo: “Sí”. Le preguntaron si el propósito era retrasar el esfuerzo de los acreedores por recuperar su dinero, él contestó: “Correcto”.

El punto de quiebre para el proyecto Quarzo Bal Harbour se dio en febrero de 2017, cuando el inversionista Fabio Posada Velásquez, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque, consiguió un embargo y que se reconociera que Mahecha y compañía le debían US$455.338. El embargo aplicaba a una propiedad personal (no dice de quién), y la empresa alegó que ese bien era de Synergy Capital, también manejada por Mahecha Díaz. Se fingió una compraventa para respaldar lo dicho, pero de nada sirvió y Posada Velásquez logró que la propiedad quedara bajo la figura de sheriff’s sale, una especie de remate en la cual el dinero recogido se usa para liquidar las acreencias.

Para evitar perder el bien, Bal Harbour Quarzo LLC se sentó a negociar con el exdecano Posada. Su verdadera intención, se lee en el documento, era ganar tiempo para resolver otra demanda y tratar de llegar a un acuerdo con una firma prestamista llamada Madison Realty Capital, el cual se diluyó por las obligaciones con acreedores. Al darse cuenta de que, de todas maneras, tenían que responderle a Posada, los Mahecha Casas resultaron en negociaciones con Beach Haus y, desde ahí, todo rodó cuesta abajo. Beach Haus les prestó US$1 millón para resolver el lío con el exdecano, y si el dinero más intereses no volvía en noventa días, ellos podrían ejercer opción de compra.

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El problema fue en cuánto se tasó el hotel: a pesar de que en febrero de ese año fue avaluado en US$40 millones, Beach Haus podría comprarlo por la mitad. Según el abogado Dillworth, Quarzo Bal Harbour quedó a merced de Beach Haus con un contrato leonino. Los Mahecha Casas, reprocha hoy el abogado, habrían podido acudir a un agente inmobiliario especializado y vender el hotel a quien ofreciera más, pero, en cambio, lo negociaron a un precio bajísimo, solo a cambio del préstamo de US$1 millón y de que Carlos Elías Mahecha ya no figurara como fiador ante el Amerant Bank. Cuando se hizo evidente que la deuda no sería cubierta, empezaron a discutir un contrato de joint venture.

En septiembre de 2017 se cerró el negocio y, casi de inmediato, Bal Harbour Quarzo LLC empezó a preparar cartas con el fin de calmar a los inversores y evitar más demandas. En las cartas, enviadas en octubre de ese año, no se mencionaba que, por ejemplo, Drew Dillworth fue nombrado administrador judicial (una especie de interventor), que había decenas de demandas andando en su contra ni que se había descartado la posibilidad de declararse en bancarrota. En cambio, se contaba que el proyecto había sufrido retrasos debido a circunstancias fuera del alcance de sus manos, como que no les renovaron los permisos de construcción y que los bancos se retiraron por la misma razón.

Por último, el abogado Dillworth documentó ante la Corte que los Mahecha Casas habrían tomado recursos de los inversionistas para ellos mismos. Entre febrero de 2011 y febrero de 2018, los esposos habrían recibido casi US$2 millones; con ese dinero habrían cubierto incluso gastos de su apartamento en Williams Island (que vendieron el pasado 23 de diciembre) y de sus carros. Felipe y Camilo Mahecha Casas habrían recibido más de US$260.000. No ha habido reintegros y, lo peor (resaltó Drillworth), es que las transferencias se hicieron cuando la insolvencia de la compañía ya era palpable. Por todos estos motivos, Dillworth recomendó llevarlos a juicio.

Nota del editor: Este artículo fue modificado para eliminar el nombre de uno solo de los inversionistas que aparecía mencionado y estaba teniendo inconvenientes con su seguridad.